En la mañana de este jueves, se realizó en el Galpón del Arte una conferencia de prensa convocada por representantes de distintas salas, colectivos teatrales, bibliotecas populares y gestores culturales, quienes alzaron la voz contra el decreto 345/2025, recientemente publicado por el Gobierno nacional, que modifica de forma sustancial la estructura y el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro (INT).
El encuentro contó con la presencia institucional del municipio, a través de la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, quien celebró “la posibilidad de encontrarnos en una visión común de la cultura” y subrayó que “el Estado local acompaña esta defensa del teatro independiente”. Este apoyo institucional se suma al logrado ayer en el Concejo Municipal, donde por unanimidad los legisladores locales aprobaron el proyecto de resolución impulsado por el edil justicialista Sebastián Roma, que expresó su rechazo al Decreto Nº 345/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, por “atentar contra la Ley Nacional del Teatro N° 24.800, eliminando su autonomía y su carácter federal y su modelo democrático de gestión”.
Teatreros unidos
Lo cierto es que los hacedores teatrales de la ciudad se reunieron para manifestar su repudio a la reciente decisión del gobierno nacional encabezado por el presidente, Javier Milei.
Al respecto, el actor y docente Horacio “Ñoti” Martínez afirmó que el decreto “desnaturaliza por completo la Ley de creación del Instituto Nacional del Teatro”, ya que elimina el Consejo Directivo que garantizaba representación federal y pluralismo. “Lo que se propone ahora es que un funcionario designado a dedo decida en soledad qué hacer con los fondos. Y esos fondos no provienen del Tesoro Nacional, sino del ENACOM y de las loterías, con destino específico por ley”, explicó.
Martínez también subrayó que “en muchos pueblos y ciudades, la única política cultural concreta que existía era la del INT. Este no es solo un ataque al teatro, es un ataque al federalismo, a la memoria, al derecho a contar nuestras historias desde los márgenes”.
Tato Zattara, del Teatro Malandra, alertó sobre las consecuencias directas de la medida: “El país entero tiene la posibilidad de contar su sala. En los lugares más pequeños hay una salita de teatro. Todo eso corre el riesgo de desaparecer”.
Manuel Herbas, del grupo “Tú y yo estamos locos”, aportó una lectura simbólica: “No solo van por lo material, sino por lo que representa el teatro. Hay un ataque sistemático y permanente, y esta vez se justifica con mentiras. El INT nunca fue ideológico: es democrático y federal, y se financia con fondos específicos que no salen del Tesoro”.
Desde la Biblioteca Ameghino, su presidenta Cristina Aisemberg preguntó directamente: “Si eliminan al Instituto, ¿quién se va a quedar con los fondos específicos que seguiremos generando a través del ENACOM y la Lotería Nacional? El decreto no lo dice. Es una expropiación silenciosa y preocupante”.
Viviana Chemini, de Espacio Runciman, calificó la medida como un “agravio a instituciones nobles” y advirtió sobre “el ensañamiento del gobierno con las expresiones culturales del interior del país”.
Por su parte, Horacio Martínez remarcó que el INT “no subvenciona el 100% de las actividades. Brinda un apoyo mínimo pero fundamental, que nos institucionaliza y nos convierte en sujetos de derecho político. El control es estricto y transparente, y cualquier irregularidad te deja automáticamente fuera del sistema”.
El contexto: un modelo en jaque
Creado por ley en 1998, el INT es una herramienta clave para el desarrollo del teatro independiente en todo el país. Su diseño federal permite que cada provincia tuviera voz y voto a través de un Consejo Directivo plural, con fondos que no dependen del presupuesto nacional sino de gravámenes específicos.
El nuevo decreto, en cambio, centraliza decisiones en el Ministerio de Cultura, elimina la representación regional y habilita la asignación discrecional de recursos, lo que -según advierten los espacios culturales- “vacía de contenido el espíritu original del Instituto”.
La comunidad teatral venadense se sumó a la creciente ola de manifestaciones culturales que en todo el país reclaman la plena vigencia de la Ley 24.800 y un modelo de gestión participativo, descentralizado y transparente.
“El teatro transforma. Llega donde el Estado muchas veces no llega. No solo entretiene, también contiene, educa y construye comunidad”, expresó Herbas. “Y por eso vamos a resistir. Porque sabemos lo que está en juego”.
Un mensaje claro
Los referentes culturales de Venado Tuerto concluyeron el encuentro apelando a la sociedad civil y a los legisladores nacionales. “Ahora dependemos de ustedes”, dijeron. “Necesitamos que se derogue este decreto que pone en riesgo no solo al teatro, sino a toda la red cultural del país”.
Frente al escenario adverso, la comunidad cultural local reafirmó su compromiso: seguir creando, resistiendo y sosteniendo los espacios de arte como trincheras de memoria, identidad y democracia.