Los jubilados y los docentes son dos de los sectores más sensibles para la población argentina. La historia demuestra que la ciudadanía ha soportado diversos ajustes, la mayoría de los gobiernos los han implementado en distinta medida (aunque el de Milei se jacta de haber realizado el más grande de la historia). Sin embargo, la resistencia emergió con mayor fuerza desde dos sectores clave: los jubilados y los docentes. Existe una percepción clara y justificada de que ambos actores fueron los más perjudicados por las políticas de distintos gobiernos. Por ello, es un error inconmensurable que las administraciones nacionales y provinciales implementen medidas que los afecten.
En el caso de los docentes, la confusión empieza cuando los mandatarios creen que están confrontando únicamente con los gremios, sin darse cuenta que también lo hacen con los maestros y, en última instancia, con los estudiantes.
Las decisiones de Milei
Las decisiones del gobierno nacional desde el inicio han perjudicado tanto a los maestros como a los jubilados. Milei comenzó suspendiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un complemento económico que el Ejecutivo Nacional destinaba a las provincias para mejorar los salarios de maestros y profesores. Este aporte salarial estuvo vigente desde 1998 hasta enero de 2024 y fue renovado por todos los gobiernos anteriores. Su implementación se remonta al mandato de Carlos Menem (PJ) tras una protesta conocida como la “Carpa blanca docente“, que duró 1,003 días y surgió para compensar a las provincias posterior a la decisión del gobierno nacional de transferirles las escuelas que dependían del Ministerio de Educación de la Nación. Además, era una ley aprobada por la Legislatura, que establecía una alícuota a todo tipo de vehículo de lujo (autos de alta gama, embarcaciones, aviones y helicópteros) del cual el 1% iba destinado a componer el Fonid. Para tener una idea de su impacto, representaba cerca del 10% (en algunas jurisdicciones alcanzaba hasta el 20%) del sueldo de todos los docentes del país.
A la vez, los recortes en el presupuesto educativo impactan principalmente en las universidades, donde la situación es crítica. Los fondos nacionales llegan en cuentagotas, y el mantenimiento de la mayoría de las instituciones de educación superior pende de un hilo.
El ajuste a las universidades nacionales públicas podría profundizarse en 2025, tras el anuncio al veto a la Ley de Financiamiento Universitario anticipado por Javier Milei. El oficialismo asignó a las casas de altos estudios casi la mitad de los recursos que solicitaron, según se desprende del proyecto de Presupuesto del año que viene. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avisaron que necesitan para funcionar $7,2 billones, y el gobierno les asignó s$3,8 billones. “Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables”, advirtieron.
Los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores cercana al 75% desde diciembre pasado. La CONADU, la federación de docentes universitarios más importante del país, convocó a un paro nacional para el jueves 25 y viernes 26 de septiembre, además de una Marcha Nacional Universitaria el 2 de octubre. Un antecedente cercano es la marcha federal universitaria del 23 de abril pasado, que representó el primer gran golpe a la popularidad del nuevo gobierno.
El veto al presupuesto educativo sellaría otro golpe significativo para el Gobierno, especialmente considerando que la educación sigue siendo vista por muchos como una vía crucial para la movilidad social.
Por otra parte, tomar medidas contra los adultos mayores también se traduce en un grave error político. El déficit cero o el superávit fiscal no justifican el atropello a un sector de la población que ha sufrido una constante pérdida de su poder adquisitivo durante las últimas décadas. El veto a los aumentos jubilatorios, la represión en el Congreso, y la lamentable escena del gas pimienta contra una niña, seguida por un asado en la residencia presidencial, son marcas indelebles que dejarán una huella negativa en la gestión de Milei.
En la memoria de los argentinos todavía persiste la imagen de Norma Pla, la jubilada que peleó contra las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem. Su lucha conmovió al país, arrancando lágrimas incluso al entonces superministro de Economía, Domingo Cavallo.
Más cerca en el tiempo, Mauricio Macri ganó las elecciones en 2017 y unos meses después mandó la reforma previsional que establecía una nueva fórmula de movilidad a la Legislatura. La jornada del 14 de diciembre del 2017 fue un caos, los piedrazos al congreso y la posterior represión, fue el inició de la caída de un Macri que nunca logró reponerse.
Ajustar a nuestros viejos, el sector más vulnerable de la población, siempre es una mala idea que conmueve la sensibilidad de la mayoría de los argentinos. Al fin y al cabo, casi todos tenemos en nuestro entorno a un adulto mayor que sufre las consecuencias de estas políticas.
Alerta para Pullaro
El caso del gobierno nacional debería servir como advertencia para Maximiliano Pullaro, quien asumió la gobernación de Santa Fe con un respaldo electoral inédito en la historia reciente de la provincia. Este fuerte apoyo le permitió embarcarse en batallas políticas pendientes, como la reforma de la Constitución y el recambio de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, también tomó decisiones que generaron conflictos con los sectores docentes y jubilados, especialmente con los futuros jubilados. Los mismos que son claramente perjudicados por las medidas nacionales.
Las tensiones con los docentes comenzaron desde el inicio de la gestión, con la negociación salarial. En un contexto complicado, la provincia sufre tanto por las políticas económicas del gobierno nacional como por la falta de envío de fondos desde la Casa Rosada. Además, Pullaro implementó el programa “Asistencia Perfecta“, que intenta reducir el índice de ausentismo en los trabajadores de la educación, pero que los gremios consideran una vuelta al nocivo “Presentismo” de los años 90. “El objetivo final es penalizar a los docentes que quieren hacer huelga o cualquier forma de protesta colectiva”, denunció Javier Delgado, titular de la Delegación General López de Amsafe.
También los docentes se sienten perjudicados por la reciente polémica aprobación de la reforma previsional. “La sensación que impera en los pasillos de las escuelas es principalmente de una profunda tristeza”, nos confesó una maestra. Y nos agregó que la mayoría de sus compañeros, espantados por el fallido gobierno de Perotti, votaron masivamente por Pullaro en la última elección, especulando que este iba a ser un continuador de las políticas implementadas por los gobiernos del Frente Progresistas.
Claro que, contrastando con Milei, el gobierno provincial tiene claroscuros, porque a la par de estas decisiones a partir del ambicioso programa 1000 Aulas, puso en ejecución las primeras 250 aulas previstas para el año 2024. En ese marco, el jueves último el titular de la cartera educativa, José Goity, firmó convenios para la construcción de 47 aulas en 45 localidades de la provincia, de las cuales 25 serán para Venado Tuerto. También, por acá el gobierno provincial definió hacerse cargo de la terminación del edificio propio de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°238 “Dr. Ricardo Torres Blanco”. Proyecto que fue iniciado con financiamiento del gobierno nacional en el 2004 y que estaba paralizado.
Mientras tanto, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, posterior a la desprolija aprobación de la reforma previsional, emergió en Santa Fe una nueva e impensada líder de la oposición, la mediática Amalia Granata. La diputada provincial de Somos Vida, copó el espacio opositor en la discusión, imponiéndose con su impostado histrionismo, adquirido en sus habituales participaciones previas en paneles televisivos, a los bloques peronista y de centroizquierda.
Además, no se quedó solo en eso y decidida en aprovechar sus cinco minutos de fama política (la otra ya la tiene) en los días posteriores se presentó en los Tribunales, donde fue aplaudida por los empleados, para judicializar la reforma. De paso, los trabajadores judiciales es el otro sector que se siente perjudicado por las diversas medidas del gobierno provincial. No solo le achacan las consecuencias de la reforma previsional, sino también un cierto maltrato de un gobernador que los acusa de ineficientes y de malgastadores. En paralelo reclaman que se cubran los cuantiosos cargos vacantes.
Volviendo a los que decíamos al principio, los jubilados y los docentes son sectores particularmente sensibles para la sociedad argentina. La historia demuestra que los gobiernos que toman medidas en su contra, tarde o temprano, pierden apoyo popular. Mientras tanto, por el bien de nuestra democracia es necesario que la oposición construya una alternativa seria y confiable para poder capitalizar el descontento social.