Mauro CamillatoOpiniónNo hay cámaras de seguridad que alcancen

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El último jueves el intendente Leonel Chiarella anunció la incorporación de 33 cámaras nuevas, que serán instaladas en corredores, accesos barriales y puntos estratégicos, sobre la base de criterios establecidos en la Mesa de Seguridad Pública. Estas se sumarán a las ya 55 existentes, o sea el sistema de videovigilancia de la ciudad contará con 88 cámaras.

En tanto, un día antes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de pobreza se ubicó en 40,9 % al cierre del primer semestre, lo que implica que unas 18,5 millones de personas en todo el país no logran cumplir con sus necesidades básicas. El incremento es de 5,5 puntos porcentuales respecto al 35,4 % de igual período de 2019 y representan el valor más alto desde 2004. Además, el índice de indigencia, alcanzó al 10,5 % en el primer semestre, lo que representa que 3 millones de argentinos son pobres cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para comprar la cantidad mínima de comida para la subsistencia. En el primer semestre del 2019 la indigencia alcanzaba un el 7,7 %.

Pero además el Indec, destacó que en el mismo periodo la economía en su conjunto cayó 19,1 %, la desocupación aumentó al 13,1 % y la inflación al 42,8 %.

A pesar que los datos de Instituto oficial no discriminan la situación puntual de Venado Tuerto (si lo hace con el aglomerado Rosario, donde los números son peores aún a los nacionales), no hay duda que nuestra ciudad no es una isla, y que las cifras son similares a la media nacional. Así, teniendo en cuenta los últimos datos oficiales que provienen del censo del Indec del 2010, por aquí somos 76.432 habitantes (no hay proyecciones oficiales sobre los posibles habitantes actuales pero se calcula que superaría los 83 mil). Por lo tanto, habría un poco más de 31 mil personas que son pobres, de las cuales, a la vez 8500 son indigentes. O sea, simplificando, esto significa que hay 31 mil venadenses que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, de los cuales 8.500 ni siquiera pueden comprar los alimentos para cubrir sus requerimientos de calorías (la Canasta Básica Alimentaria).

Así las cosas, más allá que podemos discutir el vínculo directo entre pobreza y delito, las cámaras de seguridad nunca van a alcanzar. En realidad, ningún dispositivo de control es suficiente cuando casi la mitad de la población es pobre y menos aún, si encima un 10 por ciento es indigente.

Inseguridad y pobreza

El vínculo directo entre pobreza e inseguridad es bastante discutible y hasta sostener este postulado puede ser funcional a la lamentable “criminalización de la pobreza”. En realidad, para ser más precisos no hay dudas que en sociedades donde más crece la inequidad o la desigualdad, también se incrementa la delincuencia.

No hace falta decirlo, pero por si acaso viene bien aclararlo, la mayoría de los pobres no delinquen y en todo caso también existe una importante proporción de integrantes de la denominada clase media o alta delincuentes. Pero, el tipo de delito que cometen uno y otro sector es diferente, los pobres son quienes cometen los delitos más difundidos y más penados (arrebatos, robos y otros); mientras los delitos económicos, financieros, administrativos, laborales, son llevados a cabo mayormente por “los ricos”.

Vale decir, a la vez, que más allá que la sociedad le teme mayormente a los delitos cometidos por los primeros (principalmente porque son más concretos y hasta físicamente visibles), son mucho más nocivos los realizados por los favorecidos del sistema.

De hecho, las cámaras de seguridad y todo el sistema de control existente están delineados para prevenir los delitos que cometen mayoritariamente los pobres. Es más la misma Justicia se encuentra diseñada en ese sentido, por eso las cárceles están repletas de pobres.

Pero, más allá de todo debate, no hay duda que la inequidad y la desigualdad son campo fértil para el crecimiento de la delincuencia.

Volviendo a los datos, aquí nomás a la vuelta de nuestras casas hay más de 31.000 venadenses que la están pasando mal. Una parte de ellos son hasta tercera generación de personas que no tienen incorporados la cultura del trabajo (o sea ni sus abuelos, ni sus padres tuvieron en algún momento un empleo estable). Es decir, son personas que acumulan sentimientos de frustración, envidia, resentimiento, y hasta un odio imposible de encausar.

Inseguridad y justicia

Así las cosas, no hay dudas que los problemas de seguridad no se van a solucionar solo con cámaras y tampoco con más patrulleros y efectivos en las calles.

Menos aún si la Provincia desmantela planes integrales como el Abre y el Nueva Oportunidad, solo por haber sido impuesto por la anterior gestión.

De la misma manera, el gobierno nacional en estos últimos días está más preocupado en agrandar la grieta con enfrentamientos espurios antes que insistir con la olvidada Mesa del Hambre o con el Consejo Económico y Social.

También es cierto que se necesita un poder judicial que esté a la altura de la circunstancia. En Santa Fe, luego de la reforma, el órgano más importante en la persecución del delito es el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dicho sea de paso en Venado Tuerto actualmente tiene llamativas falencias. Entre otras cosas, el MPA de la Circunscripción Judicial N° 3, tiene escasez de personal y uno de los fiscales (Mauro Blanco) en pleno proceso de investigación por el legislativo que podría culminar con su destitución.

De paso, a partir de mañana lunes hasta el 19 de octubre próximo está abierta la inscripción para el concurso de fiscal regional. En los pasillos judiciales proliferan las versiones sobre los posibles postulantes a este estratégico cargo. Entre los nombres que circulan se encuentra el de un exfuncionario municipal que actualmente tiene un lugar en el gobierno provincial. De confirmarse dicha versión, nada bien le haría a este organismo que necesita de una verdadera independencia del poder político.

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