Tomás Lüders¿Desprolijidades?

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Por Tomás Lüders

Sobrevolaron durante la semana diversas sospechas sobre dos funcionarios municipales. El principio de inocencia es fundamental en el estado de derecho, pero lo cierto es que la falta de transparencia y controles en los asuntos públicos habilita las sospechas y reproches.

El miércoles pasado, el secretario de servicios públicos municipal Juan Vidal confesó a los concejales que la oferente de los buses-aún-no-colectivos para transporte público venadense es una empresa de Sergio Taselli, el cuestionadísimo “empresario nacional” enriquecido a costa de fundir firmas o quebrarlas él mismo y de jugosos negocios con la concesión de compañías estatales subsidiadas.

Entre otros antecedentes, Taselli fue concesionario de la tenebrosa mina de Río Turbio en Santa Cruz y de Trenes Metropolitanos de Buenos Aires. Cuando le quitaron la prestación del servicio de transporte vial en 2006, el propio presidente Kirchner lo usó como ejemplo de quienes se llenan de dinero a costa del estado.

Vidal, gestor de la compra de los buses -cuya puesta en funcionamiento fue anunciada como inmediata y con bombos y platillos por el intendente a fines del año pasado- declaró a los ediles que el freno para lanzar los buses a la calle obedecía a un “problema de legal” originado en la quiebra de una de las tres sociedades anónimas de Taselli por las que pasaron los vehículos, algo que tanto el Ejecutivo como el Concejo debió indagar antes de lanzarse a anunciar cualquier gestión. Es decir, el Municipio quiso y quiere aún comprar vehículos que Taselli transfirió de una empresa quebrada a otra sociedad anónima de su propiedad, en lo que no es otra cosa más que una grosera maniobra de vaciamiento. Algo que, se sabe, es uno de los modus operandi habituales de este “empresario”.

Según el Ejecutivo no se habría desembolsado aún un peso por los buses, pero lo cierto es que antes de cualquier indagación, los vehículos fueron ploteados con la simbología de la gestión Freyre, y se le hicieron trabajos de reparación eléctrica.

Tanto los funcionarios municipales como los legisladores aprobaron de apuro la compra porque, según se argumentó entonces, “el precio era muy conveniente” y porque el estado actual del sistema de transporte municipal no da para más… ¿no repararon mínimamente en cuáles podían ser las razones por las que vehículos modelo 2002 jamás habían sido habilitados, ni por qué tenían tan beneficioso precio? Como reza el dicho popular… “Cuando la limosna es grande…”

A pesar del escepticismo, los ediles opositores también aprobaron la excepcional compra directa, como admiten en off, porque no querían emerger como los responsables de frenar las mejoras en un servicio público tan deficitario. Es cierto que la ordenanza dicta que la operación se autoriza bajo la condición de que la Municipalidad presente todos los papeles en orden. Ahora bien, durante las negociaciones con el Ejecutivo debieron hacer averiguaciones sobre el vendedor. Se hubieran enterado de que los antecedentes estaban lejos de ser los óptimos.

Sin alternativas a la vista, hoy sin embargo se seguirá insistiendo en "encontrarle la vuelta" a una compra que nunca debió tener lugar. Ya se anunció un nuevo plazo para regularizar la cuestión, y van

Es cierto no obstante que la responsabilidad mayor es del gobierno municipal, y no sólo de Vidal, sino también de José Luis Freyre, quien si bien viene reprochando en público los inconvenientes en los que lo metió su secretario, se prestó a confiar en sus gestiones. Se sabe o estima que las relaciones entre Freyre y este funcionario heredado de la gestión de su suegro, Roberto Scott, no es la mejor. Pero la esperada renovación del elenco ministerial que se vislumbraba en 2007 jamás se concretó.

Le disguste o no el accionar de su secretario, es suya la responsabilidad por mantenerlo en funciones.

Como escribe uno de nuestros lectores en un comentario posteado en otra nota, el principio de inocencia es fundamental en un estado de derecho, y no podemos especular sin pruebas sobre un posible negociado. De cualquier manera hay un dato que permite las sospechas y habilita los reproches: la falta de trasparencia pública en muchas de las gestiones de un Ejecutivo decisionista y pragmático. Este vicio antirepublicano del que Scott había intentado hacer una virtud, acusando a los legisladores opositores de exigir información para obstaculizar su gobierno es un rasgo que lamentablemente continúan proyectando su yerno y (¿ex?) delfín político.

No pretendo aquí hacer una defensa de los ediles locales, pero lo cierto que en un estado de derecho la transparencia de los asuntos públicos es también fundamental.

Hoy es cuanto menos deficitaria la información pública sobre cuestiones tan esenciales como la planta del personal municipal, los planes asistenciales otorgados por el municipio, los loteos de tierras y diversas gestiones sobre compras y fiscalizaciones.

Las desprolijidades parecen estar a la orden del día y no se pueden seguir difiriendo los controles. La pregunta que nos permitimos hacernos es entonces si las cuestiones públicas se manejan así porque no se puede gestionar de otra manera o si se hacen así porque no se quieren hacer de otra manera… la respuesta quizá esté a mitad de camino.

Tampoco parece estar corriendo mejor suerte Freyre con uno de sus elegidos, el actual secretario de gobierno Sergio Druetta, quien esta semana no pudo fundamentar por qué se encontraba en la casa de un puntero político denunciado por coimear a personas que solicitan licencias para conducir remises. Druetta dijo que ante tantos reclamos de los vecinos no podía saber todo el tiempo a la casa de quien iba. “No puedo saber si la casa a la que voy es de un delincuente” (Druetta dixit).

Es verosímil que en plena campaña política este secretario haya ido a la casa del sospechado sin hacer demasiadas averiguaciones sobre su currículum. Pero lo cierto es que es una característica de la gestión Freyre la acudir y a veces dar respuestas discrecionales a reclamos de cualquier individuo sin realizar las debidas indagaciones. No es accidental entonces que sus funcionarios se encuentren entonces intentando canalizar reclamos que quizá no deberían ni escuchar.

Este “contacto directo con la gente” es destacado como uno de los tantos atributos del intendente, pero lo cierto es que cuando se administran recursos públicos la prolijidad en el manejo de los fondos de la asistencia social es imperativa. Si no, es muy difícil evitar las sospechas de que los mismos se distribuyen con objetivos electoralistas y sin la debida equidad.

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