Los grandes debates nacionales muchas veces parecen lejanos hasta que los números aterrizan en el territorio propio. Y en General López esos números obligan a prestar atención.
El departamento, que forma parte del corazón productivo de la denominada zona núcleo del país y cuya principal ciudad es Venado Tuerto, cuenta con una superficie rural de 1.123.420 hectáreas. De ellas, según datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, en agosto del 2025 (último relevamiento) existían 39.320 hectáreas rurales en manos extranjeras. Es decir, el 3,5%, un porcentaje que puede sonar modesto hasta que se lo mide en números absolutos. Pero General López ocupa, a nivel provincial, el tercer lugar en cantidad absoluta de hectáreas rurales en manos extranjeras, apenas detrás de Garay (61.629 hectáreas) y de 9 de Julio (42.815). Para tener una vara de comparación cercana, alcanza con mirar a los departamentos núcleo vecinos: Caseros tiene el 0,11% de su tierra en manos de extranjeros, Rosario el 0,13%, Constitución el 0,60% y Belgrano el 1,54%. Nuestro departamento, con su 3,5%, multiplica varias veces esos guarismos.
El dato está lejos de ser un simple ejercicio estadístico. Sirve para entender qué es lo que realmente está en juego con el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que el Gobierno nacional negocia en el Congreso con sus aliados de la UCR (aunque el presidente del partido, el venadense Leonel Chiarella, haya manifestado su oposición al proyecto), el PRO y bancadas provinciales.
La iniciativa, redactada por el rufinense Federico Sturzenegger, y negociada por la senadora Patricia Bullrich, apunta a derogar de hecho la Ley 26.737 de Tierras Rurales vigente desde 2011, que hoy limita al 15% la superficie que puede quedar en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal. Si el proyecto avanza, ese techo desaparece. También caen la restricción a la compra de tierras ribereñas y de frontera, el límite de 1.000 hectáreas en zonas de alto valor estratégico (como la propia zona núcleo agropecuaria) y hasta el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el organismo que hoy obliga a Nación y provincias a coordinar una política común.
Dicho de otro modo: el Gobierno que hizo de la libertad económica y de la defensa de la propiedad privada una de sus principales banderas está dispuesto a que el país entero se convierta en una inmensa oportunidad para los especuladores inmobiliarios del mundo y a que los carteles de “Se vende” empiecen a multiplicarse en las tranqueras de nuestros campos. Y no hace falta irse a la Patagonia o a la Puna para palpar las consecuencias: alcanza con mirar los números de General López y preguntarse cuánto más puede crecer esa cifra cuando no exista ninguna restricción legal que la contenga.
Quien mejor resumió el espíritu de la reforma fue la propia Bullrich, artífice de la negociación del proyecto en el Senado. En declaraciones recientes, la ministra sostuvo que el concepto de propiedad “lo define nuestra Constitución” y que un extranjero que vive en el país tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un nacional: “puede comprar tierras, puede comprar un departamento, puede comprar una fábrica, puede trabajar...”. La frase, pronunciada para defender la eliminación de los límites a la compra de tierras, termina dejando al descubierto una de las principales contradicciones del propio Gobierno: la igualdad de derechos se invoca a rajatabla cuando el extranjero es quien compra, pero se vuelve negociable (o directamente se cobra aparte) cuando el extranjero es quien necesita un hospital o una universidad pública.
Es que la verdadera contradicción aparece cuando se pone este proyecto al lado de otro que circula en paralelo, impulsado por el mismo espacio político. El diputado bonaerense Agustín Romo presentó, con la firma de 18 de los 20 legisladores libertarios de Buenos Aires y un guiño de retuit de la propia Bullrich, un proyecto para arancelar la salud pública y la educación universitaria a los extranjeros sin residencia permanente. La motivación, declarada sin pudor por el propio Romo en redes sociales, fue la bronca viralizada contra estudiantes extranjeros que se burlaron de la Selección tras la final del Mundial 2026.
El contraste resulta difícil de explicar. Mientras el Gobierno nacional trabaja para que cualquier magnate o corporación del exterior pueda comprar sin límites la tierra, el agua y los minerales estratégicos de la Argentina, un legislador del mismo espacio político propone cobrarle la salud a un extranjero que llega descompensado a un hospital público bonaerense o a un estudiante que llega al país para formarse y que, en muchos casos, termina radicándose aquí para ejercer su profesión. Los argumentos utilizados para justificar la iniciativa, además, se apoyan en cifras incorrectas o distorsionadas. Basta un dato oficial para ponerlo en perspectiva los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,1% de la matrícula universitaria pública nacional. Es decir, aun si se avanzara con el arancelamiento, el ahorro fiscal sería marginal. En cambio, la tierra constituye un recurso estratégico. Es un bien finito: no puede producirse más. Una vez vendida, deja de integrar el patrimonio territorial argentino y difícilmente vuelva a hacerlo.
Ahí está la línea que atraviesa las dos noticias, aunque una hable de hectáreas de la Pampa Húmeda y la otra de camas de hospital o aulas universitarias. Cuando el extranjero es un fondo de inversión, un magnate o una minera transnacional, la respuesta del oficialismo es sacarle los límites, desregular, abrir la puerta de par en par. Cuando el extranjero es un estudiante o un paciente sin recursos, la respuesta es cobrarle, sospechar de él, convertirlo en el responsable simbólico del ajuste. Duros con los de abajo, blandos con los de arriba.
Y General López conoce mejor que nadie el valor de ese patrimonio. Aquí la tierra representa producción, empleo, arraigo, pueblos, cooperativas, exportaciones y buena parte de la riqueza que genera el país.
De todos modos, conviene aclararlo una vez más: el debate no pasa por rechazar de plano la inversión extranjera. Es cierto que la Argentina necesita capital, tecnología y desarrollo. Tampoco puede negarse que pueden discutirse mecanismos para evitar abusos en los sistemas de salud o educación.
Pero lo que está en juego es mucho más importante. Porque una cama de hospital o un banco universitario son servicios que el Estado puede ampliar con más inversión. Las hectáreas fértiles de la Argentina, en cambio, son un recurso irrepetible. Como dijimos líneas trás, una vez transferidas de manos, difícilmente regresen.
Desde General López, donde ya casi cuarenta mil hectáreas pertenecen a propietarios extranjeros y donde se produce una parte sustancial de la riqueza agropecuaria del país, la pregunta adquiere otra dimensión. ¿Por qué el Gobierno endurece su discurso cuando el costo fiscal es mínimo y, al mismo tiempo, elimina las barreras cuando está en juego uno de los activos más valiosos de la Nación?
No es solamente una contradicción política. Es una forma de entender el país. Porque termina transmitiendo una idea incómoda: severidad para quienes llegan con necesidades; flexibilidad para quienes llegan con poder económico.
Dicho de otro modo, se repite una misma matriz en el proceder del gobierno libertario: duros con los de abajo, blandos con los de arriba.