El apagón del viernes tuvo algo distinto a todos los anteriores: no hubo excusa a mano. Cuando el sur santafesino se quedó a oscuras el 30 de diciembre pasado, al menos existía una explicación aparente (insuficiente, pero explicación al fin) vinculada al consumo eléctrico disparado por el calor extremo, con los aires acondicionados funcionando a pleno. Esta vez no. Estamos en pleno invierno, con temperaturas que no exigen nada extraordinario a la red, y el corte ocurrió igual.
Además, como ocurre en todo el país, Venado Tuerto y la región atraviesan una coyuntura productiva compleja, con caída de la producción, pérdida de empleo industrial y una capacidad instalada operando por debajo de su operatividad. Es decir, la demanda fabril está lejos de exigir al máximo el sistema.
Si el corte se produjo de todos modos, con un consumo residencial moderado y una industria funcionando muy por debajo de su potencial, el diagnóstico parece inevitable: el problema ya no es la demanda. El problema es la infraestructura.
Una falla que se parece demasiado a la anterior
Otra vez, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) brindó escasas explicaciones. Tampoco la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto pudo aportar mayores precisiones.
La EPE apenas publicó un breve comunicado en sus redes sociales donde atribuyó el corte a una falla en la línea de 132 kV que abastece a Firmat, Venado Tuerto y Rufino, detectada poco después de las 8 de la mañana. El servicio recién comenzó a normalizarse casi dos horas después.
No es la primera vez que esa línea queda en el centro de la escena. El antecendente más cercano ocurrió el 30 de diciembre del año pasado fue aún más grave: la explosión y posterior incendio de un transformador en la estación de Firmat dejó sin suministro durante ocho horas a toda la franja comprendida entre Casilda y Rufino.
Los dos apagones regionales ocurridos en apenas seis meses dejan al descubierto una fragilidad que ya no puede considerarse excepcional. El sistema de transporte eléctrico del sur santafesino vuelve a demostrar una escasa capacidad de respuesta frente a contingencias. Después de dos episodios de estas características en apenas seis meses, la EPE tiene la obligación de explicar si las inversiones y tareas de mantenimiento realizadas fueron suficientes para reducir el riesgo de nuevas interrupciones.
Una obra que ya se licitó una vez
Pero el impacto de estos episodios sería muy distinto si se hubiera concretado la largamente postergada línea extra de alta tensión de 500 kV entre Río Diamante, en Mendoza, y Coronel Charlone, con sus correspondientes conexiones regionales.
Hoy el sur santafesino se abastece prácticamente a través de un único corredor eléctrico proveniente de Rosario. La nueva línea permitiría incorporar una segunda vía de alimentación desde el oeste. En términos simples: cuando una línea falla, la otra puede mantener el suministro. Ese es el verdadero sentido del “cierre del anillo” que desde hace más de una década reclaman técnicos, cooperativas y dirigentes de la región. La concreción de esa obra no eliminaría por completo la posibilidad de fallas, pero sí habría incorporado una vía alternativa de abastecimiento, reduciendo de forma considerable el impacto de un evento como el registrado esta semana.
Lo paradójico es que este proyecto tampoco es nuevo. Ya tuvo un llamado a licitación nacional que fue dejado sin efecto mediante la Resolución 124/2020. Se trata de una obra de enorme magnitud: 487 kilómetros de línea de 500 kV, otros 422 kilómetros de líneas de 132 kV, una nueva estación transformadora en Charlone y conexiones hacia Rufino, Laboulaye, General Villegas, General Pico y Realicó. El plazo de ejecución previsto era de apenas 36 meses. Es decir, la obra que hoy vuelve a reclamarse como urgente ya había comenzado su camino administrativo y quedó truncada.
Cinco años después, en febrero de 2025, los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, retomaron el reclamo con una nota conjunta al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtiendo que sin esa obra la red seguiría en estado “crítico”. No hace mucho, en abril de 2026, el diputado provincial venadense Leo Calaianov volvió a insistir, pidiendo precisiones sobre pliegos y cronogramas. El reclamo, en definitiva, no tiene año y medio: tiene, como mínimo, seis años.
El relanzamiento con otra lógica
También es cierto que en julio de 2025 el Gobierno nacional dio una señal concreta. A través de la Resolución 311/2025, la Secretaría de Energía puso en marcha el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, definiendo tres obras estratégicas a licitar bajo un esquema completamente distinto al de 2020: un régimen de concesión a inversores privados, donde la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento queda a cargo del sector privado, sin comprometer recursos del Estado. ¿Les suena a algo?
Es la misma lógica que el Gobierno de Javier Milei decidió aplicar a las rutas nacionales: promover grandes obras de infraestructura mediante concesiones privadas, reduciendo la participación directa del Estado. El problema sigue siendo el mientras tanto. Las rutas se deterioran día a día y la siniestralidad crece a la par. De hecho, la semana pasada la ONG Construir Hacer presentó un nuevo informe que reveló que durante el segundo trimestre los siniestros viales en la ruta 33 aumentaron un 61% . En materia energética ocurre algo similar: el proyecto volvió a anunciarse, pero un año después todavía no tiene fecha cierta de licitación. Y “mientras tanto” siguen ocurriendo apagones como el del viernes.
Así, entre las tres primeras obras estratégicas definidas por el Gobierno nacional figura, otra vez, la línea Río Diamante-Charlone-O’Higgins. El plan suena sólido, el problema es que, un año después de anunciado, la obra sigue sin licitarse. Y, volviendo a lo que ocurre con las rutas, cuando el Estado se demora, las consecuencias las paga la gente de a pie, todos.
Las consecuencias son evidentes, el sur santafesino sigue funcionando con una única arteria de 132 kV que, cuando falla (por lo que sea, un transformador en diciembre, una causa aún no precisada en julio), deja a oscuras a decenas de miles de personas en todo el extremo sur santafesino.
Resignación
Tal como sostuvimos en nota anterior, si algo dejó en evidencia el apagón de diciembre fue que Venado Tuerto supo, durante buena parte del siglo XX, sostener su propio suministro eléctrico con generadores locales, hasta que esa lógica se abandonó en 2008. Hoy la ciudad depende por completo de una infraestructura de transporte provincial que no crece al ritmo de la demanda y que todo indica que requiere nuevas inversiones, y de una obra nacional que ya fue licitada una vez, dada de baja y relanzada bajo otro modelo que, hasta ahora, tampoco logró destrabarse.
El apagón de este viernes no encontró en el clima ni en la actividad económica una explicación convincente. Encontró, en cambio, la confirmación de que el problema es estructural y viene arrastrándose desde hace años. En tanto, la interconexión Diamante-Charlone siga siendo una promesa reciclada en cada gestión, el sur santafesino continuará a merced de cualquier falla, en invierno o en verano.
Bastaba recorrer las calles de Venado Tuerto para comprender el verdadero costo del apagón. Comercios, industrias, bancos y oficinas permanecían con las persianas bajas, esperando con resignación que regresara la electricidad para volver a trabajar. En una economía atravesada por la recesión, cada hora sin energía no representa solamente una incomodidad: significa producción perdida, ventas frustradas y otro golpe para una región que hace tiempo espera una infraestructura acorde a su importancia.
Y sin embargo, ahí estábamos, esperando pacientemente que la luz volviera, como si fuera lo normal. Somos demasiado buenos.