La reciente y escandalosa denuncia por un sistema de sobornos ligado a medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) descolocó a un gobierno que, hasta hace pocos días, se mostraba eufórico. Aun con una economía empantanada, la baja de la inflación era suficiente para sostener un discurso de optimismo, envalentonado además por la proximidad de los procesos electorales. Pero algo cambió: esta vez el golpe fue certero y el oficialismo quedó en evidencia.
La reacción tardía y torpe lo confirma. El lapsus del presidente Javier Milei, al intentar desviar responsabilidades con su ya gastado recurso de culpar al kirchnerismo —“están furiosos porque les estamos afanando los choreos”— mostró no solo un quiebre en su discurso, sino un síntoma de desestabilización emocional. El problema es que ahora no son solo “los K” los que lo enfrentan. El Congreso demostró con votaciones recientes que el recurso del enemigo único se agotó. Hay un hartazgo transversal en el resto de la oposición política, cansada de un presidente que la agrede desde el inicio de su gestión, mientras retacea fondos y deja a los gobernadores en una indefensión peligrosa.
Ese hartazgo también empieza a expandirse en sectores de la sociedad. Paradójicamente, uno de los más golpeados son las personas con discapacidad (mismo sector con el que aparentemente “se curraba”), castigadas con la quita de beneficios en nombre de un superávit fiscal que se presenta como sagrado. Lo mismo sufren jubilados, universitarios, científicos, trabajadores estatales y un largo etcétera. Cada jubilado, cada docente, cada investigador o trabajador público es un ciudadano rodeado de una red familiar y social que también padece. Se puede justificar el sacrificio por un tiempo, invocando un “bien superior”. Pero tarde o temprano llega el cansancio (sobre todo si aparece un caso de corrupción). Y el voto suele ser la vía para transformar el malestar en castigo.
En este escenario, el discurso de la anticorrupción, eje central del mileísmo contra el kirchnerismo, queda perforado por las denuncias en la propia administración. El razonamiento popular es simple: “son iguales, todos usan el Estado para llenarse los bolsillos”. Así, la crueldad, además de injusta, se vuelve políticamente peligrosa.
Esa debería ser una lección para cualquier gobierno que intente justificar el ajuste sobre los más débiles. Porque la política exige decisiones difíciles, sí, pero cuando los perjudicados son los más vulnerables, las consecuencias son previsibles: la bronca se acumula y estalla.
El ejemplo también vale para cualquier gobierno. También para el santafesino, que sigue decidido en insistir con políticas que generan malestar en los trabajadores estatales, los jubilados y, en particular, en los docentes. En el último caso, el ejemplo más concreto es el denominado “premio a la asistencia perfecta” —heredero del viejo presentismo— que es percibido como un ataque directo al sector educativo.
El descontento crece día a dia y se expresa de diferentes maneras, como ocurrió en la visita de Maximiliano Pullaro el 17 de agosto en Venado Tuerto, cuando un grupo de maestros se lo hizo sentir de frente.
La experiencia enseña que la dureza, tarde o temprano, tiene consecuencias políticas. En ese sentido, habrá que mirar con atención lo que ocurra en las próximas elecciones nacionales. Tal vez quede en evidencia que no basta con haber conquistado una histórica posibilidad de reelección en la Convención Constituyente: además de abrir la puerta a esa chance, es necesario que los votantes vuelvan a elegirte.
Ese es el punto más delicado. Las reformas institucionales pueden garantizar continuidad legal, pero lo que asegura continuidad política es la capacidad de sostener consensos, de generar confianza y de demostrar sensibilidad.