El Gobierno nacional oficializó este viernes un cambio de fondo en el manejo de la red vial que impacta directamente en Santa Fe. A través del Decreto 253/2026, la administración de Javier Milei habilitó a la provincia a intervenir en rutas nacionales mediante concesiones de obra pública con cobro de peaje.
La medida permite que Santa Fe avance en la administración, mantenimiento, reparación y ampliación de tramos clave que atraviesan su territorio, aunque sin transferir la propiedad ni la jurisdicción: las rutas seguirán siendo nacionales y bajo supervisión del Estado central, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.
Un cambio con impacto directo en la provincia
El nuevo esquema otorga a Santa Fe la posibilidad de licitar y adjudicar contratos a empresas privadas, mixtas o entes públicos para ejecutar obras y explotar corredores viales. El financiamiento estará atado, en gran parte, al cobro de peajes.
Todo indica que uno de los primeros corredores en entrar en este esquema sería la ruta nacional A012, clave para la circulación en el sur provincial y particularmente en el área del Gran Rosario, donde desde hace tiempo se reclaman mejoras estructurales.
Cómo funcionará el sistema
Para que la delegación se concrete, la provincia deberá firmar convenios específicos con Vialidad Nacional. En esos acuerdos se definirán aspectos centrales como:
- Los tramos incluidos en cada concesión
- El plazo de los contratos (con un máximo de 30 años)
- El esquema de financiamiento y las tarifas de peaje
- El plan de obras y su cronograma
Además, los proyectos deberán contar con la aprobación final del Gobierno nacional, que evaluará su viabilidad técnica y económica.
Un punto clave: Santa Fe tendrá un año desde la firma de cada convenio para llamar a licitación. Si no lo hace en ese plazo, perderá la posibilidad de gestionar ese tramo.
Peajes con destino específico
El decreto establece condiciones estrictas sobre el uso de los fondos: todo lo recaudado por peajes deberá reinvertirse exclusivamente en el tramo concesionado, sin posibilidad de redirigir esos recursos a otras obras.
También fija que la provincia asumirá la responsabilidad legal por los contratos, incluyendo eventuales reclamos o daños, manteniendo indemne al Estado nacional.
Un esquema descentralizado, pero con control nacional
Santa Fe forma parte de un grupo de nueve provincias alcanzadas por esta primera etapa, junto a Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Corrientes.
Desde Nación sostienen que la iniciativa apunta a “fortalecer el federalismo” y agilizar la ejecución de obras en rutas que presentan un marcado deterioro. Sin embargo, el esquema es “funcional, limitado, temporal y revocable”: el Estado nacional conserva el control general y podrá retomar la gestión de los tramos concesionados si lo considera necesario por razones de interés público.
En ese marco, se abre un nuevo escenario para Santa Fe, que gana margen de acción sobre corredores estratégicos, pero también asume mayores responsabilidades en la planificación, financiamiento y ejecución de la infraestructura vial.