Siete días después del reciente acto eleccionario, la apatía de los santafesinos sigue siendo el dato clave para cualquier análisis. En nota realizada poco después de conocidos los resultados provisorios (aún resta concluir el escrutinio definitivo, que podría arrojar alguna leve variación), sosteníamos: “La gran incógnita que deja esta elección es si la reforma constitucional —una de las decisiones institucionales más trascendentales en décadas— podrá debatirse con profundidad democrática en un clima donde la mitad de la ciudadanía ya no se siente parte del proceso”.
Para fundamentar esta pregunta, basta observar los números: en Venado Tuerto votó solo el 47,20% del padrón, en el departamento General López apenas un poco más, con el 52,17%, mientras que a nivel provincial la participación alcanzó el 55,61%. Es decir, casi la mitad de los santafesinos no acudió a las urnas. La población no mostró interés en elegir a quienes reformarán una constitución con más de seis décadas de antigüedad, ni tampoco se sintió motivada por la definición de candidaturas locales para las elecciones generales del 29 de junio.
En este contexto, resulta pertinente recordar la distinción de Max Weber, uno de los padres fundadores de la sociología moderna, quien diferenciaba entre legalidad y legitimación. La primera se refiere a la creencia en el derecho a ejercer el poder, mientras que la segunda es el proceso por el cual se construye y sostiene esa creencia. Es decir, un poder puede ser legal, pero si no logra generar consenso y aceptación social, su legitimidad se erosiona. Por lo ocurrido el domingo pasado, la legalidad para reformar la Constitución está, pero la legitimación social aparece en duda.
De este modo, el mapa de representación de los convencionales pone en cuestión el carácter plural y equitativo del cuerpo encargado de redactar la nueva Carta Magna. La sobrerrepresentación de Rosario y Santa Fe en detrimento del extremo sur y del norte provincial es evidente, como también lo es la falta de paridad de género.
Con 33 bancas sobre 69, el oficialismo liderado por Maximiliano Pullaro tendrá un rol central en la reforma. Lo sigue el peronismo con 12 convencionales, La Libertad Avanza con 10, Somos Vida y Libertad con 7, Activemos con 4 y el Frente de la Esperanza con 3. Pero más allá de la disputa partidaria, el reparto territorial deja un dato clave: el 86% de los convencionales electos provienen de los departamentos Rosario y La Capital. Según los números difundidos por el abogado electoral Jorge M. Zárate, de los 50 representantes surgidos del distrito único, 33 son del departamento Rosario y 10 de La Capital. Esto implica que 11 departamentos —entre ellos General López, San Cristóbal, Vera, San Javier, Las Colonias, Iriondo, 9 de Julio, San Martín, San Lorenzo, Caseros y Castellanos— solo tendrán voz en el debate constituyente por el único electo por la lista departamental.
La situación del departamento General López y de Venado Tuerto en particular, resulta especialmente llamativa. A pesar de ser el tercer distrito en importancia de la provincia y de haber incrementado ostensiblemente desde el 2023 su participación en el Ejecutivo y en el Legislativo, no logró ubicar candidatos competitivos en las listas de convencionales por distrito único. Venado Tuerto —la ciudad más importante del sur santafesino— no tuvo representantes propios ni siquiera en lugares expectables. A su vez, más allá de la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro —nacido en Hughes pero alejado de la realidad local por su rol institucional— y de la socialista Lionella Cattalini, oriunda de Villa Cañás pero con carrera política en Rosario, no hubo figuras del departamento General López con chances reales de ser parte del proceso constituyente. La única excepción es la del actual ministro de Obra Públicas, Lisandro Enrico que fue elegido por la categoría departamental.
Incluso en la reforma constitucional de 1962, Venado Tuerto estuvo representado por dos convencionales: Rodolfo Lo Valvo y Antonio Roberto Martino. La ausencia actual revela una pérdida de peso político que no se condice con el tamaño ni la relevancia económica y social del departamento. Se trata de un retroceso respecto a los logros obtenidos en los últimos años.
Así, esta concentración de convencionales con origen en Rosario y Santa Fe, reproduce una lógica centralista que contradice el principio federal, uno de los pilares constitucionales de la provincia. ¿Es posible diseñar una Constitución para todo el territorio sin incorporar las miradas, demandas y prioridades del norte y sur profundo de la provincia? ¿Qué nivel de legitimación puede tener una reforma que excluye —de hecho— a vastas regiones del mapa santafesino?
A este desequilibrio geográfico se le suma otro no menos grave: la falta de paridad de género. El cuerpo reformador quedó conformado por 43 hombres y solo 26 mujeres. Aunque representa un avance respecto a procesos anteriores, la distancia con la paridad efectiva sigue siendo significativa. La reforma que promete actualizar los derechos, ¿no debería comenzar aplicando el principio de igualdad en su propia conformación?
La sobrerrepresentación de las zonas más pobladas, la exclusión territorial, la desigualdad de género y, principalmente, la baja participación ciudadana —que fue particularmente marcada en departamentos como General López— configuran un escenario donde la legitimidad del proceso se apoya más en la legalidad formal que en una legitimación social activa.
Como sea, lo sucedido debería ser un llamado de atención para una dirigencia política que se aleja cada vez más de “la gente”. La reforma de una Constitución que tiene más de 62 años era la oportunidad para plantear nuevos debates de cara a la sociedad, pero se priorizó una disputa entre partidos y dirigentes.
Para el oficialismo, el objetivo —ya ni siquiera oculto— fue lograr la posibilidad de la reelección del actual gobernador. Para la oposición, apenas una oportunidad para disputar espacios de poder y posicionamientos con vistas a los próximos comicios.
Frente a ese escenario, casi la mitad del electorado optó por no participar. Una señal clara, que no puede ni debe ser ignorada. La reforma puede avanzar en términos legales, pero su legitimidad estará en deuda mientras no se garantice una representación plena, federal, equitativa y democrática.