El Gobierno tiene listo un decreto de necesidad y urgencia que se publicaría este viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, en el que se reformula la Ley de Inteligencia (25.520) y se suman polémicos cambios a esa normativa, otorgando mayores facultades al organismo que encabeza, aunque sin estar en el organigrama, el asesor presidencial Santiago Caputo.
Entre las nuevas facultades más controversiales, se establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional, y se habilita a que la SIDE pueda “proceder a la aprehensión de personas”. Al mismo tiempo, se declaran como “encubiertas” todas las actividades de inteligencia, eliminando cualquier posibilidad de transparencia o control ciudadano.
Todas las operaciones serán secretas
De acuerdo al texto filtrado, el artículo 2 establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Otro de los artículos que ya despertó críticas de la oposición y tal vez derive en denuncias judiciales es el 19, que fija que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”.
Duras advertencias desde la oposición
El diputado nacional del Partido Socialista Esteban Paulón emitió una serie de alertas en sus redes sociales sobre las implicancias del decreto. “VUELVE EL ESPIONAJE POLÍTICO: El DNU define como ‘riesgos’ a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El ‘Estado Policial’ en su máxima expresión”, denunció el legislador.
Paulón advirtió sobre cinco puntos críticos del DNU:
Carta blanca a la SIDE: “Habilitan la ‘preservación de métodos y fuentes’ sin ningún límite claro. Esto es, en la práctica, darle impunidad total a los agentes para actuar por fuera de la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional”.
Opacidad y secretismo: “Declaran ‘encubiertas’ la TOTALIDAD de las actividades de inteligencia. Chau transparencia. Chau control de fondos reservados. Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos”.
El Congreso afuera: “Eliminan el control civil sobre la inteligencia militar y le dan autonomía al Estado Mayor Conjunto. Es un retroceso histórico que rompe el consenso democrático de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior”.
Vigilancia digital: “El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad bajo Jefatura de Gabinete es el Gran Hermano que faltaba. Una herramienta de control social que recolecta información de todos nosotros para el Sistema de Inteligencia Nacional”.
El diputado cerró su hilo exigiendo que “el Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad”.
La publicación del decreto este viernes marcará el inicio de un nuevo capítulo de tensión política, con la oposición anunciando acciones legales para frenar lo que consideran un avance autoritario sobre las libertades civiles.








