Mauro CamillatoOpiniónCostumbres argentinas: reformar el sistema electoral a medida del oficialismo

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La historia reciente de Argentina demuestra que la mayoría de los oficialismos fueron proclives a cambiar las reglas electorales solo para intentar beneficiarse en los próximos comicios. Aunque está claro que una reforma electoral verdaderamente democrática debería perseguir objetivos bastante más permanentes que los intereses del gobierno de turno.

Sin embargo, la tentación de los diferentes gobiernos fue siempre más fuerte. De hecho, ahora, la gestión de Javier Milei  impulsa modificaciones al régimen electoral que incluyen la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El argumento oficial gira alrededor del ahorro de recursos públicos y de la necesidad de simplificar el calendario electoral. Pero, detrás de esa explicación aparece una lectura política bastante más evidente.

Las PASO no solo sirven para seleccionar candidatos, sino también funcionan como un mecanismo para ordenar fuerzas políticas fragmentadas, y ahí está el interés del oficialismo. El actual oficialismo llega a la próxima elección con un liderazgo consolidado y un candidato definido. Buena parte de la oposición (sobre todo el peronismo), en cambio, tiene dificultades para resolver sus propias disputas internas. En ese escenario, unas PASO competitivas podrían ser la herramienta para legitimar candidatos y reorganizar esas fuerzas.

O sea, no hay dudas de que los cambios propuestos tienen más que ver con la especulación política que con un verdadero objetivo de transparentar el sistema democrático o, en todo caso, con ahorrar recursos (la otra gran falacia que utiliza como excusa el gobierno nacional).

Salvando las distancias, en Santa Fe también acaban de cambiarse las reglas electorales y algo de la conveniencia política del gobierno de turno también aparece. Aunque, vale aclarar que la reciente reforma de la Constitución provincial obligó a modificar el sistema electoral santafesino. De todos modos, se introdujeron algunos cambios que tienen que ver, indirectamente, con las necesidades del oficialismo gobernante.

Un ejemplo claro es la decisión de que un mismo precandidato a gobernador pueda presentarse en las PASO acompañado por hasta tres candidatos a vice. Esto responde a la conveniencia de la alianza gobernante, Unidos, que necesita ordenar su interna. Es que la coalición tiene el candidato a gobernador asegurado, ya que Maximiliano Pullaro irá por la reelección, pero no tiene consenso absoluto sobre la postulante a vicegobernadora, que por el cupo femenino tiene que ser mujer. Con tres candidatas posibles, los tres principales socios de la coalición (PRO, Socialismo y UCR) pueden tener su pretendiente.

Pero no es el único cambio. La reforma también modifica el piso electoral para disputar cargos en la Cámara de Diputados. Para participar del reparto de las 50 bancas mediante el sistema proporcional D’Hondt, las listas deberán alcanzar un piso equivalente al 4% del padrón en la elección general. Es un porcentaje difícil de alcanzar para los partidos menores, que van a tener una fuerte complicación para entrar en el reparto.

También cambia uno de los elementos más reconocibles del sistema santafesino: la Boleta Única de Papel. En las PASO se mantendrán cinco boletas, una para cada categoría. En las elecciones generales, en cambio, el elector recibirá solamente tres: una reunirá gobernador, vice y diputados provinciales; otra será exclusivamente para senador departamental; y la tercera agrupará intendente y concejales. La decisión de mantener aparte la boleta de senador es otro cambio que parece hecho a medida de los intereses de los grandes partidos.

Historia reciente de una tradición nacional

En 2009, con el kirchnerismo golpeado por las legislativas de junio, se creó la ley que estableció las PASO. Se presentó como un avance en democratización, transparencia y equidad. Los críticos la leyeron como un intento de reordenar el sistema de partidos y filtrar opositores antes de las generales. Se aplicaron por primera vez en 2011, con Cristina Fernández reelecta con más del 54% de los votos.

Ese mismo año, un decreto habilitó las listas colectoras, que permiten combinar boletas de distintas categorías entre partidos y alianzas. La herramienta favorecía los acuerdos transversales, tan típicos del peronismo, y permitía que fuerzas provinciales o locales colectaran votos hacia candidaturas nacionales.

La ironía llegó en 2019. A pocos meses de las PASO, Mauricio Macri firmó un decreto que eliminó las listas colectoras. El argumento oficial fue la transparencia y evitar la confusión por la proliferación de boletas. La lectura política fue que la medida frenaba un posible pacto del PJ con fuerzas aliadas en distritos clave como Buenos Aires, y que apuntaba a debilitar al principal competidor del oficialismo.

Un dato curioso: la misma herramienta fue defendida o eliminada según quién gobernara y a quién beneficiara. El principio no cambió. Cambió la conveniencia.

En 2025 se repitió la lógica con otro signo político. A instancias del gobierno de Javier Milei, el Congreso suspendió las PASO para las legislativas de ese año. El argumento fue el ahorro y la simplificación. Los críticos señalaron que se eliminaba una instancia de medición y desgaste para la oposición y que se consolidaban candidaturas ya definidas por los partidos. Y ahora se va por más: eliminarlas del todo, o volverlas optativas.

La larga experiencia santafesina

Santa Fe conoce bien este tema. La Ley de Lemas  se sancionó el 9 de noviembre de 1990, durante el gobierno peronista de Víctor Reviglio, y se aplicó por primera vez en 1991. El sistema del doble voto simultáneo permitía que cada partido (lema) presentara varios candidatos (sublemas). Los votos de todos los sublemas se sumaban para definir qué partido ganaba, y dentro del partido ganador triunfaba el sublema más votado.

Formalmente, el objetivo era abrir la competencia interna y evitar internas cerradas, controladas por las cúpulas. Pero el contexto era el de un PJ atravesado por conflictos internos y con riesgo de dividir su voto. Su diseño le permitió al peronismo administrar su fragmentación, presentarse dividido en candidaturas y unido a la hora de sumar votos.

Los resultados hablan solos. En 1991, el radical rosarino Horacio “Vasco” Usandizagafue el candidato individual más votado, con alrededor del 35%. Carlos Reutemann, con cerca del 33%, resultó electo gobernador porque los sublemas del PJ se sumaron bajo el lema justicialista.

Doce años después, en 2003, el caso fue todavía más claro. Hermes Binner, del Partido Socialista, fue el candidato más votado, con alrededor del 42%. Pero no fue gobernador. Los sublemas del PJ sumaron más de la mitad de los votos, y resultó electo Jorge Obeid, que individualmente había obtenido alrededor del 24%.

Esa distorsión, tan visible, terminó desgastando al sistema. En 2004, paradójicamente durante el gobierno de Obeid, se derogó la Ley de Lemas y se adoptó el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Con ese cambio, la ciudadanía recuperó una idea básica: que quien tiene más votos, gana.

La pregunta de fondo

Las reformas electorales rara vez son solamente reformas electorales. Detrás de cada modificación aparecen cálculos políticos, estrategias de corto plazo y disputas por el poder. Sería ingenuo pensar que puede ser de otra manera. Pero sí es exigible que esos cálculos no se conviertan en el único criterio.

Una reforma que busque de verdad mejorar la representatividad, la transparencia y la participación debería cumplir algunas condiciones mínimas: ser consensuada con la oposición, discutirse con tiempo y no en pleno año electoral, y aplicarse a futuros ciclos y no al inmediato. Si un oficialismo está dispuesto a aceptar que esas reglas también rijan cuando esté en la oposición, probablemente esté pensando en la democracia. Si el cambio le sirve solamente a él y solamente ahora, entonces es hora de sospechar.

Las reglas de la democracia deberían garantizar mayor representación y mejor calidad institucional, no facilitarle el camino circunstancial al gobierno de turno. Cuando las reglas cambian según quién gobierna, lo que se debilita no es un partido: es la confianza de los votantes y, finalmente, la democracia.

 

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