Mauro CamillatoLa marcha atrás eléctrica y la audiencia que se viene: del “rompan todo” al “paz y amor”

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Después de tensar la cuerda hasta más no poder, la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) decidió dar “marcha atrás” y aceptar la necesidad de realizar la audiencia pública que habilite el aumento de tarifas. De esta manera dejaron de lado (¿por ahora?) la estrategia del “romper todo” y aparece la nueva vinculada a la “paz y amor”.

El martes a las 20 se desarrollará en el Teatro Ideal la audiencia pública para la cual se inscribieron para ingresar 178 personas, 40 de ellas para realizar exposiciones. Cada orador tendrá cinco minutos para expresarse -no hay devolución- con la excepción de los representantes del poder concedente y de la prestataria del servicio, quienes no tendrán límite de tiempo. Al cierre, cada posición quedará plasmada en un dictamen que no será vinculante, por lo tanto el aumento tarifario tendrá vía libre.

Giro de 180 grados

El giro de 180 grados de la estrategia eléctrico es evidente y entre otras cosas incluye el cambio de interlocutor con la clase política y hasta con los medios de comunicación. Ahora no es más el irascible y provocador titular de Luz y Fuerza, Jorge Viano, el que se encargó de ser el vocero, como sucedió cuando decidieron salir con “los tapones de punta” y ni siquiera es el más técnico y rígido gerente Alberto Corradini, sino apareció el hasta ahora casi invisible presidente del Consejo de Administración Ademar Aznar. Es que Aznar, a pesar que fue uno de los que salió previamente por los medios a alertar que la decisión judicial tomada por la jueza Celeste Rosso estaba provocando la ruina financiera de la CEVT, aparece para los dirigentes políticos como alguien con un perfil más componedor que los anteriores.

A esta altura es necesario recordar que antes que los Eléctricos definieran aceptar realizar la audiencia pública habían intentado inexplicablemente recurrir a acciones judiciales con la clara intención de romper todo. Así en los primeros días de junio la Municipalidad recibió dos notificaciones de acciones de la CEVT, por un lado un recurso de revocatoria administrativo tendiendo a que se declare la nulidad absoluta a la ordenanza 4859/16 que prevé el régimen de audiencias públicas y su decreto reglamentario; y por el otro una presentación judicial contra dos ordenanzas: la que crea las audiencias públicas en la ciudad y la que convocó a la Comisión Redactora.

Mientras un par de días anteriores se encargaron de enviar una nota al Concejo Municipal donde alertaron que podrían ingresar en cesación de pagos y por ende en la posibilidad de no poder prestar más el servicio.

El  rápido reproche a tal actitud de todos los sectores políticos (incluido un oficialismo municipal siempre más proclive al diálogo), de la propia opinión pública y hasta la salida de la jueza Rosso quién desestimó el argumento de la cesación de pagos recordando que en su resolución ponderó los posibles problemas económicos que podría tener la entidad, hicieron que la  CEVT se encontraran en un laberinto difícil se salir.

La nueva estrategia

Mientras habrá que esperar que sucederá en la esperada audiencia pública que podría terminar en una inmensa catarsis. De hecho vale recordar que la decisión de la misma no es vinculante y por ende, a pesar de su importante valor simbólico y hasta institucional, lo más posible es que el aumento quede finalmente firme.

Pero más allá de este dato, lo más importante es ver que pasa de aquí en más y si  este cambio de actitud eléctrico continúa en el tiempo. Es que el árbol no tiene que tapar el bosque, ya que la problemática de fondo sigue siendo el precario contrato de concesiónEse que este tiene su origen en el decreto/ordenanza 1145/83 sellado el 21 de octubre del 83 (a pocos días del final del gobierno de facto) que otorga la concesión del servicio de prestación de energía eléctrica por 20 años a la CEVT, y que luego en plena democracia en 1999 fue confirmado mediante la ordenanza Nº 2726  y extendido su vigencia por 18 años más. Dicha normativa tiene sólo seis páginas (una simple comparación para tener en cuenta, el contrato de concesión de la Cooperativa de Obras Sanitarias supera las 220 páginas)  y le permite literalmente “hacer lo que quiera”, casi sin obligaciones y por supuesto autoriza a la entidad a fijar la tarifa sin necesidad de consultar a nadie.

Ese es la problemática de fondo que hay que cambiar urgente para que los Eléctricos no sigan “haciendo lo que quieran” y que en todo caso se adapten a la realidad de una entidad cooperativa que presta un servicio público esencial para la vida de una comunidad  y por ende necesita de la mayor transparencia posible. Y esa transparencia sólo es viable en un sistema democrático representativo, si existe un adecuado control del Estado.

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