La Ruta Nacional 33 dejó de ser solo una arteria productiva para convertirse en el símbolo más descarnado del colapso de la infraestructura vial argentina. Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) presentado en los últimos días detalla con datos duros lo que los vecinos de Venado Tuerto, Casilda, Rufino y decenas de localidades del sur santafesino ya saben por experiencia propia: circular por la 33 es “jugar a la ruleta rusa“.
En realidad, el documento describe un escenario de “emergencia vial” a escala nacional con consecuencias directas en la seguridad, la producción y la integración territorial, describiendo a la 33 como el caso emblemático.
Vaciamiento institucional y ajuste deliberado
Según el trabajo, desde diciembre de 2023 la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) atraviesa el proceso de vaciamiento institucional más profundo desde su creación. El intento de disolución del organismo a través del Decreto 461/2025 -finalmente frenado por la Justicia y el Congreso- fue apenas el punto más visible de una política que continuó por otras vías: despidos masivos, retiros voluntarios forzados, congelamiento salarial y una asfixia presupuestaria sistemática. Más de 800 trabajadores técnicos ya fueron expulsados y se proyecta la salida de otros 900, lo que implica una pérdida de saber acumulado difícil de revertir en el corto plazo.
El informe sostiene que la DNV hoy “existe formalmente, pero carece de capacidad operativa real”. A ese vaciamiento humano se suma un ajuste financiero que Fepevina califica como “brutal”: el presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023, mientras que durante 2024 y 2025 se subejecutó más del 50% de los recursos asignados, incluso aquellos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, creado específicamente para financiar ruta.
Las consecuencias ya son visibles. Entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, con mantenimiento preventivo prácticamente abandonado y reemplazado por bacheos precarios. Esto impacta en la velocidad media de circulación, eleva los costos logísticos y aumenta la siniestralidad vial. “Las muertes en rutas no son inevitables: son evitables y tienen responsables políticos”, advierte el documento.
La ruta nacional 33, un corredor crítico
Dentro de ese panorama, la ruta nacional 33 aparece como uno de los casos más críticos del país. El corredor, que atraviesa Buenos Aires y Santa Fe y conecta zonas clave de producción agrícola, presenta un deterioro estructural severo. Según diagnósticos técnicos citados por Fepevina, en varios tramos -entre Casilda, Venado Tuerto, Rufino, Trenque Lauquen y Bahía Blanca- el daño no es solo superficial: la subrasante perdió capacidad portante, lo que vuelve ineficaz cualquier bacheo de corto plazo.
El informe describe una ruta con calzadas angostas, alto tránsito pesado y maniobras de sobrepaso cada vez más riesgosas. En la zona de Bahía Blanca, el tránsito medio diario anual ronda los 11.950 vehículos, un volumen incompatible con un pavimento en mal estado. Fepevina advierte que la RN 33 “requiere una reconstrucción total”, ya que los parches actuales tienen una vida útil inferior a seis meses debido al flujo constante de camiones vinculados a la cosecha.
El deterioro vial también tiene impacto económico directo. El informe menciona el cierre del supermercado mayorista Yaguar en Bahía Blanca, ocurrido en noviembre de 2025, como un ejemplo concreto: la empresa dejó de operar, entre otros factores, por las malas condiciones de acceso y los sobrecostos logísticos derivados del estado de las rutas, lo que afectó a unos 60 trabajadores.
Emergencia vial y responsabilidad política
Para Fepevina, el problema no es técnico. Los diagnósticos existen, los proyectos están formulados y los recursos -incluidos créditos internacionales- siguen disponibles. Lo que falta, señala el informe, es decisión política. Persistir en este rumbo implica acumular un pasivo técnico y social cada vez mayor: cada kilómetro no mantenido hoy se traduce en costos multiplicados mañana y en un riesgo creciente para quienes transitan las rutas.
“La infraestructura vial no es un gasto: es inversión pública, seguridad y soberanía”, concluye el documento. En el caso de la RN 33, la advertencia es clara: el abandono ya no es una hipótesis, sino una realidad que se mide en accidentes, pérdidas económicas y territorios cada vez más desconectados.