La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, además del monto de las becas estudiantiles, al rechazar el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal desestimó el planteo de la administración nacional y ratificó la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado el cumplimiento inmediato de los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795).
De este modo, el Gobierno deberá aplicar la actualización salarial y la recomposición prevista para docentes y no docentes universitarios, además de adecuar el monto de las becas destinadas a estudiantes del sistema público.
Un conflicto que llegó hasta la Corte
La disputa judicial se originó luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario y, posteriormente, el Poder Ejecutivo dictara el decreto 759/2025, mediante el cual sostuvo que las actualizaciones previstas por la norma sólo podrían implementarse si el Congreso definía las fuentes específicas de financiamiento.
Sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia la Justicia Federal ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley. Frente a esas resoluciones, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar la aplicación de la medida cautelar, planteo que finalmente fue rechazado.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la obligación del Estado nacional de ejecutar los artículos referidos a la recomposición salarial del personal universitario y a la actualización de las becas estudiantiles.
Fuerte impacto presupuestario
La resolución judicial se conoce en medio de un prolongado conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público, marcado por el reclamo de rectores, docentes, no docentes y estudiantes por el deterioro del financiamiento.
En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las principales federaciones gremiales difundieron recientemente un documento en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, donde advirtieron que las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.
Según ese informe, los recursos destinados a gastos de funcionamiento nunca superaron durante la actual gestión el 64% de los valores registrados en enero de 2023. Además, señalaron que las partidas para Ciencia y Técnica representan apenas el 38% de lo ejecutado tres años atrás; las destinadas a Extensión Universitaria, apenas el 1%; las Becas Progresar, el 26%; mientras que la inversión en infraestructura universitaria fue nula.
Nueva presión sobre la Casa Rosada
El fallo de la Corte suma presión sobre el Gobierno nacional, que el pasado 10 de junio había alcanzado un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional para recomponer los salarios de docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.
Ese entendimiento contempló una actualización salarial del 24,33% en dos tramos y contó con el respaldo de los gremios universitarios, aunque no logró cerrar el conflicto de fondo por el financiamiento del sistema.
Ahora, con la decisión del máximo tribunal, el Ejecutivo queda obligado a cumplir con la legislación vigente mientras continúa abierto el debate político y presupuestario sobre el futuro de las universidades nacionales.