El expresidente Mauricio Macri reapareció en la semana que pasó intentando revivir las cenizas de lo que queda del PRO. Macri además de encabezar un acto partidario el último jueves, en el que marcó su estrategia de cara a lo que viene en la Argentina, se reunió antes con Milei, lo que significó un encuentro de alto voltaje político. Pero, más allá de que el objetivo principal del exmandatario (esto es, revivir un PRO que él mismo se encargó previamente de dinamitar) parece difícil de concretar, dejó algunos conceptos políticos para rescatar. Uno de ellos fue su posicionamiento sobre la postulación del controvertido y polémico juez Ariel Lijo a la Corte Suprema.
Así, en una entrevista televisiva llevada a cabo tras el acto en la señal de TN, tildó tal postulación como un error de Javier Milei. En ese sentido, expresó que “lo más importante a restablecer en la Argentina, que es la fuerza que dinamiza un país al progreso, es la confianza (…). “Y la macroeconomía estable, sin inflación y sin déficit fiscal, es una pata, pero la pata más importante es la Justicia”.
De esta manera, más allá de las claras contradicciones y de los objetivos encubiertos del expresidente, reflotó un concepto que parece quedar cada vez más en el olvido de nuestros dirigentes, subsumidos en los debates económicos, que es el de la institucionalidad. La institucionalidad es un tema recurrente y esencial para entender las dinámicas de poder y gobernanza en países de democracias débiles como las nuestras.
De hecho, uno de los politólogos argentino más prestigiosos de la historia reciente, Guillermo O’Donnell, insistió en los 90 en la importancia de las instituciones como pilares fundamentales de la democracia y el futuro desarrollo.
En su análisis, O’Donnell diferencia entre la “institucionalidad formal” y la “institucionalidad efectiva“. La primera se refiere a las leyes y reglas escritas que deberían regir el comportamiento político, mientras que la segunda se centra en cómo estas normas son realmente aplicadas y respetadas en la práctica. Esta distinción es crucial para entender las disparidades entre la teoría y la práctica en muchos países latinoamericanos.
De este modo, uno de los principales problemas que O’Donnell identificó en la región es la existencia de una “democracia delegativa“. En este tipo de democracia, los líderes electos tienden a concentrar el poder, socavando las instituciones que deberían equilibrar y limitar su autoridad.
La falta de una institucionalidad no solo erosiona la confianza pública en el sistema político, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y social.
Así sostiene que la construcción de instituciones efectivas y legítimas es esencial para consolidar la democracia y promover un desarrollo sostenible en la región. Es decir, la institucionalidad está intrínsecamente relacionada al progreso económico de un país. No todo se trata de bajar la inflación.
Los desafíos institucionales en Santa Fe
Claramente, el discurso triunfante hoy considera a la institucionalidad un tema menor en un contexto de la profunda crisis en la cual estamos inmersos. La misma ciudadanía prioriza en lo nacional el reclamo por lograr cierta estabilidad económica sobre cualquier otro.
Asimismo, en Santa Fe, el fenómeno Rosario provoca que la población haga eje en el tema seguridad como el prioritario dejando otros debates fuera de agenda.
Pero, mientras tanto, el actual gobierno provincial comandado por el vecino oriundo de Hughes, Maximiliano Pullaro, se encamina a encarar dos grandes deudas que tiene la democracia santafesina, esto es la reforma de su Constitución y el recambio de la Corte Suprema de Justicia.
Del primer tema ya hablamos en anterior nota de opinión difundida el 7 de julio pasado, en la que recordamos que la actual carta magna provincial data de 1962. Además de lo anacrónico de dicha situación, es ineludible ponerla a tono con la Constitución Nacional. Y cerramos diciendo: “La calidad institucional está en juego. Hay leyes, derechos y reclamos que merecen atenderse”.
De la misma manera, la renovación de la anquilosada Corte Suprema de Justicia es un desafío que está a la altura del anterior. Vale recordar que el actual máximo organismo judicial tiene a cinco de sus seis integrantes con más de 75 años, límite que dispone la Constitución Nacional. Ahora sí, Pullaro ya lo decidió, quiere renovar el actual elenco y darles salida a los que superaron la edad.
Sólo, Daniel Erbetta con 70 años está por debajo del límite de 75. Mario Netri, Eduardo Spuller, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi superan dicha edad. Por ahora, el único que confirmó su renuncia a partir del 1° de noviembre es Netri. Los demás, están aferrados a sus sillones.
A la vez, todos sus nombramientos tuvieron diferentes padrinos políticos. Falistocco fue funcionario en los gobiernos de José María Vernet y Víctor Reviglio. De la mano de Carlos Alberto Reutemann ingresaron: Gastaldi, la única mujer de la Corte, fue funcionaria y diputada provincial con él; Gutiérrez, era primo de su exmujer María Noemí Claudia “Mimicha” Bobbio; Spuler, era su abogado personal; Netri, aunque era radical, ingresó por el pacto que el excorredor de fórmula 1 tejió con Horacio Usandizaga. Finalmente, Erbetta, de origen radical, fue designado en 2007 por el exgobernador peronista Jorge Obeid.
No hay dudas que renovar el tribunal es necesario y también hace a una mejor calidad institucional de la provincia. Aunque, dicho objetivo puede verse empañado si finalmente el actual gobernador define utilizar su enorme poder (tiene mayoría absoluta en las dos cámaras) para reemplazar los actuales cortesanos por otros que respondan a su línea política.
En ese sentido, una reciente definición del Ejecutivo provincial provocó inquietud y controversia en los pasillos jurídicos, se trata de la elevación de los tres pliegos para ocupar los cargos de jueces en la recientemente creada Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Es que el gobierno eligió los nombres sin tener en cuenta el orden de mérito definido por el Cuerpo Evaluador, luego de la prueba de oposición y la ponderación de los antecedentes, las entrevistas personales y los exámenes psicotécnicos de los postulantes.
De paso, vale la pena destacar que uno de los nombres elevados para ocupar el cargo es el del actual fiscal venadense, Horacio Puyrredón. Es que, de concretarse su asunción como integrante de la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, esto significará un problema adicional para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Venado Tuerto. Con Matías Merlo, el fiscal regional, ejerciendo la intervención de la Regional Rosario, Puyrredón es quien lo reemplaza por acá. Su nombramiento como juez reduciría aún más el ya limitado personal del Ministerio Público de la Acusación en Venado Tuerto, dejando solo a tres fiscales y tres fiscales adjuntas para manejar todas las investigaciones. Esta situación podría comprometer la eficacia y eficiencia del MPA local y regional, sobrecargando a los fiscales restantes y potencialmente afectando la calidad de las investigaciones y la justicia que se imparte.
Como sea, volviendo al eje de lo que planteamos, por una mejor y mayor institucionalidad, Santa Fe necesita llevar a cabo los procesos de reforma de la Constitución y de recambio de la Corte. Aunque, es imperativo remarcar que también es necesario no tener un caso “Ariel Lijo” que culmine opacando lo que aparece como una oportunidad histórica.