Transitaron más de 11 años, varios fiscales pasaron por el expediente, se realizaron múltiples medidas y se tomaron decenas de testimonios, pero la historia nunca se cerró. Esta semana, el gobierno provincial relanzó una recompensa oficial para obtener información sobre el paradero de Nicolás Christian Godoy Lucas, desaparecido el 14 de julio de 2014. Una decisión que, lejos de aportar certezas, reactualiza una herida abierta en la memoria reciente de Venado Tuerto y reaviva interrogantes que nunca tuvieron respuesta.
La medida llega en un contexto particular: el 6 de noviembre último la Justicia ratificó la restitución de los inmuebles sustraídos en la Megaestafa Inmobiliaria 1, un proceso que se conecta con la desaparición de Nicolás. Fue precisamente la búsqueda desesperada del joven lo que permitió el ingreso del abogado Antonio Di Benedetto al núcleo íntimo de la familia Lucas, desde donde desplegó una de las tantas maniobras delictivas, luego desenmascaradas con el avance de la causa.
Así, la recompensa no solo reabre la búsqueda. También reactualiza una historia que marcó a fuego a la ciudad.
14 de julio de 2014: el comienzo de un misterio
Nicolás, de entonces 28 años, quien estaba a cargo del mantenimiento de un campo familiar en el km 360,5 de la ruta 8, viajó a la ciudad para realizar trámites bancarios. Ese día, según diversos testimonios y pruebas, hizó una compra en la sucursal local del supermercado Carrefour y envió un mensaje a su novia en el que anticipaba que “se iba por un tiempo”.
A partir de allí, la secuencia se volvió confusa:
- El miércoles 16 la familia denunció su desaparición. Además, en el Parque Industrial, aparecieron los dos perros bóxers que Nicolás siempre llevaba consigo.
- El jueves 17, una explosión alertó a los Bomberos Voluntarios: un Volkswagen Quantum champagne completamente carbonizado, sin rastros humanos.
- El viernes 18 se confirmó que el vehículo era el suyo.
- Perros rastreadores siguieron un rastro durante 200 metros… y luego, nada.
El fiscal de entonces, Pablo Busaniche (hoy juez de primera instancia en la ciudad de Santa Fe), analizó la hipótesis de una partida voluntaria, pero el incendio del vehículo y el abandono abrupto de toda rutina debilitaban ese enfoque.
Las jornadas posteriores fueron un desfile de operativos:
- Rastrillajes en el campo El Recuerdo, el autódromo, el canal Cayetano Silva y zonas rurales de Santa Isabel.
- Informes de Migraciones descartaron cruces de frontera.
- Testigos dijeron haberlo visto tanto en Venado Tuerto como en La Pampa.
- En enero de 2015 se allanó la vivienda familiar sin resultados.
¿Mudanza voluntaria? ¿Huida? ¿Terceros involucrados? Muchas preguntas, pocas respuestas.
La llamada que cambió el rumbo
En agosto de 2015, su abogado, Antonio Di Benedetto, declaró que uno de los teléfonos de Nicolás fue activado. Además, aseveró que el tío abuelo le había dado parte del campo a administrar. “Después de esas suposiciones surgieron naturalmente inconvenientes familiares. Lo que está en juego por lo menos es la gestión de 400 hectáreas de campo y esa es la principal sospecha por parte de la mamá”, explicó dejando abiertas suspicacias sobre su círculo íntimo.
Fue la primera vez que la causa empezó a rodearse de sombras mucho más densas. Pero el giro mayor vendría después.
El vínculo inevitable
Luego, la investigación por la Megaestafa, que culminó en octubre de 2022 con la condena de Di Benedetto a 12 años de prisión, reconstruyó cómo la desaparición del joven habilitó su ingreso al círculo más íntimo de la familia Lucas.
Según demostró el fiscal, Matías Merlo, María Fernanda Lucas, madre del joven desaparecido y socia de Aguataura SCA contrató al reconocido abogado venadense para que lo asesore en la investigación del caso. De hecho, Di Benedetto logró tener su “minuto de fama” en los medios de comunicación nacionales, paseándose por distintos estudios televisivos porteños relatando los pesares de los familiares que buscaban infructuosamente encontrarlo
Pero, el ahora detenido, utilizó su acercamiento a la familia para diseñar un plan con el objetivo de apropiarse por intermedio de un tercero vinculado de un campo de sesenta y dos hectáreas propiedad de la mencionada Sociedad. La maniobra constó primero en convencerlos de firmar un contrato de arrendamiento rural fechado 26 de agosto del 2016, que después se convirtió en un fraudulento boleto de compra y venta. Así, luego de desapoderar a Aguataura SCA del campo, proceden a venderlo a una reconocida empresa local propiedad de la familia Young.
No conforme con esto, repiten ardid similar y en diciembre del 2016 se apoderan de otra fracción de campo de 186 hectáreas que pertenecía a idéntica sociedad y también proceden a venderlo a la misma empresa anterior.
Mientras, dejaron para el final el manotazo al casco del establecimiento denominado “Los Bearneses”, y en julio de 2018 culminaron el proceso repitiendo la maniobra para alzarse con las tres hectáreas que restaban.
Fue un vaciamiento total: tres décadas de patrimonio familiar quedaron comprometidas.
Las consecuencias del reciente fallo clave
En la audiencia realizada el último 6 de noviembre en los Tribunales de Venado Tuerto, la fiscal Mayra Vuletic (reemplazó a Merlo en la causa, luego que este fuera nombrado fiscal regional en Rosario) recordó que el fallo de 2022 estableció la nulidad absoluta de las escrituras utilizadas para apropiarse de 18 propiedades rurales y urbanas. Documentos falsos, poderes adulterados y operaciones simuladas fueron la base jurídica de la estafa.
Ese tramo de la sentencia nunca fue apelado por las defensas, por lo que quedó firme. Aun así, la restitución no se había concretado: las víctimas continuaban reclamando que se rectificaran los asientos registrales.
Por eso, Vuletic impulsó la audiencia. Y, además, anunció lo más relevante: un nuevo fallo de los magistrados, Leandro Maximiliano Martín, Mariana Belén Vidal y Aldo Emilio Baravalle, ratificó íntegramente aquella decisión judicial, ordenando la inmediata devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
El caso emblema: el campo donde vivía Nicolás Godoy
Entre los bienes cuya restitución debe ejecutarse está el campo donde vivía Nicolás, una de las propiedades sustraídas mediante maniobras fraudulentas.
El juicio reveló el mecanismo: utilización de poderes falsos; escrituras apócrifas que simulaban una compraventa inexistente; desplazamiento de los propietarios mediante artificios notariales.
En el debate del juicio declaró Marcos Young, quien aseguró que adqurió la propiedad “de buena fe” y que invirtió una importante suma en mejoras. Sin embargo, el tribunal fue categórico: los títulos eran falsos y no generaban derechos, independientemente de la intención del comprador. Por lo tanto, la familia Godoy es la legítima propietaria y el inmueble deberá ser restituido.
Un verdadero problema para la reconocida familia dedicada al negocio agropecuario, que deberá devolver los bienes adquiridos en apariencia de buena fe.
2024-2025: reaparición del caso y una recompensa que abre viejas preguntas
El último movimiento público que tuvo la causa ocurrió en octubre de 2024 cuando se realizó un nuevo rastrillaje en el campo El Recuerdo, otra vez sin resultados.
Pero esta semana, con la reactivación de la recompensa provincial, el caso volvió a colocarse en primer plano.
Los investigadores especulan que el incentivo económico puede destrabar testimonios que nunca se dieron o que quedaron guardados por miedo, lealtades o presiones.
Un círculo que no se cierra
La desaparición de Nicolás Godoy Lucas no es un expediente más. Funciona como un punto de inflexión en la memoria colectiva venadense. Afecta la confianza en las instituciones, en los vínculos familiares, en la seguridad comunitaria.
Y, además, se conecta con otra historia paradigmática: la Megaestafa Inmobiliaria, que dejó al descubierto una asociación ílicita integrada por abogados, gestores, escribanos, especialistas contables y operadores que se apropiaban de bienes inmuebles urbanos y rurales mediante diversas maniobras. De hecho, es considerada la estafa inmobiliaria más importante de la historia santafesina, cuyo valor total se estima en unos 20 millones de dólares.
Lo cierto es que, la nueva recompensa no garantiza un desenlace. Pero sí reinstala la pregunta esencial: ¿Qué pasó con Nicolás?
En Venado Tuerto, once años después, ese interrogante sigue abierto, como el primer día.