Nota: colaboración especial para Venado24 de ✍️ Hernán Lascano*
El reciente libro de una criminóloga colombiana invita a pensar en la criminalidad de Rosario y su relación con el Estado, rasgos que quedan al desnudo en el juicio a Esteban Alvarado, donde hay alusiones resonantes que no motivan respuestas.
Criminales, policías y políticos. Así se llama un libro que lleva como subtítulo “Drogas, política y violencia en Colombia y México“. Salió hace un mes y atrajo el interés de la comunidad latinoamericana dedicada a temas de criminología. Su autora, la colombiana Angélica Durán Martínez, resumió hace unos días al presentarlo el punto central de su muy extenso trabajo de campo. Ante especialistas de distintos países consignó que durante las últimas décadas las organizaciones de narcotráfico en América Latina se hicieron famosas por sus espantosos crímenes públicos, como los ataques terroristas al sistema político colombiano en los años ochenta o las olas de decapitaciones en México. Pero que, aunque la visibilidad impactante de los hechos predominan en la prensa estas manifestaciones son producto de algo que no es tan visible, que es la compleja interacción de las organizaciones criminales que compiten entre sí y el poder estatal. Una relación variable entre una época y otra y entre un país y otro.
Para llegar al punto central de su análisis la investigadora mostró que en Colombia en contraste con la brutalidad del cartel de Medellín el de Cali era visto como mucho menos violento. En especial cuando se lo comparaba con los brutales atentados de Pablo Escobar, que incluía derribar aviones en vuelo, poner bombas en discotecas o cometer ataques frontales contra autoridades. En Cali había mucha violencia pero, en cambio, se ejercía de manera distinta. Aparecían cadáveres en el río Cauca y no en un ataque a una zona comercial. Un caso muy explorado en el libro fue el de Santiago Meza López, llamado el Pozolero. Cuando fue atrapado en la ciudad de Tijuana, en México, Meza reveló que había trabajado durante diez años para narcotraficantes en México y que su labor era recibir cuerpos de personas que habían sido asesinadas por sus mandantes. El no tenía que ver con los asesinatos. Su misión era destruir los cuerpos disolviéndolos en ácido y enterrarlos en las afueras de la ciudad.
Así ocurrió durante la mayor parte del tiempo. Hasta que un día la instrucción fue que en vez de disolver los cuerpos los colocara en un barril y los expusiera en la mitad de una calle con una nota a los rivales. Eso que empezó a ser visible y notorio llevó a que lo capturaran. La autora explico con eso que según sus conveniencias coyunturales a veces las organizaciones criminales ocultan el uso de la violencia y otras lo exponen de modo deliberado. Esto la llevó a su premisa central. ¿Cómo interpretar la frecuencia, las variaciones y la visibilidad de la violencia?
“Para entender eso tenemos que ir más allá de los mercados criminales“, dijo Durán Martínez. Y para eso hay que traer al debate al Estado que no solo está ausente o débil. Hay que prestar atención a la configuración de poder dentro del Estado. “La frecuencia de la violencia está asociada primariamente a la competencia entre los actores criminales que existen en el territorio. Pero la visibilidad depende siempre de las relaciones con el Estado. Cuando hay un Estado cohesionado ese Estado se puede coordinar más fácil bien sea para aplicar la ley contra los actores ilegales o también para protegerlos. Cuando el Estado es cohesionado, bien para protegerlos o atacarlos, los grupos criminales reducen esa violencia visible. Porque esa violencia puede impulsar a un Estado que los protege o que es muy eficiente a ir tras de ellos. El uso de violencia depende no solo de los incentivos del mercado ilegal sino de qué incentivos hay entre los Estados y los actores criminales“.
Durante mucho tiempo resonará un testimonio de tres horas pronunciado hace nueve días en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Fue de una funcionaria judicial a la que una organización criminal atacó en su casa. Durante 2018 hubo una secuencia de atentados a domicilios de miembros del Poder Judicial. Fue gravísimo e inédito pero ninguno de los atacados vivía en ellos. En cambio, Marina Marsili, doctora en Economía e investigadora de la configuración patrimonial de las bandas delictivas, sí estaba en el suyo junto a su familia y a dos amigos de su hijo de doce años cuando arreciaron los balazos el 31 de enero de 2019. Para entonces Marsili investigaba los bienes de la organización de Esteban Alvarado. En el mismo juicio Alvarado se despegó de muchos delitos que le atribuyen. Pero no de este. Admitió que fue su banda la que tiroteó a la funcionaria y que antes le habían arrojado la cabeza de un perro al jardín de su casa.
Desde 2013 hasta acá, cuando empezó a redoblar en Rosario una oleada de violencia epidémica que fue inédita hasta entonces y que no termina, se mencionan bajo cuerda relaciones entre bandas con fuerzas de seguridad, sectores judiciales y dirigencia política. Pero es incontrastable que jamás eso fue tan explícito, en abundancia de prueba documental y testimonios, como en el que se celebra desde febrero contra Alvarado. Dos cosas son apabullantes. Por un lado la mención pública y el nivel de detalle, en un ámbito institucional como es una sala de juicio, de personas que tienen presencia en distintos estamentos del Estado. Por otro el sepulcral silencio de los aludidos.
De lo que se viene hablando, en especial en los últimos treinta días, es de las estructuras de protección estatal a la criminalidad. Por un lado queda claro en el juicio que a Alvarado se lo empezó a investigar mayormente con información que se produjo fuera de la provincia, donde quedó plasmada en forma elocuente la complicidad de la policía de Santa Fe, algo sobre lo que un fiscal que no tenía ningún compromiso con Rosario no tuvo problemas en avanzar. El resultado de sus investigaciones este fiscal de San Isidro sí las puso en manos de la Justicia provincial que no avanzó con esos elementos y cerró la causa.
También en este juicio el ex jefe en Rosario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Emilio Lencina repasó durante tres horas de detalles fotográficos nombres, vínculos, escuchas y conexiones entre Alvarado y policías provinciales, una información volcada en 14 informes que pese a ser elevados a la Justicia Federal de Rosario quedaron paralizados. En cuatro ocasiones a lo largo de un año los pedidos del investigador para intervenir teléfonos de Alvarado fueron negados. La investigación de Lencina empezó en abril de 2013 cuando Alvarado, merced a una protección asombrosa, era casi un desconocido en Rosario. Ya aparecía allí como un importante comercializador de droga, como socio del asesinado empresario narco Luis Medina, y todo su haz de relaciones entabladas con policías, en especial varios de los que luego como miembros de la Brigada Operativa de Judiciales investigaron a Los Monos. Uno de ellos, Luis Quevertoque, fue condenado hace un año por su complicidad con Alvarado.
Aquellos informes incluían la filmación de una avioneta descargando droga que se encontró en una casa donde residía la mujer de Alvarado. ¿Por qué el juez del trámite no actuó ante una evidencia que seis años después fue recogida y sirvió para imponer condenas en la Justicia provincial? En la Justicia Federal de Rosario nadie pide explicaciones y nadie responde.
Un detalle notable de la filmación de la avioneta: ese registro fue tomado con un celular Blackberry desde adentro de una camioneta que la esperaba en un camino rural. Se observa el sobrevuelo del avión que aterriza, tira unos bultos, cierra la puerta, acomoda la aeronave y decola. Quien la filmó en un momento dejó apoyado el celular dentro del vehículo y esto deja ver el número de identificación del parabrisas. Con eso se determinó la patente, una Hilux que estaba a nombre de Jorge Antonio Benegas, condenado mucho después a 5 años de prisión como mano derecha de Alvarado.
También se ventila en este juicio que por indicación de un testigo reservado se allanó una casa en la isla El Charigüe que era presunta propiedad de Alvarado. En el momento del operativo apareció por esa casa una diputada que había sido jueza junto a un abogado que era defensor de Alvarado. Esas presencias no quedaron consignadas en el acta del procedimiento. Alvarado fue imputado por delitos de sangre y asociación ilícita el 10 de junio de 2019. El entonces fiscal Patricio Serjal, destituido y en juicio por corrupción, pidió por entonces aplazar el trámite penal hasta después de las elecciones en las que participaría aquella funcionaria.
Al mismo tiempo esta funcionaria política tiene relación estrecha con un senador que rechazó presentarse a audiencias penales en el marco del mismo trámite por el cual el ex fiscal Serjal fue corrido de su cargo y tiene perspectiva de pena. En las audiencias de Alvarado queda claro cómo éste tenía relaciones estrechas con polémicos policías de Drogas Peligrosas que terminaron sus carreras en San Lorenzo colocados por el ministro de Seguridad de un gobierno del Frente Progresista. Varios de estos policías tienen relación probada con Alvarado y aceptaron condena en juicios abreviados. Uno de los que puede recibir sentencia es un ex jefe de Plana Mayor en San Lorenzo. Lo juzgan en un caso que fue reabierto luego de que le archivaran la causa por enriquecimiento ilícito la ex magistrada que se presentó en la isla cuando allanaban la casa atribuida a Alvarado.
Asimismo, quedó expresado por testigos en el juicio a Alvarado que en el expediente del asesinato de Medina no se investigó a fondo cuando había elementos para llegar a los autores. Esos elementos indican que Alvarado aparece como posible autor intelectual. El caso recayó en manos de la ex jueza referida y nunca avanzó en ese sentido. Casi diez años después fue retomado.
Toda esta ausencia de nombres tiene significado. Son nombres y apellidos que sí se dieron sobradamente durante decenas de horas delante de jueces. Y es por eso que asombra que en esas circunstancias personas aludidas no digan una palabra en su descargo. Como si diera lo mismo. Son jueces, funcionarios del Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo. Funcionarios públicos que siguen, en esa posición, gravitando con sus decisiones sobre toda la sociedad. Frente a la inaudita dimensión de lo planteado tanto en evidencia, y también por declarantes bajo juramento, que no haya nada que explicarle a la comunidad es más que llamativo.
Muchos años después de que estas cosas corrieran entre susurros se expresan finalmente de manera pública, abierta y audible. Pero siguen bajo un cono de mutismo. Eso también suele pasar con sistemas políticos que se tensan al máximo con silencios o inequidades. Hasta que un día no resisten más. Una semana atrás la Convención Constituyente de Chile eliminó al Senado de la estructura de poderes del Estado. En Chile existía un ordenamiento legal que según el debate vibrante de la Constituyente de la semana pasado habilitaba un sistema de gobierno hostil para las mayorías. El régimen político parecía intocable hasta que un levantamiento popular de todo el país a esa apariencia le puso fin. Con 200 años de existencia, el Senado era un órgano que fue valorado por una amplia mayoría de convencionales como convalidante de privilegios, con funciones superpuestas a la Cámara de Diputados, con falso poder territorial y enorme capacidad de veto de una minoría. Ahora una nueva legalidad lo reemplazó por una Cámara de Regiones con poder muchísimo más limitado.
¿Qué quiere decir esto? Nada más que una obviedad. Las bases institucionales de un orden legal son forzadas a cambiar cuando una mayoría de la sociedad civil desconoce su legitimidad y la impugna. En general pasa inesperadamente pero pasa. Descarnada y públicamente, en Santa Fe se está discutiendo lo que tiene que ver con la violencia asombrosa que la atraviesa, la descompone y la aflige, desde las balaceras extorsivas ordenadas desde la cárcel, pasando por los homicidios otra vez en repunte hasta el tiroteo a una funcionaria judicial. La mayor ciudad de la provincia parece atrapada en un síntoma histérico. Con el juicio contra Alvarado el Centro de Justicia Penal de Rosario ha sido en estos días anfiteatro para el examen de un tiempo turbulento y sanguinario como en ningún otro caso. Y una ciudad tan necesitada de explicaciones sobre su violencia, que las reclama además todo el tiempo, le está dando la espalda. El juicio prácticamente transcurre sin público y de sus estruendosos detalles las instituciones dicen nada. En un ámbito de gobierno, como es una sede judicial, se está diciendo lo que Angélica Durán Martínez dice en el libro que acaba de publicar. ,Los métodos de actores violentos, los números de víctimas, la frecuencia de los ataques no tienen solo que ver con lo que hacen las organizaciones criminales. Más bien con como el Estado se relaciona con ellas y lo que sus representantes tienen, o no tienen, para decir al respecto.
- Periodista rosarino, co-Autor de “Los Monos: historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno”