No estoy de acuerdo con mis colegas progresistas. La Constitución puede bien decir que los reos deben ser reformados, pero todos sabemos que la necesidad de justicia exige otra cosa: quien las hace debe pagarlas. Así de simple.
Un joven de casi 18 años que apuñala gratuita y salvajemente a un muchacho ejemplar como Juan Cruz no merece otra cosa que pudrirse en la cárcel. No hay ningún atenuante. El axioma progre de que los delincuentes roban y matan porque son pobres es una cretina falacia. Basta preguntarles a los vecinos, también pobres, de esos delincuentes. Son quienes más sufren el delito, a menudo violento. Bajo las mismas condiciones sociales ellos trabajan, los demás eligen robar y, agravando aún más la cuestión, robarles primero (y cuando no asesinar) a quienes sobreviven de sus magros pero legítimos ingresos.
Pero lo que acabo de desarrollar es un argumento moral. Después podemos discutir si el “consecuencialismo” es efectivo o no. Las mediciones aquí y en países más avanzados en materia jurídica y de prevención del delito dicen que no. Pero medir la cuestión no es sencilla. La agencia humana no entra en una planilla Excel.
Sí es cierto, y me baso en los dichos de especialistas en la materia penal, que una persona que sale armada está dispuesta a todo, sea la pena de 10, 15 o 23 años. “Lo que busca es no ser atrapado”, me dice un amigo jurista que trabaja en el fuero federal.
En este punto, lo primero que se necesita entonces, antes de aumentar las penas (que, reitero, no dudo que deben ser aumentadas), es financiar a la policía de investigaciones y a las instituciones de peritajes: hoy no tienen monedas ni para comprar lupas… pero eso no parece estar en la agenda dirigencial. Y, más simple aún, sostener verdaderamente una policía comunitaria que conozca los barrios, que pueda proteger rápido al trabajador del ladrón, el narco y el asesino.
Siendo así, el punitivismo que declaman los políticos de hoy es lisa y llanamente, circo. Basta volver sobre el caso Juan Cruz: al compás de la opinión pública la clase política presionó a la judicial para que le dieran una pena ejemplar a quien fue menor cuando mató brutalmente al joven estudiante de Murphy. Y pasó lo que para ellos -y no para nosotros, y no su familia, porque no somos quienes tenemos el poder de modificar las leyes- debió ser obvio: la pena fue revertida por la Corte Suprema santafesina, no porque esta fuera abolicionista a lo Zaffaroni, sino porque el poder judicial debe seguir la ley y, lamentablemente, nuestras normas actuales dicen que no puede condenarse a quien cometió un delito siendo menor de edad a la máxima pena por tal crimen, en este caso 25 años (que también es poco para una bestia como la que acuchilló a Juan Cruz). Lamentablemente, a la actual letra del Código Penal no le importa que Lucas Ojeda sea un psicópata portador de un sadismo desmesurado. Es letra inerte.
Entonces, otro punto clave que evidencia la total falta de seriedad y la pura demagogia de nuestra dirigencia: exigen que los castigos frente a atrocidades sean lo más severos posible pero actúan fingiendo indignación sin siquiera analizar lo que dice el Código Penal. Eso sí, entre crimen y crimen sancionan leyes sobre banderitas departamentales, sobre ponchos santafesinos, mates de Totoras, días del ombú ribereño pintado al óleo y del dulce de leche isabelense con ananá. Berretas “vivas la patria” que se redactan en dos minutos por gente que cobra sueldos millonarios que pagamos todos.
Falta de financiamiento, falta si quiera la más mínima capacidad de legislar seriamente. Y ahora debemos escucharlos gritar “justicia” (¡otra vez!) después de que fuera su responsabilidad, y no la de los jueces y fiscales a los que de nuevo acusan a coro, hacer pasar a la familia de Juan Cruz Ibáñez por el kafkianismo berreta que finalizó esta semana con la reducción a 15 breves años de la condena a una bestia que podrá volver a salir a matar con apenas 35 años. Reducción que, repito, si ellos hubieran hecho lo que tenían que hacer, jamás se hubiera producido.
