La frase apareció en Hamlet, el drama trágico escrito por William Shakespeare, que es una de las cumbres de la literatura universal. “Algo huele mal en Dinamarca”, fue la expresión lanzada por el centinela del príncipe Hamlet, antes de que apareciera el fantasma de su padre —Rey de Dinamarca—, quien se presentó para hablar a su hijo e informarle que acababa de ser asesinado por su hermano con el propósito usurparle la corona y casarse con la viuda. A partir de allí dicha frase quedó patentada para designar episodios “trágicos” de la vida política de un país o en este caso de una provincia.
“Algo huele mal en Santa Fe”, podríamos repetir una y otra vez, o en su defecto, como sostuvo el presidente electo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, “Nunca se vio semejante crisis institucional”.
Lo cierto es que en los últimos días estallaron dos casos que tienen en vilo a toda la bota santafesina: los allanamientos por presuntas escuchas ilegales al Ministerio de Seguridad; y el cierre del juicio abreviado (con la difusión oficial de su testimonio como arrepentido) al zar del juego Leonardo Peiti.
Mientras tanto, la otra cara de esta crisis se exhibe de la peor manera con las balaceras y los homicidios que se repiten día a día, principalmente en Rosario. Violencia y crisis institucional, un cóctel difícil de digerir.
Allanamientos y escuchas ilegales
El escándalo estalló el viernes 26 cuando los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, del MPA de la ciudad de Santa Fe, encabezaron sendos procedimientos en dos sedes del Ministerio de Seguridad de la provincia, basadas en una investigación originada en denuncias de personal del Organismo de Investigaciones y del propio Ministerio de Seguridad.
Vale recordar que, dichos procedimientos fueron adelantados a raíz del comentario que llegaron a los funcionarios judiciales sobre una destrucción de documentación que se estaba llevando a cabo en las oficinas ministeriales. Efectivamente, luego se supo que se encontraron con importante cantidad de material incinerado y/o triturado.
Así las cosas, a pesar del silencio oficial de los fiscales, posteriormente circuló que se secuestraron dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares (entre ellos el del entonces viceministro, Germán Montenegro y otros funcionarios vinculados al exministro Marcelo Sain) y una importante cantidad de documentación que ahora están siendo analizados.
Toda esta evidencia recolectada tiene fundamentalmente que ver con un presunto caso de espionaje ilegal realizado durante el periodo de Sain frente al Ministerio. Las probables víctimas son periodistas, funcionarios políticos y judiciales, legisladores y empresarios. Lo cual configura un hecho muy grave, sobre todo si se tiene en cuenta que para ello se utilizaron recursos del Estado que deberían estar destinados a la seguridad de todos los ciudadanos santafesinos.
Aunque, también circuló que se están investigando dos hechos más, una compra de armas de fuego denunciada por supuestas irregularidades surgidas en la licitación, y en los últimos días a la vez se nombró la adquisición de motos (un tema que tiene su derivación en Venado Tuerto, ya que la empresa beneficiada es de acá).
Todos estos acontecimientos ocurrieron en un contexto de una interna furiosa dentro del Ministerio de Seguridad, con un Jorge Lagna que habría amenazado en renunciar ante la influencia que seguían teniendo en la cartera los colaboradores de Sain. De hecho, el nombramiento de este último como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, culminó acelerando todo. Periodistas rosarinos dan cuenta de un fuerte intercambio telefónico del gobernador Omar Perotti con el exministro que culminó activando los acontecimientos.
De todos modos, posterior a los procedimientos renunciaron doce funcionarios que habían llegado de la mano del exministro (de paso, llamativamente todavía no se conocieron sus reemplazantes).
Ahora habrá que esperar para poder conocer oficialmente lo que finalmente encontraron los fiscales, hasta el momento la información que circula sostiene que hay evidencias suficientes para realizar una imputación. La tardía reacción de Sain dejó menos dudas al respecto, ya que si bien primero negó la existencia de cualquier caso de espionaje (y hasta habló de un proceso destituyente o un golpe blando contra Perotti), luego aceptó que durante su paso al frente del Ministerio se hicieron “perfilamientos” a los que diferenció de “carpetazos”. A confesión de partes…
Mientras por si acaso, el ahora funcionario nacional presentó recursos para que el caso pase de la Justicia provincial a la nacional.
Son varias los interrogantes que quedan en el tintero, pero fundamentalmente si se comprueba el espionaje ilegal, la gran incógnita a responder es hasta dónde el gobernador Omar Perotti puede haber sido ajeno a lo sucedido. Y en todo caso, cuál es su verdadera responsabilidad.
Por su parte, fue el propio Sain quien en su última declaración pública se refirió a la situación del ahora confirmado ministro de Seguridad. “Durante el allanamiento, Jorge Lagna estuvo reunido con los fiscales en la oficina de al lado. La pregunta es: si ahí funcionaba una central de inteligencia ¿por qué no le secuestraron el teléfono al ministro? Si funciona a dos metros de tu oficina y vos durante ocho meses transitaste por esa oficina, ¿por qué solamente le secuestran el teléfono a algunos funcionarios?”, cuestionó.
Juego clandestino
Finalmente, como se estaba esperando el último martes culminó de estallar el otro escándalo que desde hace meses tiene en vilo a la política santafesina. Es que el juez Rafael Coria aceptó como arrepentido al zar del juego, Leonardo Peiti, y homologó el acuerdo en el marco de un juicio abreviado mediante el cual lo condenó a tres años de prisión efectiva y a abonar una multa de 42.479.500 pesos. Pero, está decisión posibilitó que trascienda oficialmente (hasta ahora solo se conocían versiones) la declaración del empresario, quien precisó haber pagado sobornos millonarios a actores de la política, a fiscales y policías para desplegar su actividad.
En su testimonio Peiti detalló una trama de sobornos y complicidades que involucra a actores de la justicia, de la política y de la fuerza policial. Por su puesto, volvió a implicar a los condenados exfiscales de Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, e insistió con la importante participación del senador provincial, que sigue amparándose en sus fueros, Armando Traferri. Además, nombró a otros senadores (Alcides Calvo, Hugo Rassetto y Lisandro Enrico), aunque en los tres casos, no existe ningún tipo de evidencia para sostener dichas acusaciones.
De hecho, sobre el legislador de origen venadense, manifestó que no recibió la coima de su mano, sino que se la entregaba al fallecido exsecretario legislativo, Ricardo Paulichenco, que hacía de intermediario. Enrico insistió, como lo hizo apenas trascendió su nombre, que ponía sus fueros a disposición para que se investigue a fondo los dichos de Peiti.
Un dato no menor del caso es que la investigación se originó a finés del 2017, tras la denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina Poggio, de la existencia de una sala de juego clandestino en dicha localidad. El entonces fiscal de Melincué, Matías Merlo se hizo cargo de la investigación y ordenó un allanamiento al lugar, donde se secuestró un celular de la persona que administraba el local. En las pericias al aparato telefónico fue donde se comprobó la vinculación de Peiti. (ver nota anterior en Venado24).
A pesar de que Peiti sostuvo en declaración que atribuía el comienzo de todo a la delación del entonces jefe de la Policía de Investigación (PDI), el comisario Daniel Corbelini, a quien había dejado de entregarle la coima correspondiente. Sin embargo, esa información fue desmentida por el propio Merlo que confirmó que la denuncia la realizó Poggio.
Así las cosas, el zar del juego destapó una trama de sobornos y lobby espantosa que puso en desnudo como nunca al poder real de la provincia. El principal apuntado sigue siendo el senador Traferri. ¿Termina todo en el legislador justicialista o la cadena es más extensa?
De hecho, según argumentó Peiti su cometido era lograr un convenio entre la Lotería de Misiones y la Lotería de Santa Fe para desarrollar el juego online. Y en ese sentido, resaltó que por intermedio del legislador de San Lorenzo aportó a la campaña de Perotti, porque anteriormente el entonces gobernador Miguel Lifschitz lo había sacado carpiendo. Tampoco tenía demasiadas esperanzas en Antonio Bonfatti (el otro candidato en la campaña del 2019) quien también se había negado interceder por él en un caso en la justicia de Rafaela.
De todos modos, algo le salió mal a ahora condenado, ya que el gobernador culminó otorgando por decreto el juego online al grupo Boldt que es propietario de los casinos. Situación que Peite atribuye a la interna dentro del PJ, posterior a la conformación del gabinete.
Violencia y crisis institucional
En este contexto se desarrolla la crisis institucional y una ola de violencia de dimensiones extraordinarias. Un gobernador enfrentado con parte de su gabinete y con diálogo cortado con la oposición. La reunión del último miércoles significa solo un atisbo de esperanza.
Mientras tanto, la violencia crece exponencialmente y a los repetidos homicidios y balaceras, que tienen como origen las disputas en el mundo marco, ahora se le suman hechos llamativos como los ataques a tiros a una parrilla del centro de Rosario o a: escuelas, estaciones de servicios y un largo etc.
Por eso, volviendo al principio de la nota, insistimos “algo huele mal en Santa Fe” y no hay duda que los casos relatados son un trasfondo de una podredumbre que es necesario desterrar. Para eso necesitamos de una justicia: fuerte, eficaz, munida de recursos y, principalmente, independiente.
Ver notas anteriores en Venado24:
- El lamentable “thriller político” santafesino con un comienzo y un posible final en la región
- El nuevo capítulo regional de la causa del juego clandestino que estremece a la provincia