Como conclusión del duro 2020, en el cierre de la nota de fin del año escribí: “El 2021 no puede ser peor, espero que esta vez no me equivoque”. 12 meses después es difícil concluir si acerté o no con lo dicho, pero lo seguro es que el 2021 no fue nada fácil. Encima, culmina de la peor manera, con una tercera ola de una pandemia que se resiste a desaparecer haciendo de las suyas. Posterior de un breve descanso de meses, donde parecía que podíamos volver a la “normalidad”, el bicho reapareció a hacer de las suyas y las cifras de contagios crecieron exponencialmente. Ayer, 30 de diciembre, según el reporte oficial de la provincia de Santa Fe fueron 101 contagios, y encima se sumó otra muerte de una persona que padecía la enfermedad.
Así las cosas, solo refiriéndonos a lo sucedido en nuestra realidad más cercana, en nuestro Venado Tuerto, el dato político más trascendente fue el armado de una nueva coalición oficialista, Primero Venado, que se impuso con holgura en las elecciones locales. A su vez, Jorge Lagna se convirtió en el primer venadense (en realidad nació en Murphy, pero residió la mayoría de su vida por acá) que llega a ser ministro provincial desde la vuelta de la democracia.
2021 también será recordado como el año en donde se comenzó a construir la soñada autopista de Rufino a Rosario, aunque el ritmo de avance de obra sea casi ridículo.
Por su parte, la elaboración y aprobación del nuevo contrato de concesión con la Cooperativa Eléctrica significó el fin una de las deudas más importantes que tenía la democracia venadense.
Asimismo en la justicia local tuvieron movimiento causas emblemáticas que hicieron ruido. Por un lado, el progreso y retroceso de la megacausa inmobiliaria, la condena a un exfiscal y el cierre con la imputación de los exdirectivos de Amsafe.
Primero Venado
No hay dudas que el dato político del año a nivel local fue el fortalecimiento del oficialismo que logró un contundente e histórico triunfo en las elecciones legislativas. De este modo, se confirmó el éxito de la riesgosa jugada de crear un nuevo frente denominado “Primero Venado”, que unificó el viejo Frente Progresista sumando a un sector del PRO y algunos independientes.
Así las cosas, este nuevo esquema del poder en Venado Tuerto necesitará afianzarse teniendo en cuenta las lógicas disidencias ideológicas de los partidos que componen la novedosa coalición. Sobre todo, porque son muchos los ojos de la política grande santafesina que los están mirando para evaluar si es posible reproducir “el frente de frentes” a nivel provincial.
Lagna, el primer ministro provincial venadense
Desde aquel momento hasta hoy no fueron pocas las peripecias que tuvo que atravesar el venadense en el cargo más caliente de la administración provincial. De hecho, la violencia en Rosario y en la ciudad de Santa Fe no para, y encima tuvo que afrontar el escandalo de los allanamientos a la sedes del Ministerio en el marco de las causas que investigan presuntas escuchas ilegales e irregularidades en licitaciones realizadas por la anterior conducción.
Lo cierto, es que más allá de todo y de las innumerables versiones que circularon sobre su relevo, Lagna resiste y todavía se encuentra frente a la cartera. En los últimos días del año logró que la legislatura le votará la ley de emergencia seguridad pública y en el Servicio Penitenciario de la provincia. Dichas normativas, pueden convertirse en una oportunidad o en todo caso, en un fracaso. Es que ahora, la oposición que le votó las leyes le exigirá rápidos resultados.
Autopista de Rufino a Rosario
Tras la firma del acta realizada el jueves 6 de mayo en Rufino, una semana después se puso en marcha la obra de la autopista 33, con los primeros trabajos que corresponderán al corrimiento de alambrados de unos cinco kilómetros en adyacencias de Tarragona. Así después de un largo reclamo que comenzó institucionalmente hace 17 años con la formación de la Comisión Plan Autopista, se iniciaron los primeros 72 kilómetros que van desde Rufino hasta el acceso a San Eduardo. La ejecución está a cargo de la UTE conformada por Rovella Carranza y Cartellone, con un presupuesto de 15.200 millones de pesos y un plazo de cumplimiento de tres años.
Por supuesto, lo que comenzó es la construcción de solo de un tramo menor de una obra que tiene tres más pendientes para llegar a conectar Rufino y Rosario. Encima por ahora todo viene demasiado lento.
En ese sentido, el senador provincial, Lisandro Enrico insiste en reclamar que se abra un nuevo frente de obra que permita acelerar los trabajos.
Concesión eléctrica
“Es un día histórico para la ciudad, uno de los más importantes desde el retorno de la democracia”, afirmó el intendente Leonel Chiarella el 29 de octubre último luego de estampar su firma en el nuevo contrato de concesión del servicio eléctrico. El acto se desarrolló en las instalaciones del Concejo Municipal, donde el mandatario estuvo acompañado por todos los ediles y sentado junto a la presidenta Emilce Cufré y las autoridades de la Cooperativa Eléctrica (CEVT).
Cabe recordar que la precaria concesión que hasta ese día tenía la CEVT fue sellada a través de la ordenanza 1145/83 el 21 de octubre del 1983, pocos días antes del fin del gobierno de facto. En 1999, en plena democracia fue confirmado mediante la ordenanza Nº2726 y extendido su vigencia.
Más allá de ciertas falencias del contrato, por lo menos se logró elaborar y firmar uno nuevo que reemplaza el anterior. Vale la pena rememorar que aquel tenía solo seis páginas y, entre otras cosas le permitía a la CEVT manejarse a su antojo, casi sin posibilidades de control del poder concedente.
Megacausa inmobiliaria
El 16 de abril el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori confirmó la sentencia convenida en procedimiento abreviado de seis años y seis meses de prisión efectiva para el abogado Antonio Di Benedetto, en la causa que se lo investiga por ser el cabecilla de la asociación ilícita que realizó operaciones defraudatorias con inmuebles urbanos y rurales en el sur de la provincia. Además, se le impuso la inhabilitación por cinco años para ejercer su profesión, el cumplimiento de una reparación de daño a las víctimas por una cifra de $3.500.000 y el pago de las costas judiciales con un valor $1.500.000.
También fueron condenados por procedimiento abreviado el gestor, Raúl Jaime (5 años de prisión efectiva y pago de reparación de daño); María de los Ángeles Sarría (4 años de prisión efectiva); Luis Restovich (4 años de prisión efectiva); Danisa Elisabet Pintos (4 años de prisión efectiva); el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale (3 años de prisión condicional, 6 años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño).
De esta manera, se cerraba una causa que arrancó en el año 2017 con una investigación realizada por el gobierno provincial que derivó en una denuncia ante Fiscalía por presunta estafa inmobiliaria con la venta de campos en el sur provincial y otras seis propiedades por un valor estimado de 200 millones de pesos.
Como resultado de dicha decisión, el reconocido abogado venadense goza hoy de una breve libertad y hasta volvió a ejercer la profesión. De todos modos, el juicio oral que se llevará a cabo en los próximos meses, puede culminar determinando penas más contundentes para todos los acusados.
Fiscal condenado
El 16 de abril último fue detenido el fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco. El procedimiento se dio en el marco de la causa que investiga el fiscal de Reconquista Leandro Mai. Blanco estaba suspendido en sus funciones luego que la Justicia federal de Venado Tuerto detectó el vínculo con un comercializador de drogas. Además, se sumó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y una denuncia penal en función de tres delitos contemplados en el Código Penal: encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.
Psteriormente, en juicio abreviado desarrollado el 14 de septiembre, el exfiscal Mauro Blanco acordó una pena de tres años de ejecución efectiva. El juez de Primera Instancia, Adrián Godoy fue quien ratificó dicho acuerdo y acreditó como probables las acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de deberes de funcionario público y revelación de información secreta.
En tanto, diez días después en sesión conjunta de Senadores y Diputados de Santa Fe se definió la destitución de Blanco de su cargo de fiscal y se lo inhabilitó para intentar concursar por diez años.
Imputación de exdirectivos de Amsafe
Ya sobre el cierre del año, el 27 de diciembre, se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto la audiencia en la cual se imputó por administración fraudulenta al exdelegado titular de Amsafe departamento General López, Alberto Maurino y a su exadjunto, Leandro Gonzalo. Al primero además se le atribuye el delito de invocar calidad simulada. El fiscal a cargo de la causa es Damián Casullo.
El proceso había arrancado con la denuncia perpetrada a finés de junio del 2016 por el actual delegado del gremio docente, Javier Delgado, a poco de asumir sus funciones. En aquella oportunidad, denunció que la comisión anterior antes de retirarse realizó movimientos en efectivo por más de 4,5 millones de pesos.
Para los primeros días de febrero se realizará la audiencia cautelar y posteriormente quedará esperar el avance del proceso.
Por ahora, tanto la causa de Blanco como la de los exdirectivos de Amsafe (más allá que en esta última se culmine comprobando la existencia de delito y por ende una posterior condena), traen un poco de aire fresco a la discutida justicia que esta vez no solo juzgó a “los de siempre”.