Por Mauro Camillato
Ayer por la tarde se presentaron ante el juez Eduardo Bianchini las primeras pericias realizadas por la división Asuntos Internos de la policía santafesina en la causa que se investiga las amenazas recibidas por el fiscal Eduardo Lago. Cabe recordar que dicha dependencia policial secuestró el libro de guardia y los celulares de los integrantes de la Brigada antinarcótico de nuestra ciudad, para averiguar si los llamados amedrentadores hacia el fiscal salieron desde esos aparatos telefónicos. Si bien no existe parte oficial sobre los resultados de las pericias, existen versiones que indicarían que no se encontraron indicios de que las llamadas hayan salido de los celulares policiales. El juez habría peticionado nuevas investigaciones para intentar comprobar el origen de las llamadas. Lo cierto es que el caso parece tener todavía varios capítulos más por desarrollar, pero para intentar aclarar el confuso y enmarañado caso, lo que sigue es una crónica de lo sucedido.
La separación temporaria de Alejandro Druetta y de los demás integrantes de la Brigada antidrogas de Venado Tuerto ha provocado un maremoto político institucional en la provincia de Santa Fe. Un maremoto que ha tenido en estos días: acusaciones cruzadas, comunicados de partidos políticos, comunicado de colegio de Magistrados, denuncias públicas realizadas a medias, diversas presentaciones judiciales, sospechas de las más variadas conspiraciones, silencios cómplices, debates sobre la historia santafecina, protagonismo exagerado de funcionarios judiciales y políticos, etc,etc. Y en el medio la opinión pública, (la gente común) que no termina de comprender de que se trata todo esto, aunque si hay algo que todos tienen (tenemos) claro: “el caso no huele bien”.
Cabe recordar que Alejandro Druetta y los suyos fueron corridos temporariamente luego de que el juez de Instrucción en lo Penal Eduardo Bianchini ordenará secuestrar en la sede de la brigada los celulares y del libro de guardia. Dicha medida fue tomada por el magistrado luego que el fiscal Eduardo Lago denunciara haber recibido llamadas telefónicas intimidatorias en el celular oficial. “Córtala con los vagos de drogas” fue una de las amenazas recibidas, a partir de ahí y teniendo en cuenta que dicho funcionario judicial tiene en sus manos una causa vinculada a la brigada de drogas, el juez decidió que eran elementos suficientes para ordenar secuestrar los celulares y el libro de guardia en la sede policial.
Ahora para ser lo más certero posible iremos despejando la información y el papel jugado de cada uno de los actores.
El papel de Lago
El fiscal en el caso apareció como la victima, pero con el correr de los días desde el gobierno provincial se comenzó a tejer sospechas sobre su participación.
Como remarcamos líneas atrás el funcionario judicial fue quien hizo la denuncia de haber sido amenazado telefónicamente. Aunque en un primer momento se dijo que podía haber elementos certeros para incriminar a los policías, pero hasta el momento el único indicio es el contenido del llamado. Por otro lado desde la investigación sostienen que el llamado ingreso a un celular oficial de la fiscalía, y el número de dicho aparato hipotéticamente solo lo tienen policías o pares de la justicia.
Ahora el tema a desentrañar es el porqué de las amenazas, es decir si existían motivos suficientes para que ellas ocurran. En este sentido es importante aclarar, que Lago investiga una causa que es periferica de un procedimiento de detección de un presunto narcotraficante (Andrés Ascaini) en Villa Cañás . Es decir la posible venta de drogas es un delito federal, por ende le corresponde el juzgamiento a la Justicia de dicho fuero. Pero en el procedimiento también se incautó un revolver y la posesión de arma es un delito que le corresponde al fuero provincial. Allí ingresa la causa al juzgado de Instrucción en lo Penal donde Eduardo Bianchini es el magistrado y Eduardo Lago es el fiscal. Ahora, la investigación de la posesión de armas aparece como una causa menor en el contexto de una mayor como la de venta de drogas, y la pregunta que se hacen desde ámbitos políticos es sí existe algo dentro de dicha investigación que moleste a los integrantes de la Brigada de drogas y en consecuencia los lleve a amenazar al fiscal. En primera instancia, parece que no, sobre todo porque ni siquiera existe una hipótesis de posible “plantamiento” del arma por parte de la policía (estaría comprobado que es arma era del detenido). También en el mismo juzgado existe otra causa que podría involucrar a los integrantes de la brigada que es el de otras llamadas amenazantes, en este caso a la mujer de Ascaini.
Por otra parte, lo que sorprendió fue además el alto protagonismo que eligió Lago quien comenzó un raid mediático en el cual realizó diversas declaraciones, haciendo alusiones por la cual culminó siendo denunciado por el gobierno provincial.
El papel del gobierno provincial.
El Ejecutivo santafesino apenas recibida la orden del juez Eduardo Bianchini del secuestro de los celulares y del libro de guardia de la brigada, eligieron correr temporariamente a todos sus integrantes.
De todos modos, luego del estupor del comienzo comenzó a “sospechar” de las intenciones del fiscal. Es que sostienen que no encuentran la lógica a semejante movida, como tampoco a la decisión de este último de realizar declaraciones polémicas. Así resolvió casi de manera extemporánea salir al cruce del funcionario judicial, quien en sus declaraciones mediáticas dijo que la policía se maneja como las patotas de la dictadura militar. Primero fue el ministro de Gobierno Rubén Galassi, quien lo critico mostrando su currículum, recordándole su pasado como funcionario del gobierno de Reutemann y su elección como fiscal a través de una acordada de la Corte Suprema sin concurso alguno. De paso le endilgó su procedencia partidaria (desde diversos ámbitos existe la versión que Lago hasta tenía de ringstone de su celular la marcha peronista). Estas declaraciones del ministro de Gobierno provocaron comunicados de repudio del colegio de Magistrados de Santa Fe, del PJ y hasta del PRO.
Pero Galassi no fue el único del gobierno que se encargó de responder a Lago, también lo hizo el ministro de Justicia Juan Lewis y el secretario de Control del ministerio de Seguridad de Santa Fe, Matías Drivet fue más lejos y acudió al juzgado para pedir que se investiguen las declaraciones realizadas.
Es que desde el gobierno provincial manejan dos hipótesis difíciles de comprobar. Por un lado piensan que Lago forma parte (voluntaria o involuntariamente) de una interesada operación política de un sector del PJ. Y por otro creen que el alto protagonismo del funcionario judicial se debe a sus pretensiones de ser fiscal de Cámara.
Con respecto a la primera hipótesis la relacionan con el operativo en el cual la Brigada Operativa de Drogas, a cargo del subcomisario Alejandro Druetta, dijo haber incautado en junio casi cuatro kilos de droga a cuatro personas en Firmat. En dicho operativo además de detener a Aldo César Orozco (apodado Totola) un reconocido personaje de aquella ciudad fuertemente sospechado de estar vinculado a la venta de estupefaciente, también apresaron a dos abogados, Carlos Villalba y Ariel Cignoli, acusados de agredir a los policías. En especial imputan a Villalba de pegarle desde atrás a Druetta. Este último profesional es un reconocido militante y hasta fue apoderado del PJ. De hecho, “casualmente” un día posterior al desplazamiento de la Brigada, el juez federal Carlos Vera Barros declaró nulo por las insalvables anormalidades del acta realizada en el operativo y todos los imputados del caso quedaron libres. En la provincia sospechan de esa casualidad.
Más alla de todo lo dicho y de las sospechas el gobierno santafesino, tambien se tiene que hacer cargo de una policia que esta lejos de ser la “ideal” y que comete “errores” en los procedimientos que culminan haciendo caer las causas. La urgente y profunda reforma policial es una necesidad imperante que no puede dejarse de lado.
El papel de Alejandro Druetta y su Brigada
Alejandro Druetta apenas llego a Venado Tuerto realizó un operativo en Villa Cañás que le brindó una rápida fama. De todos modos ya en ese procedimiento empezaron las sospechas sobre los métodos utilizados, de hecho en una entrevista realizada en el programa La Cocina, para que la realidad no sea tan cruda (miércoles a las 22 por canal 8 VT) desnudo algunas suspicacias.
De todas formas Druetta comenzó a cimentar una fama de policía eficaz que reafirmó con una seguidilla de operativos antidrogas nunca antes vistos en la región (los dos más reconocidos fueron los mencionados de Vila Cañás y de Firmat). Pero en la mayoría de estos operativos, la justicia federal terminó dictaminando ciertos “errores” de procedimientos .De hecho por esos “errores” se cayó el caso de Firmat. Lo cual remarca una paradoja, los detenidos terminan quedando libres.
Además parece que Druetta ya es reconocido en ámbitos de la justicia Federal, ya que lo mismo le había pasado en anteriores destinos. El periodista Hernán Lascano en nota del diario La Capital antecedentes similares de casos en Rosario y Villa Constitución.
Lo cierto es que el aparente “duro” agente policial fue apoyado apenas llegó a nuestra zona por entidades intermedias (la Sociedad Rural y el Centro Comercial), por comunas, por legisladores y hasta por la intendencia venadense por su eficacia. Es así que luego de desplazado estos mismos salieron a reclamar por su vuelta. Algunos de forma cerrada, como lo hicieron los legisladores maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico. Por su puesto, que ahora su desplazamiento no tuvo que ver con sus “errores” en los procedimientos, sino por las amenazas denunciadas por Lago. De tal forma, que si se confirma que no se le puede encontrar pruebas que lo involucren (a él o a integrante de su brigada) directamente con esas llamadas, lo más posible es que vuelva, hasta casi como un “héroe colectivo”. Con lo que sí es verdad que existió una maniobra para desplazarlo, el resultado podría ser completamente opuesto al buscado.
Ahora, desde el poder político tendrán que evaluar la disyuntiva de seguir “bancando” a alguien que comete semejantes errores en sus operativos, pero que por lo “menos hace algo” a diferencia de lo que pasaba hasta su llegada.
Como dice Lascano en la nota subrayada: “Este es el problema. Si un funcionario policial detiene a auténticos narcotraficantes con estos métodos serán ellos, y no los jueces que ordenan liberarlos, los responsables de que esos individuos que actúan contra la ley vuelvan a la calle. Sin métodos limpios las acusaciones caen”.
Lógica contraria a la sostenida por Enrico y Pullaro que salieron a criticar a los jueces federales sin tener en cuenta este “detalle”.
El papel de Freyre
El intendente local fue uno de los que manifestó un cierto apoyo a Druetta después de desplazado, aunque argumentó que habría que investigar si existieron irregularidades en los procedimientos. Freyre también denunció haber sido amenazado y por dicha declaración tuvo que declarar ante el juez Bianchini, ya que la fiscal Silvina Lujan Marinucci tomo el caso de oficio.
El mandatario además reclamó a la provincia una política clara en el tratamiento del tema narcotráfico, sin deparar en ningún momento que el tema drogas es un tema federal (en todo caso la provincia se inmiscuye de comedido y hasta podría elegir no tener una brigada antidrogas) y que principalmente es incumbencia de la policía federal y de la gendarmería, dependiente del gobierno nacional. Y que se recuerde ninguna de las dos reparticiones han realizado procedimientos al respecto en los últimos tiempos en nuestra región.
El papel del juez Eduardo Bianchini
El magistrado tiene en sus manos la causa de amenaza de Lago, pero también tiene las anteriores de posesión de armas de Ascaini, las presuntas amenazas a la mujer de este último; y ahora sumó la denuncia de Freyre de amenazas, y la del gobierno provincial en contra del fiscal para que demuestre sus dichos sobre el accionar de la policía provincial.
Cabe destacar que hasta el momento parecía Bianchini parecía quedar fuera de toda polémica, pero el ministro de Justicia Juan Lewis fue el primero en referirse a él cuando ante una pregunta del cronista de Venado 24 aceptó que “me llama la atención que con tan pocos elementos se hayan tomados medidas de consecuencias tan graves”. Se refiere al procedimiento por el cual ordenó secuestrar los celulares y el libro de guardia de la brigada.
Aunque entre otras cosas el magistrado no es criticado fuertemente por que fue nombrado durante la administración del Frente, bajo los nuevos métodos de elección. Es más desde la provincia, dicen que fue “presionado” por Lago para tomar la medida. También es importante aclarar que en todo caso la que pidió la medida es la fiscal a cargo de la causa, Silvina Lujan Marinucci.
Claro que si se confirma que sí finalmente no se encuentra ningún dato que involucre a Druetta y su brigada, el papelón de semejante medida puede de alguna manera “enturbiar” el muy buen trabajo que hasta el momento estaba realizando (según sus pares) Bianchini desde que se hizo cargo del juzgado. Encima después tendrá que dirimir la denuncia presentada por la provincia contra el fiscal Eduardo Lago.
Foto portada: juez Eduardo Bianchini