Este martes 24 de marzo se cumple el 50º aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina, iniciado por las tres fuerzas armadas, comandadas por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), luego de derrocar a la entonces vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo, Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón.
Esta conmemoración de los 50 años del golpe nos sorprende en uno de los peores momentos desde la recuperación de la democracia, solo comparable a lo sucedido en los 90 en el contexto del indulto decretado por el entonces presidente, Carlos Menem.
Nuevamente, triunfa en el discurso de época el negacionismo o el reciclado “Algo habrán hecho”, aquella desgraciada sentencia utilizada por quienes justificaron que las personas desaparecían de sus domicilios, de sus lugares de trabajo o de la vía pública sin dejar rastros. Además, entre otras atrocidades que cometió la dictadura: instaló centros clandestinos de detención, torturó, secuestró y se apropió de bebés, robó (se alzaban con los bienes de quienes asesinaban) y coartó todo tipo de libertades. Vale paradoja: aquellos que se dicen defensores de la libertad (por algo se denominan libertarios) reivindican un gobierno de facto que cercenó todo tipo de libertades.
Claro que, para que esto ocurriera en el país, existió, un contexto internacional que colaboró, aunque nunca justificó semejante aberración. Toda Latinoamérica, medio siglo atrás, se encontraba atravesada por la consolidación de dictaduras alineadas con la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el fin de “combatir el comunismo”. En esa coyuntura surgió la implementación sistemática del Plan Cóndor, una red de coordinación represiva transnacional creada en noviembre de 1975 por todas las dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a opositores políticos de toda la región.
Como sea, salvando las enormes distancias, haciendo honor a la teoría del “eterno retorno”, varias de las coordenadas de aquella época parecen volver, con la diferencia de que el contexto real es completamente disímil. Otra vez se impone una narrativa que descalifica a toda ideología cercana a la izquierda, con líderes que vociferan en contra de un inexistente comunismo. Es común escuchar al propio presidente de la Nación, Javier Milei, utilizar la palabra comunista como un adjetivo calificativo peyorativo; de la misma manera describe a todo aquel que opine de manera diferente a él como “zurdo de mierda”. En ese sentido, vale aclarar que en los 70 había un cierto avance del bloque comunista sobre los países latinoamericanos utilizando como punto de lanza a la revolución cubana. Hoy nada queda de aquel bloque con ideología marxista. Sin embargo, al confundir las categoría, se califica de zurdos o comunistas a aquellos que abrazaron las ideas de lo que algunos autores denominan neoliberalismo progresista, un modelo muy lejano a las directrices marxistas y que es más cercano a la que se conoce como wokismo. La cultura woke está más preocupada por la lucha identitaria que por la igualdad social o la construcción de “una sociedad sin clases sociales”.
La performance más paradójica que se vivió en el contexto de este 50 aniversario fue la participación de la ahora senadora libertaria Patricia Bullrich, quien fue la voz del bloque oficialista que decidió no acompañar el proyecto por la Memoria, la Verdad y la Justicia que se votó en la Cámara Alta. “La historia es completa o no es“, dijo, al reflotar la teoría de los dos demonios, aquella conjetura que intenta poner en igualdad de responsabilidades a las organizaciones guerrilleras y al aparato represivo del Estado que detuvo ilegalmente, torturó, asesinó y desapareció a opositores.
De hecho, el oficialismo intentó imponer un pronunciamiento que no mencionaba el concepto “Memoria, Verdad y Justicia”, no hacía referencia al “terrorismo de Estado” ni solicitaba la “continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”. Lo paradójico es que quien fue la voz cantante de dicha posición fue justamente Patricia Bullrich, la misma que el propio Milei en la campaña presidencial del 2023 calificó “como una montonera tira bombas”. Es más, la acusó de haber puesto explosivos en jardines de infantes. Como sea, la conversa Bullrich alguna vez aceptó que en los 70 formó parte de la Juventud Peronista, movimiento que reivindicaba a Montoneros.
Huellas del golpe de Estado en Venado Tuerto
Lo cierto es que la historia del golpe de Estado dejó su profunda huella en el extremo sur santafesino. Doce fueron los desaparecidos de Venado Tuerto: Ángel Enrique “Tacuarita” Brandazza; José Luis Iturralde; Ricardo Horacio Klotzman; Ricardo José Machado; María Laura González; Alejandro Pastorini; Alba Noemí Garófalo; Eduardo Luis Placci; Leonardo Aroldo Placci; Sergio Daniel Rúa; Jorge Horacio Novillo y Jorge Humberto Barrantes.
A la vez, de los más de 300 hijos de desaparecidos que faltan encontrar, dos son oriundos de la ciudad: el hijo o hija de Eduardo Placci y Alba Garófalo (y hermano o hermana de Nicolás Placci); y el hijo o hija de Ricardo Machado y María Laura González.
Por su parte, pudieron recuperar su identidad María Pía Klotzman Barral, hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral, y el reconocido caso de Carolina Guallane/Paula Cortassa.
Pero Venado Tuerto se destaca por tener, según el informe de la Conadep, el primer caso de desaparición que inauguró la metodología que luego, lamentablemente, se repitió por miles en nuestro país. Ángel “Tacuarita” Brandazza, un venadense por adopción (en realidad nació en Blaquier, provincia de Buenos Aires, pero vivió la mayoría de su vida en Venado Tuerto) que desapareció un 28 de noviembre de 1972. Fue apresado, torturado hasta la muerte y su cuerpo fue desaparecido por integrantes del ex Comando SAR (Sub-Área Rosario), organismo dependiente del II Cuerpo del Ejército e integrado por militares, policías y gendarmes. Su domicilio fue hallanado y le robaron pertenencias. Es decir, el sadismo, la mentira y la infamia de un grupo de asesinos e inescrupulosos que se creían dueños del país y del destino de sus habitantes, todas características que anticiparon lo que iba a suceder antes y durante el Proceso de Reorganización Nacional a partir del 24 de marzo de 1976.
En tanto, también en la ciudad más importante del extremo sur santafesino ocurrió el primer caso de una hija de desaparecidos que emprendió por su propia cuenta la búsqueda de sus orígenes. De este modo invirtió lo sucedido hasta el momento, ya que las abuelas eran las que revolvían cielo y tierra para intentar recuperar a las nietas apropiadas luego de la dictadura. Carolina Guallane en 1995, impulsada por la necesidad de cerrar heridas, inició una búsqueda silenciosa que tuvo su corolario tres años después cuando se entero que sus padres biológicos fueron Enrique “Coqui” Cortassa y Blanca “Cuca” Zapata, acribillados un 11 de febrero de 1977 por un Comando de Operaciones Tácticas del Ejército en la vivienda que habitaban en Castellano al 4500. Carolina en realidad era Paula Cortassa, aunque en honor a sus padres adoptivos que la habían guarnecidos y hasta ayudado en su búsqueda decidió mantener su nombre.
Otra de las huellas de la dictadura militar la dejó por acá el recordado obispo Mario Picchi. Picchi llegó a Venado Tuerto el 31 de marzo de 1978 para hacerse cargo de la diócesis local hasta el 19 de junio de 1989, cuando fue removido luego de un escándalo por apadrinar a una mujer que pretendió de modo fraudulento quedarse con la multimillonaria herencia de un hacendado de Traslasierra. Pero además, Picchi se caracterizó en su paso por la diócesis por “salvar” a jóvenes del Servicio Militar: gracias a sus aceitados contactos con la criminal cúpula militar, pedía a los elegidos pibes venadenses como choferes.
Picchi fue hasta 1977 la mano derecha de Monseñor Antonio Plaza, obispo de La Plata durante la represión. En la capital de la provincia de Buenos Aires se registraron más de 2.000 casos de desapariciones forzadas de personas y se documentaron 32 menores hijos de desaparecidos ingresados a la Casa Cuna entre 1975 y 1978. Plaza compartía el poder y la influencia con el jefe de la policía bonaerense, el general Ramón Juan Alberto Camps.
Picchi fue citado en testimonios sobre desapariciones de personas y en octubre del 2006 la fiscalía federal de La Plata ordenó su detención por la desaparición de dos matrimonios secuestrados en la Brigada de Investigaciones de La Plata, pero la orden no se cumplió porque el obispo ya estaba muerto (falleció el 29 de marzo de 1997).
El negacionismo como vacuna involuntaria
En ese contexto paradójico, vale recuperar una lectura que incomoda, pero que merece ser pensada. El periodista Juan Negri, en Perfil, planteó algo provocador: que Milei, sin proponérselo, le hizo un favor al campo de la memoria. Las declaraciones que cuestionan cifras, los funcionarios que hablan de “guerra” o “memoria completa”, la duda pública sembrada sobre los hechos más documentados del terrorismo de Estado argentino, lograron algo que una década de consenso cómodo no podía lograr: volver a hacer de esta historia una pregunta. Una verdad que empezaba a darse por sentada -con todos los peligros que eso implica- tuvo que volver a defenderse. Y en términos estrictamente cognitivos, eso es más saludable que el monumento.
Durante más de una década, el consenso sobre el golpe fue tan amplio que casi no requería argumentación. Hoy requiere argumentación. Y cada vez que alguien tiene que explicar por primera vez qué pasó entre 1976 y 1983, esa historia vuelve a nacer, no como patrimonio heredado, sino como convicción construida. El negacionismo, si no logra imponerse, fortalece lo que intenta destruir.
Pero aquí es donde el análisis exige una contracara inevitable. Si el kirchnerismo no hubiera llevado la bandera de los derechos humanos a los extremos de la manipulación política, el negacionismo de hoy no encontraría tanta audiencia. Durante doce años, la reivindicación de la memoria fue usada como herramienta de poder partidario. Se cooptaron organismos que debían permanecer impolutos. El caso más emblemático y doloroso: Madres de Plaza de Mayo y el escándalo de Sueños Compartidos, el programa de viviendas conducido por Sergio Schoklender que derivó en una de las causas de corrupción más resonantes de esa era. Hebe de Bonafini, cuya valentía histórica nadie discute, terminó involucrada en una trama que manchó la imagen de una organización que debía ser intocable.
Ese daño fue incalculable. Porque cuando los defensores de la memoria se comportan como factores de poder, le regalan argumentos a quienes buscan deslegitimar no solo a esas organizaciones, sino a la historia entera que representan. El kirchnerismo no inventó el negacionismo, pero contribuyó a crear el caldo de cultivo en el que hoy prospera.
Por eso, a medio siglo del golpe, la enseñanza quizá sea más incómoda que nunca: la memoria no es un patrimonio garantizado ni una verdad que se sostiene sola. Es un territorio en disputa permanente. Y precisamente por eso, porque puede ser cuestionada, manipulada o banalizada, necesita ser defendida, una y otra vez, con argumentos, con datos y, sobre todo, con honestidad.
Ver notas anteriores en Venado 24 del mismo autor:
A 36 años del Golpe: Sensaciones
A propósito del 24 de Marzo: huellas venadenses
Por un ¡Nunca más! fuera de la grieta