Este jueves, en una medida que profundiza la tensión con los medios, el gobierno de Javier Milei resolvió dar de baja las acreditaciones de todos los periodistas que cubren habitualmente la Casa Rosada. Alrededor de 60 trabajadores de prensa no pudieron ingresar a Balcarce 50 por una decisión adoptada de manera unilateral.
La restricción se produjo el mismo día en que el Presidente recibió al empresario tecnológico Peter Thiel, CEO de Palantir, en un encuentro que ya generaba expectativas en el ámbito político y empresarial.
Desde la Secretaría de Comunicación, que responde a Javier Lanari dentro del esquema encabezado por el vocero Manuel Adorni, justificaron la medida en un presunto caso de “espionaje ilegal”. Según indicaron, un programa del canal TN habría filmado días atrás sectores internos de la Casa Rosada utilizando anteojos con cámara oculta.
En ese marco, se conoció además que la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial, presentó una denuncia penal contra dos periodistas de ese medio.
Como parte de la decisión, se procedió a eliminar los registros biométricos —incluidas las huellas dactilares— de los acreditados, y quedó sin efecto la prórroga que permitía el acceso con credenciales vencidas desde diciembre. “Hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, señalaron fuentes oficiales. No hubo, hasta el momento, un comunicado formal.
La medida se suma a otras restricciones recientes. Semanas atrás, el Gobierno ya había limitado el ingreso a periodistas de distintos medios vinculados a la difusión de informes sobre una presunta red de desinformación internacional. También se registraron episodios similares en el Congreso.
El endurecimiento de la relación con la prensa se inscribe en un contexto de creciente confrontación discursiva. En reiteradas oportunidades, Milei ha cuestionado públicamente a periodistas y medios, incluso con expresiones de fuerte tono en redes sociales.
En paralelo, organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron sobre un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, señalando situaciones de hostigamiento y represión en coberturas de protestas públicas.
La decisión de restringir el acceso a la Casa Rosada reabre el debate sobre los límites entre seguridad institucional y libertad de prensa, en un escenario político cada vez más tensionado.