Mauro CamillatoOpinión: sobre el aumento de las dietas de los concejales y la oportunidad elegida

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Por Mauro Camillato

El último miércoles nos enterábamos que los concejales venadenses votaban por unanimidad el aumento de sus sueldos. En realidad según las explicaciones dadas por los propios legisladores el incremento fue de un ítem de sus dietas que denominan “gastos inherentes a la función pública". Para ser más precisos ahora el ingreso básico de un concejal es de $ 8.016,51, a esa cifra se suman, después de la actualización hecha el miércoles, $ 4.391,61 en concepto de los mencionados gastos de funcionamiento. Además, se agregan $ 2800 destinados a los secretarios y/o asesores, que igualmente pasan antes por las manos de los ediles.

O sea, perciben en total $12.408,12, aunque los que no tienen secretarios se llevan al bolsillo $15.208,12 (un par de concejales no tienen secretarios).

Lo cierto es que, difundidos dichos datos, en los medios de comunicación, rápidamente se armó un fuerte debate que incluyeron voces de ciudadanos indignados atorando los teléfonos de las radios y declaraciones de los propios ediles, en las que parecían avergonzados y les resultaba muy difícil explicar el porqué del aumento. Algunos en realidad daban vergüenza con sus respuestas a las preguntas periodísticas.

Tampoco faltaron rápidas deducciones de periodistas que se subieron (o nos subimos) a la ola y aprovecharon para caerles a los políticos por sus altos sueldos.

A esta altura no hay duda que es necesario un fuerte debate sobre lo que ganan nuestros funcionarios y hasta dónde se perdió en el tiempo la idea del político como un “servidor público”, que en todo caso sacrificaba su vida por el bien común (resuenan siempre en estos casos los nombres de figuras excepcionales como Lisandro de la Torre o el Dr. Illia). Esta concepción pre moderna del dirigente hoy resulta anacrónica. Debe recordarse que, salvo por ciertas figuras muy destacadas, la política era antes cosa de élites que vivían de rentas agrarias. En este marco, también es importante no sumarse al discurso de la anti- política, al que siempre todo le parece que está mal, gane lo que gane un funcionario. Lo que se debe exigir es que ante una inevitable, y hasta cierto punto deseable, profesionalización de la política, se trabaje con dedicación, y se dejen atrás para siempre las concepciones patrimonialistas, que confunden los bienes públicos con los bienes privados (i.e. del funcionario).

Para ser más claros, ante un panorama en el cual la mayoría de la población no supera los $2500 mensuales en sus ingresos, que un concejal cobre $12.408,12 parece obsceno, sobre todo si continúan desarrollando su tarea privada -como es el caso de varios ediles-. Aunque también es importante destacar que si lo contrastamos con lo que ganan los legisladores provinciales o nacionales -que además poseen partidas de subsidios para repartir-, o con los funcionarios judiciales, quizás el monto no parezca tanto.

Otra comparación posible es con legisladores de otras ciudades de categoría parecida -no es válido hacerlo con localidades de tamaño menor- por ejemplo un edil de Rafaela cobra casi lo mismo que uno de Venado: algo más de $11.500, según nos confirmó Germán Bottero, concejal de dicha ciudad.

Ahora si el paralelismo lo hacemos con el intendente local, quién manifestó embolsar $ 14.777, también lo percibido por los legisladores parece injusto, teniendo en cuenta la dedicación que demanda el cargo ejecutivo.

Oportunidades

De todos modos lo que resulta inentendible es el momento elegido por los ediles para aumentarse su dieta. Ni siquiera los trabajadores municipales se encuentran en proceso de paritarias.

Pero además otro dato sorprendente es que quienes aparecieron proponiendo el incremento fueron los integrantes de la oposición. Y de esta manera lograron que la opinión pública y los medios de comunicación se terminarán enfocando en dicho aumento y dejaran de lado en la agenda otro tema que al oficialismo le costaba explicar.

Es que como nunca antes había sucedido, el gobierno de Freyre parece haber perdido la inocencia, después de las sospechas que quedaron rondando en el controvertido proyecto de la Zona Especial de Desarrollo Económico. Cabe recordar que dicho proyecto fue presentado por la Municipalidad para regular la instalación de un parque logístico propiedad de un inversor inmobiliario. Éste se adelantó en la compra del predio que iba a servir originalmente para la instalación del denominado Parque de Actividades Económicas municipal. Convirtiéndose lo que era un proyecto estatal en un fenomenal negocio privado (al mejor estilo de lo sucedido en época menemista). Para peor, "el privado" era el gestor inmobiliario encargado de realizar las tratativas municipales para la adquisición de los lotes que están hoy en su poder.

No se trata de un loteo cualquiera, ya que dada la regulación de la zonificación urbana, son varias las actividades económicas a las que la Municipalidad debe buscarles un nuevo lugar donde instalarse. El proyecto público implicaba generar una iniciativa de caracter cooperativo entre quienes deben trasladarse. El nuevo proyecto es un negocio concentrado en una sola persona. Se habla ahora de una cuantiosa multiplicación del precio de los mismos lotes que originalmente iban a tener un precio muy accesible.

A pesar que nadie puede realizar una rápida acusación sobre algún proceder ilegal, lo cierto es que la sensación que permanece es que el municipio “se distendió” (hay que ver hasta dónde esa distención fue adrede) y se dejó “primeriar” . El mismo Intendente aceptó que el negocio puede ser cuestionable “desde lo ético”, aunque aclaró que “no hubo venta de información, porque la zonificación especial del área era de conocimiento público”.

Pero de todos modos dos hechos refuerzan los posibles cuestionamientos sobre el tema. El primero, el oportuno silencio al que se llamó en secretario de Desarrollo Productivo Darío Mascioli, quien había sido el impulsor del proyecto estatal (llamado Parque de Actividades Económicas) y que no acepta ninguna pregunta periodística al respecto.

El segundo, la esmerada defensa realizada por el subsecretario de Planeamiento Guillermo Zampini, amparándose en que no se puede cambiar la legislación, para que el inversor privado no ceda el 15% de reserva de tierra al municipio. Zampini apeló al discurso de la seguridad jurídica (ese muy criticado por el kirchnerismo, varias veces con cierta justicia), aclarando que no se pueden cambiar las reglas de juego propuestas al inversor. Lo llamativo es que el proyecto municipal, remitido en el mensaje 053 aún no había sido aprobado, como corresponde, por el Concejo -los ediles estaban incautos sobre la iniciativa-, por lo que las únicas reglas trasgredidas por los cambios exigidos por los legisladores eran las apalabradas al inversor "adelantado" por la propia municipalidad que se dejó primeriar.

Cabe aclarar que según lo remarcado por el ejecutivo, dada la reglamentación existente no correspondería que el inversor ceda esa porción del terreno porque el predio se encuentra en zona rural. Pero lo cierto es que el proyecto aún no había sido aprobado, por lo que no sólo era legítimo, sino también legal el cambio de las normativas.

Mientras que los concejales de la oposición subrayan que al tratarse de un fenomenal negocio y dado las características del emprendimiento (más allá de en qué zona se encuentre) correspondería que se ceda dicha porción de tierra.

Más allá de las normativas existentes, lo que no se comprende es cómo, habiendo tanto por hacerse, Zampini insistía en no exigirle al inversor ciertas conseciones lógicas. En un contexto de reivindicación del rol interventor del estado, se dejaba caer a la autoproclamada gestión municipal kirchnerista en los peores vicios del "Estado bobo"

Desde un espontáneo discurso, Freyre intentó tanto desmarcarse de Zampini como defender el proyecto -él también recurrió a una no muy comprensible demanda de "seguridad jurídica"-, e improvisó ante la prensa una no muy clara posición intermedia. A diferencia de Zampini, sugirió que si bien el sector es zona rural, al tener una "afectación específica", el Municipio tener una mayor intervención y se le podría exigir otras contraprestaciones al privado. Más allá de las aclaraciones, lo real es que lo elevado al Concejo y lo dicho por el subsecretario de Planeamiento era prima facie abiertamente en defensa de un “fenomenal negocio” privado realizado por quien originalmente trabajaba al servicio Municipal.

Hoy el consenso en el Concejo, incluso entre legisladores oficialistas disgustados con el actual proyecto del Ejecutivo, es exigir que la zona sea declarada como suburbana, lo que obligaría al avispado inversor a ceder el 15 por ciento de los lotes al sector público local.

Lo cierto es que hasta aquí las explicaciones las tenía que dar el Ejecutivo y teniendo en cuenta lo declaraciones disímiles de Freyre y Zampini, no parecía fácil el lograr aventar suspicacias al respecto. Sin embargo los concejales de la oposición se encargaron de resolverle las cosas, ya que con la ocasión elegida para aumentarse las dietas consiguieron que los medios y la opinión pública se olviden del tema y hagan eje en cuánto ganan los integrantes del legislativo. Intendente y compañía agradecidos por el favor… si hasta la ocasión sirvió para que todos se compadecieran de qué poco se llevaba al bolsillo la máxima autoridad de la ciudad, a comparación de lo percibido por los “obscenos” ediles.

 

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