La Casa Rosada anunció este jueves la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un organismo que funcionará como brazo comunicacional del Ejecutivo para desmentir noticias, datos u “operaciones” que el Gobierno entienda como falsas. El lanzamiento se realizó a través de la red social X y fue presentado como un mecanismo para que la ciudadanía pueda “distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”.
Desde la cuenta oficial aclararon que la nueva oficina no busca censurar ni imponer una versión única de la realidad. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, afirmaron en su primer mensaje público.
Sin embargo, la iniciativa aparece en un escenario marcado por la escalada de tensión entre el presidente Javier Milei y amplios sectores del periodismo, con ataques verbales reiterados, descalificaciones públicas y una estrategia comunicacional que privilegia la confrontación directa desde las redes sociales.
Una estrategia digital bajo la órbita de Caputo
La Oficina se integra al esquema de comunicación digital del Gobierno, donde tiene un rol central el asesor presidencial Santiago Caputo, junto al responsable de redes conocido como Juan Doe, nombre con el que se identifica al director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira.
Desde el oficialismo sostienen que el dispositivo replica modelos utilizados por otros gobiernos, como el de Estados Unidos, donde existen estructuras oficiales dedicadas a responder informaciones consideradas falsas o inexactas.
Poco después del anuncio, Caputo celebró públicamente la creación del organismo con un mensaje en su cuenta personal de X: “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad, ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”.
El respaldo explícito del principal estratega comunicacional del Presidente volvió a dejar en evidencia el tono confrontativo del Gobierno con el periodismo profesional, una marca constante desde el inicio de la gestión libertaria.
Advertencias internacionales y un contexto de presión
La puesta en marcha de la Oficina coincide con advertencias de organismos internacionales sobre la situación de la libertad de prensa en la Argentina. Días atrás, Human Rights Watch (HRW) alertó sobre los ataques verbales reiterados del presidente Milei contra periodistas y medios críticos, y advirtió que ese tipo de discursos generan un clima hostil para el ejercicio del periodismo.
En su último informe anual sobre derechos humanos, HRW señaló que el mandatario recurre de manera sistemática a insultos, estigmatización pública y descalificaciones desde redes sociales, discursos y entrevistas, prácticas que la organización considera un factor de retroceso en la libertad de expresión.
El lanzamiento del nuevo organismo también se produce mientras el Gobierno impulsa en el Congreso una reforma laboral que propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), vigente desde 1944 y clave para regular las condiciones laborales y garantías específicas de los trabajadores de prensa.
Sindicatos y organizaciones periodísticas advirtieron que la eliminación del estatuto implicaría una pérdida de derechos laborales y un debilitamiento de la independencia profesional, en un contexto ya atravesado por la confrontación pública entre el Ejecutivo y los medios. Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la reforma apunta a “modernizar” el marco normativo, sin detallar cómo se garantizará la protección del trabajo periodístico.
El primer “desmentido”
La primera intervención pública de la Oficina de Respuesta Oficial apuntó contra una nota del diario Clarín sobre el avance del plan de la ministra Sandra Pettovello para transformar los planes sociales en un sistema de vouchers, señalada por el Gobierno como una fake news.
Así, el Ejecutivo inauguró un nuevo capítulo en su relación con la prensa, con un organismo financiado con fondos públicos que promete disputar el sentido de la información en el espacio digital, en medio de un debate cada vez más intenso sobre los límites entre comunicación oficial, libertad de expresión y derecho a la información.