La semana que pasó dejó en Venado Tuerto una postal que vale la pena analizar en conjunto: un Concejo Municipal que sube su temperatura pero baja la calidad de su debate, y un caso judicial que conmocionó a la ciudad y evidenció las tensiones entre poderes que deberían funcionar de manera independiente. Dos síntomas distintos de un mismo problema: las instituciones locales todavía tienen una deuda pendiente con la democracia.
Para ser coherente con lo que venimos sosteniendo en este espacio, desde hace tiempo reclamamos una mayor participación de la oposición en el debate público local. En ese esquema, el Concejo Municipal, con todas sus limitaciones, debería ser el ámbito natural donde esa discusión se despliegue con volumen político y densidad argumentativa. Siempre fue así: la tribuna que ofrece el Legislativo es el terreno ideal para manifestarse.
Un Concejo con más volumen, pero menos contenido
Y para ser también justos con nuestra prédica, el nuevo Concejo de Venado Tuerto parece haberse despertado y comenzó a tener mayor protagonismo. Claro que dicho protagonismo está muy lejos de lo que pregonamos. La oposición parece empecinada en mostrarse como tal rechazando los proyectos -cualquiera sea- y/o atacando al oficialismo, en el caso concreto de La Libertad Avanza (LLA). Porque lo que se observa, al menos hasta ahora, no es una oposición que construya alternativas, sino una que parece definirse casi exclusivamente por el rechazo sistemático y la confrontación.
En ese sentido, el ingreso de LLA, lejos de contribuir a una polifonía de voces, parece más dispuesto a polemizar y a utilizar las redes sociales para intentar manipular a la opinión pública. Más que discutir políticas públicas, el eje se corre hacia la disputa discursiva.
El peor ejemplo al respecto se vivió con la votación del Presupuesto 2026, ocurrida durante la semana que pasó, donde los tres ediles de la oposición -dos de Ciudad Futura (CF) y uno de LLA- votaron en contra. Aunque ambos bloques esgrimieron argumentos diferentes, el concejal Santiago Meardi aprovechó para facturarles por igual, remarcando que “los kirchneristas (por CF) y los libertarios conforman en Venado Tuerto una alianza rara y única en el país“. De todos modos, el oficialismo hizo valer su mayoría para cerrar el debate casi sin concesiones.
Como sea, no hay dudas de que la llegada de LLA al recinto, por ahora, sirvió más para caldear el clima que para enriquecer el debate. Hasta el momento, desde esa agrupación solo salieron chicanas y publicaciones en redes sociales atacando a todo aquel que piense diferente, emulando la costumbre del partido a nivel nacional. Así, dentro del edificio de Vías y Obras se respira un clima pocas veces visto, donde cualquier chispa puede derivar en un escándalo. Los colegas que asisten asiduamente al lugar expresan su sorpresa ante la pérdida del respeto entre los distintos bloques. Es difícil recordar un griterío entre secretarios como el que ocurrió hace pocos días, como también lo es que un empleado de un bloque pida a los gritos participar en el debate de una sesión.
Quienes llevamos más años en el periodismo hemos presenciado duras discusiones entre los distintos bloques, sobre todo en los albores de la democracia y a principios de los 2000, pero nunca se traspasó un límite como el que parece comenzar a ocurrir ahora. Y lo más llamativo es que no se discute por temas trascendentes para la ciudad, sino simplemente por publicaciones en redes sociales o cuestiones similares.
En el debate por el Presupuesto hubo de todo. Por supuesto, el oficialismo abusa de su mayoría para cerrar cualquier tipo de disidencia. Pero lo llamativo de la oposición es que no se cuestionó ningún punto trascendental para el futuro de los venadenses. No se reprocharon las partidas atribuidas a algún rubro específico, sino que se apeló a generalidades. Tampoco se reclamó la creación de una partida nueva. Aunque CF hizo eje en el ajuste sobre los trabajadores: Florencia Giacometti destacó que “en 2024 se destinaba a sueldos alrededor del 60%, el año pasado bajó al 54% y este año estamos en un 45% del total del Presupuesto”. A la vez, con acierto, señaló que el proyecto se presentó tarde y cuando ya se había ejecutado más del 30%.
Pero la discusión más fuerte giró en torno a un error -que no debería haber ocurrido- en la planilla de Excel presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico. A pesar de que los representantes municipales reconocieron el error y lo enmendaron en un nuevo Presupuesto llevado al recinto, desde LLA salieron con los tapones de punta a criticar la situación. Sin embargo, fueron demasiado lejos al tildar en las redes sociales al titular de la cartera, Luis Viskovic, de falto de idoneidad. Una adjetivación extrema para un funcionario que, más allá de ser el responsable de un claro error, propios y extraños califican como un profesional capacitado, que logró ordenar las cuentas de un Municipio que acumulaba años en rojo. De hecho, hay amplio consenso en que el área fuerte de la gestión de Leonel Chiarella es la que encabeza Viskovic y que tiene como ladero y guardián de las finanzas al subsecretario Bernardo De Diego.
Las huellas en el discurso de Chiarella
Pero el clima institucional de la semana no se agotó dentro del recinto. El mismo Concejo que discute por publicaciones en redes sociales fue también escenario de otro episodio que, en este caso, sí toca un tema trascendente para la ciudad: el avance de la causa que investiga los vínculos entre el narcotráfico y el lavado de dinero y la posible vinculación de una reconocida agencia de cambios local. Y aquí, curiosamente, el protagonismo le correspondió no a los ediles sino al intendente Chiarella, cuyas palabras en la apertura de sesiones del 4 de marzo adquirieron un peso imprevisto a la luz de los hechos posteriores.
Fue en ese discurso donde el mandatario destacó: “Hoy tenemos delincuentes presos, búnkeres derribados y bandas desarticuladas como la del Wacho Maxi, demostrando que con compromiso y trabajo articulado los resultados llegan. Vamos contra los que venden droga en cada barrio, contra los peces gordos que se enriquecen y contra los delincuentes de guante blanco que están detrás de estas estructuras“. Más allá de la escasa consideración por la división de poderes que se desprende de esas palabras, el mandatario sorprendió al señalar que el problema del narcotráfico no se agotaba en perseguir a las bandas que venden drogas en la ciudad -como venía insistiendo en anteriores discursos de apertura, exhibiendo fotos de sus líderes- sino que incluyó a los llamados delincuentes de “guante blanco“. En ese sentido, no parece casualidad que nombrara entre los varios líderes de bandas que azotan la ciudad al conocido como “Wacho Maxi”, es decir, Maximiliano Ezequiel Ríos, actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero.
Mientras tanto, pocos días antes (el 25 de febrero), en los tribunales de Venado Tuerto, el juez Leandro Martín había resuelto dictar la prisión preventiva ordinaria para Ana María del Valle Díaz y Rodrigo Ríos, madre y hermano respectivamente del mencionado “Wacho Maxi”, en el marco de la investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 que impulsa el fiscal Iván Raposo. En esa investigación surgió que ambos imputados ejecutaban diferentes maniobras ilícitas bajo directivas de su familiar desde el lugar de detención. Además, entre otros detalles, aparecen chats con una persona que menciona representar a una agencia de cambios, que podría estar vinculada al intercambio de divisas provenientes de la comercialización de drogas. En la hipótesis del fiscal, los dos imputados recurrían a esa agencia para convertir pesos en dólares y facilitar así el futuro lavado de ese dinero.
Lo cierto es que las palabras de Chiarella resonaron con más fuerza aún cuando, un par de días después, trascendió que a último momento se había suspendido un allanamiento solicitado por el fiscal Raposo contra la agencia de cambios mencionada en aquella audiencia judicial. Al respecto, en nuestra columna del 8 de marzo señalamos que la explicación oficial atribuía la suspensión a una aparente superposición de poderes: desde la Fiscalía Federal aducían que el caso correspondía a su órbita y que llevaban adelante una investigación más amplia. Y cerrábamos diciendo: “En los próximos días se sabrá si esa fue realmente la razón de la suspensión o si existen otros factores detrás de la decisión“.
La cronología de los hechos continuó el 19 de marzo, cuando el intendente se reunió (encuentro que no trascendió públicamente) con varios funcionarios judiciales, entre ellos: el fiscal federal Federico Reynares Solari, el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General de Santa Fe, Franco Carbone; el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el titular de la fiscalía regional, Mauricio Clavero, y el fiscal Iván Raposo.
Posteriormente, el lunes 30 de marzo se llevó a cabo el megaoperativo conjunto entre ambas fiscalías, con 20 allanamientos en total (16 ordenados por la Justicia Federal y cuatro por la Provincial). Solo en uno coincidieron las dos: el procedimiento realizado en la agencia de cambios, donde se detuvo a E. A. (47 años). La fiscalía provincial, por su parte, detuvo a J. K. (72 años), con vínculos familiares con E. A., tras un procedimiento en una vivienda del microcentro.
Superposición de poderes y señales de alerta
La secuencia completa permite leer algo más profundo que episodios aislados. Detrás de esto aparece una clara confusión sobre la responsabilidad de cada uno de los poderes.
Mientras tanto, ambas situaciones relatadas líneas atrás no son planos desconectados. En ambos casos aparece una misma dificultad: la fragilidad de las reglas de juego. Cuando el debate político se degrada y no se respeta la división de poderes establecida en nuestra Carta Magna, lo que se resiente es la calidad de nuestro sistema democrático.
Y en ese punto, la referencia a nivel nacional con lo que ocurre en escenarios como Comodoro Py deja de ser una comparación lejana para convertirse en una advertencia incómoda.