Sancionada la llamada “Ley de Solidaridad Social y reactivación productiva”, termina de confirmarse que el ajuste recaerá principalmente sobre los sectores medios, medios bajos y trabajadores no indigentes –habría que ver igualmente en qué categoría “no-indigente” entra un jubilado que gana la friolera de 19 mil pesos–.
Un paradoja, pues, aunque el centro de la disputa pública se viene produciendo entre “el campo” –o quienes se autoperciben chacareros sin serlo– y los militantes más fieles, lo cierto es que el nuevo gobierno peronista es más un Saturno devorándose a sus hijos que un Zeus contra Cronos. Así, mientras que en los vecinos Chile o Brasil, o los cercanos Perú y Ecuador, los descontentos son encabezados por los sectores que lograron ascender socialmente durante la década larga de commodities altos y dólar barato, en Argentina es a este sector a quien se le pide el grueso del esfuerzo. Si cuando mira hacia la región el militante kirchnerista promedio aplaude a los “pueblos hermanos alzados contra la injusticia”, cuando se mira fronteras adentro critica al equivalente segmento social por resistirse a repartir su “riqueza” con los que menos tienen.
Se viene anunciado desde la campaña este “Pacto social”, y desde allí se habla de un esfuerzo solidario que deben hacer “los que más pueden”. No hay clases sociales, ni siquiera “círculo rojo”. Estamos frente a una invocación muy alejada de las posiciones de izquierda desde las que muchos kirchneristas aún dispuestos alinearse incolumnes dicen afincarse: la noción de “pacto” se afinca mucho más claramente en el organicismo propio del ideario de La Comunidad Organizada del Juan Domingo Perón de 1949 y se aleja definitivamente de cualquier tradición socialista. Sin embargo, en los primeros gobiernos peronistas, el furioso anti-comunismo oficial no impidió que, además de sobre algunos pequeños propietarios, fuera sobre los sectores propietarios exportadores más poderosos que cayera el grueso del “esfuerzo” (estos solo pasaron a transformarse en “oligarquía” cuando manifetaron su voluntad de resistir al pedido de “cristiana caridad”). Pero en su versión 2019, en cambio -más allá de la inevitable suba de algunos puntos a las retenciones sobre las exportaciones de la por lejos más importante fuente de divisas netas del país, es decir, el heterogénero sector agrario- la solidaridad obligada no cae sobre quienes más tienen, sino sobre quienes –en gran medida– fueron efecto de la llamada “década ganada”, porque mejoraron su posición económica durante ella.
En un país con una escasez crónica de dólares, la sábana es corta, claramente. Y es toda una definición de política económica decidir quiénes quedarán al descubierto.
En teoría los más pobres, los indigentes, no se verían perjudicados, porque las medidas de ajuste no les apuntan directamente. La mayor parte de lo recuadado por ley solidaria, se dice como si se hablara de una campaña de Cáritas más que de medidas fiscales, se destinará a un plan contra el hambre. Nada que criticar sobre este destino, pero, y cualquiera que haya prestado mínima atención al contexto y el co-texto lo sabe (¡los bonos argentinos ya subieron varios puntos luego de venir de caída en caída!), el objetivo verdadero de lo que no es más que un shock fiscal cubierto de piadosas palabras es intentar arreglar el problema de la deuda externa, problema que fue a su vez una mudanza y multiplicación hacia el exterior por parte del macrismo de un endeudamiento que el último kirchnerismo había iniciado hacia el interior (por ejemplo, utilizando los fondos de la ANSES para cubrir déficit fiscal y dar créditos hipotecarios en lugar de prevelos para las jubilaciones y pensiones que hoy ya no se pueden cubrir).
De este shock “solidario” no participarán ni las mineras y ni las petroleras, de hecho, nos encontramos que “el esfuerzo” que se le pide a los que “mejor están” no solo no las alcanza, sino que por el contrario, se ven beneficiadas por una importante baja de las retenciones a sus exportaciones, además de una nueva ley que extiende la mega-minería sobre la cordillera mendocina. Tan escandaloso como eso debería ser el hecho de que en la versión final del proyecto “pactista” que terminó de aprobar el Senado entre gallos y medianoche no se incluye al final el antes anunciado impuesto a la renta financiera, por lo que los grandes ganadores del cuatrienio pasado estarán también muy lejos de realizar su aporte a la caridad general que sí se le exige a jubilados que ganan apenas por encima de la mínima, al empleado metalúrgico que preservó su empleo o al despensero de la esquina. Del hecho de que solo tras la lectura periodística de la ley (de los pocos periodistas que son capaces de atravesar incisos y googlar artículos) el actual presidente se enterara de los legisladores y jueces que se acogen a régimenes de jubilación de privilegio quizá también deberían ser parte del esfuerzo patriótico, mejor ni hablar.
Así las cosas, aunque no se lo admita, la máxima que rige estas decisiones del gobierno del Frente de Todos es parte también del ideario macrista: hay que atraer las inversiones y honrar las deudas. Así, los militantes replican en las redes que se debe tener paciencia frente a las primeras críticas. No se han atravido, la referencia temporal ya estaría un poco desprestigiada, a comenzar a hablar de semestres, pero ya llegaría la bonanza para todos y todas.
El pacto social, parece, estaría siendo entonces el avatar nacional y popular de la hasta hace poco tan denostada teoría del derrame. Derrame que incluirá además nuevas dósis de cianuro. No habrá sido magia en este caso tampoco, sino simplemente capitalismo puro y duro.
