Este sábado, el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy le concedió el traslado a la dirigente social Milagro Sala a su domicilio del barrio Cuyaya. Allí seguirá cumpliendo la prisión preventiva.
La decisión se tomó el último día antes de la feria judicial y tras el pedido de los abogados de Sala, siguieron las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La líder de la Tupac Amaru cumplirá el próximo 16 de enero tres años con prisión preventiva por diversas causas, fecha que marcará el límite fijado por ley para estar detenida sin condena.
Ya en su casa de calle Gordaliza, en San Salvador de Jujuy, Sala aseguró visiblemente emocionada que el cambio de domicilio constituye para ella “una pequeña luz para comenzar a creer en la Justicia”.
Mientras, aprovechó para apuntar contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ante sus recientes críticas por la absolución de la líder de la Tupac Amaru en uno de los dos juicios que se le seguía en simultáneo, y dijo que el mandatario radical “se asusta cuando huele a libertad de Milagro Sala, porque sabe que en los compañeros hay mucha indignación”.
En ese sentido, aseguró que tanto en la causa por el supuesto desvío de fondos públicos -que continuará durante la feria judicial y se estima concluya entre enero- como en la que fue absuelta el jueves último, los que declararon contra ella lo hacen condicionados por supuestas “amenazas”, éstas, según sostuvo, de parte “del juez Pablo Pullen Llermanos, de la policía de la provincia y de Gerardo Morales”.
En la orden del traslado al domicilio de la capital jujeña, donde Sala pidió estar desde un primer momento, el Tribunal dispuso que “deberá cumplir con la obligación de permanecer allí, no pudiendo movilizarse fuera del mismo”, con excepción para concurrir a lugares previamente autorizados.
En ese aspecto, allegados a la dirigente destacaron, en dialogo con Télam, el hecho de que Sala haya sido liberada “del alambrado rodeando su inmueble, de cámaras de seguridad”; de la disposición en El Carmen de un “destacamento de Gendarmería y de policías”, alejado de lo que “establece el Código Procesal Penal, que específicamente prohíbe que fuerzas de seguridad custodien a las personas con prisión domiciliaria”.
Para dar cumplimiento de las obligaciones a su cargo, Sala deberá presentarse ante el Patronato de Liberados y Encausados de Jujuy, que podrá evaluar a la detenida domiciliaria.
El mencionado organismo tendrá la misión además de intervenir en la colocación a Sala de una pulsera electrónica, según lo oficiado por el Tribunal, integrado por las juezas Alejandra Tolaba, Ana Pérez Rojas y Cecilia Sadir, que llevan adelante el enjuiciamiento de la dirigente y otras 29 personas en la causa denominada “Pibes Villeros”.
Entre las nuevas restricciones, se decidió que podrán ingresar al inmueble de Sala “no más de cinco personas a la vez, en un máximo de diez personas por día, y en el horario de 7 a 20, lo cual no aplicará a los familiares directos”.
Finalmente, el Tribunal instó a Sala a que acompañe a la causa estudios médicos, tratamientos y controles efectuados, o acepte que se le realicen a través del departamento médico del Poder Judicial, dando cumplimiento a la prisión domiciliaria.
La decisión del Tribunal fue dictada en mérito de un incidente de revisión de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Sala, que requirió cambios en la medida restrictiva, en cumplimiento de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, previamente, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La dirigente había sido trasladada a su casa de la localidad de El Carmen, en diciembre del año pasado, desde el Penal de Mujeres del barrio Alto Comedero, con distintas condiciones impuestas por parte del juez de Instrucción Pullen Llermanos, entre ellas, la permanente custodia.