La palabra grito parece estar de moda. Fue el miércoles de la semana pasada cuando cinco gobernadores se reunieron para plasmar en una foto —y en un comunicado conjunto— la conformación de un acuerdo electoral federal con el que competirán en las legislativas del 26 de octubre. “Grito federal”, titularon el documento de presentación.
Mientras tanto, el sábado poco después del mediodía, en la rotonda de las rutas 8 y 33, dirigentes del extremo sur santafesino se congregaron para hacer oír su propio grito: el reclamo al gobierno nacional por el calamitoso estado de las rutas nacionales que atraviesan la región.
Gritos que, paradójicamente, comparten un mismo destinatario: un gobierno nacional que se caracteriza por gobernar a los gritos —y también, a menudo, a los insultos—, pero que, a la vez, hace oídos sordos a los gritos de los demás.
La idea fuerza que atraviesa hoy a la Argentina parece ser que solo alzando la voz se puede lograr algo. Al fin y al cabo, ya lo analizó Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos: en la política contemporánea, la emoción se impone a la racionalidad. Y gritar es, justamente, una forma de manifestar emociones, liberar tensiones, expresar ira o desesperación.
Pero también es —en muchos casos— la única manera de ser escuchado en un país donde la indiferencia del poder central ensordece más que cualquier alarido. En la Argentina actual, el grito se ha vuelto estrategia política. No solo para interpelar al poder, sino también para convocar a una ciudadanía desbordada por la frustración y la fatiga.
El grito federal
“Hay un grito federal que necesita vocerías propias”, afirmaron los Ignacio Torres (gobernador de Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), en el documento fundacional del grupo.
Lo cierto es que el nuevo proyecto que aglutina a cinco gobernadores de origen y de lugares muy distantes entre sí, busca forjar una identidad común frente a un modelo de país que —entienden— se construye desde el centro del poder económico y político, pero se sostiene con el esfuerzo de las provincias. Un gesto, que no solo trata de visibilizar la discriminación presupuestaria que sufre el interior productivo, sino de hacerlo en clave electoral y con proyección nacional.
Ese armado no nació de la nada. Antes del anuncio conjunto, los gobernadores habían impulsado –con éxito parcial– dos proyectos de ley: uno para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y otro para distribuir equitativamente el impuesto a los combustibles, cuya recaudación sigue acaparando la Nación a pesar de no realizar las obras viales que justifican su existencia. Ambos obtuvieron media sanción en el Senado, como resultado de una estrategia coordinada que ya anticipaba este salto político
En dicho espacio, el santafesino Maximiliano Pullaro aparece como una figura gravitante. No solo porque gobierna una de las provincias más importantes del país, sino por su capacidad para combinar su prédica por el orden y el equilibrio fiscal (clima de época) con una narrativa de desarrollo que pone en el centro a la obra pública, la producción y la inversión. En otras palabras, una versión que intenta configurar una alternativa al binarismo entre el mileísmo y el kirchnerismo (nueva grieta).
De todas maneras, este grito federal intenta convertirse en bloque legislativo, en voz institucional, en fuerza de presión. Pero también en alternativa política. No se trata solo de un posicionamiento frente al ajuste: es un intento de rescatar al federalismo, devolviéndole contenido y agenda. Una apuesta riesgosa, si se considera que Milei sigue siendo competitivo incluso en las provincias cuyos gobernadores integran este nuevo frente. Pero también necesaria si lo que se busca es evitar que el Congreso se convierta en una escribanía de la motosierra.
El desafío, sin embargo, sigue siendo pasar del gesto simbólico a una construcción de poder real. Para eso necesitan no solo acuerdos institucionales, sino también respaldo ciudadano.
El grito en la rotonda
En paralelo, el grito del extremo sur santafesino tiene diatinto tono, la necesidad de que el Estado nacional deje de mirar para otro lado. Que repare, al menos, las rutas por donde circula el 75% de la producción del país y que hoy parecen más una trampa mortal que una vía de desarrollo.
El reclamo encabezado por la senadora Leticia Di Gregorio y respaldado por legisladores, intendentes, funcionarios provinciales, representantes de instituciones y cientos de ciudadanos, expone con crudeza una realidad que se repite en todo el país: el deterioro de la infraestructura vial, el abandono estatal y el riesgo cotidiano que eso implica para miles de personas.
De todos modos, pese a la cantidad y el peso político de quienes convocaron, la movilización no tuvo la convocatoria esperada. Un dato que no debería deslegitimar el reclamo, pero que deja una pregunta abierta: ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a involucrarse activamente frente al deterioro de lo que, literalmente, puede costarle la vida?
“No estamos pidiendo autopistas de última generación, pedimos que tapen los pozos y corten el pasto”, dijo sin rodeos el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, el venadense Lisandro Enrico, sintetizando el nivel de retroceso que atraviesa la discusión. Las rutas nacionales 8, 33 y 7 no están en condiciones mínimas. Y si alguna vez vuelven a estarlo, será —como recordó Di Gregorio— por decisión judicial, no por voluntad política.
La tragedia de las rutas no es nueva, pero sí cada vez más grave. Las estadísticas de siniestralidad, las muertes evitables, las lesiones permanentes, los recursos sanitarios y de emergencia que se consumen en asistir accidentes podrían evitarse con un mínimo de mantenimiento. Todo esto forma parte del drama estructural de una región que aporta mucho más de lo que recibe.
De hecho, el momento más conmovedor de la jornada del sábado fue cuando se dirigieron a los presentes el director del Hospital Alejandro Gutiérrez, Juan Bernardo Ferrer; el responsable del SIES 107, Guillermo Roncoli; y el coordinador de Salud, Joaquín Sánchez de Bustamante. “El estado de las rutas no sólo genera un impacto importante en lo económico, sino también en las secuelas de salud. Todos tenemos un familiar o conocido que perdió la vida o sufrió secuelas producto de un accidente en las rutas nacionales, y nosotros como trabajadores de la salud hemos sido golpeados por un accidente donde dos compañeros perdieron la vida, lo que impactó mucho más en nuestro sector. En memoria de ellos nos sumamos a este reclamo”, resaltaron.
Se referían a la trágica muerte de Fernando Fetter y Paulino Palancar (chofer y médico del SIES 107), ocurrida el último 20 de mayo a las 16, en el kilómetro 659 de la ruta 33, cerca del acceso a Elortondo, cuando se dirigian a Rosario a buscar una paciente.
Como ya se escribió en estas páginas, sus muertes no son solo una tragedia evitable, sino también una advertencia: la desidia estatal en el mantenimiento de la infraestructura vial es una forma de violencia institucional. En ese texto, titulado “Las consecuencias de la crueldad como política de Estado”, decíamos que la lógica de ajuste fiscal aplicada sin empatía ni prioridades mínimas se transforma en un dispositivo de exclusión y muerte. El deterioro de la 33 (una traza que ya carga con una reputación de “ruta de la muerte”) es la postal de esa crueldad institucionalizada.
Gritar ante oídos sordos
Como sea, ambos gritos son consecuencia directa de un Estado nacional que decidió correrse, que abandonó su rol de garante de equidad territorial. Y son, sobre todo, una advertencia: el silencio no es opción cuando la vida, el trabajo y el futuro están en juego.
En la Argentina de Milei, parece que todo tiene que gritarse para existir. Así gobierna el Presidente y así empiezan a responderle desde el interior. Con una diferencia: mientras Milei grita para disciplinar, las provincias gritan para ser escuchadas.
Y cuando el grito deja de ser catarsis y se convierte en política, es posible que algo empiece a cambiar.