Por Federico Baldomá (*)
En los últimos días se conoció una ordenanza del Concejo Municipal, de la cual es autor su presidente, Fabián Vernetti, que regula, entre otras cosas la posibilidad de que un ciudadano pueda solicitar agua potable en los locales gastronómicos, de manera gratuita. Esto se encuadra en la figura conocida como derecho de jarras, que es aquel que asiste al cliente a elegir tomar agua segura, tal cual como lo haría en su casa, proveniente de la canilla, y que en distintos lugares del mundo ha tomado distintas formas jurídicas desde ordenanzas locales, hasta leyes, enmarcadas en la resolución de naciones unidas de 2010, que eleva el acceso al agua potable a la categoría de derecho humano.
La ordenanza de Vernetti que por otro lado es más amplia y también incluye la provisión de agua en eventos públicos, es en principio para aplaudir. Sin embargo debe advertirse que el paso entre la letra y los hechos, en este caso, nos toca a los consumidores. El citado derecho de jarras es una costumbre que existe globalmente hace mucho tiempo y la legislación se mueve en un amplio espectro que va desde la sugerencia hasta la amenaza de multar su falta, sin embargo las ciudades del mundo en las que funciona realmente son aquellas en las que la gente se ha apropiado de su derecho y hace el ejercicio de hacerlo valer.
Es un primer paso. Un escalón que se nos habilita y que deberíamos subir para seguir creciendo como sociedad en este sentido. Pensemos qué pasa cuando estamos en el centro y tenemos sed. Es harto conocido que el agua potable es la bebida más saludable. Sin discusión. Sin embargo para acceder a ella tenemos que comprar una botella de $25. Los perjuicios que este hecho conlleva son muchos. Pagamos un precio alto por algo que debería ser casi gratis. Producimos el residuo de una botella plástica. Pero lo que aún es más importante, exponemos al consumidor a optar por el mismo precio por otros tipos de bebida de menor calidad, que como todos sabemos son mucho menos recomendables, pero por distintos motivos son mucho más frecuentemente elegidas. Es en este sentido en el que es precisa la intervención del estado: el agua debe competir con gran ventaja en el costo. Si no es gratis debe ser casi gratis.
Por eso: empecemos por usar nuestro derecho a pedir agua potable en los bares y restaurantes, en lugar de la envasada. Los locales amortiguarán algún costo en este sentido, que ya habrá evaluado el Concejo, pero se compensará: los lugares que respeten este derecho tendrán su hinchada. Y hay que tener paciencia. La ordenanza contempla 60 días para completar su cumplimiento efectivo. Y después iremos por más: se me ocurre dispensers en los quioscos o locales de venta de comida, o supermercados, y por qué no, bebederos públicos en calle Belgrano y zona de bancos… para pensar.
(*) Médico Clínico, miembro de la Asociación de Medicina Interna de Venado Tuerto