La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que ordena aplicar la ley de financiamiento universitario, incluyendo la recomposición salarial docente y la actualización de becas estudiantiles.
El fallo ratifica lo dispuesto en primera instancia y obliga al Poder Ejecutivo a cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. En concreto, establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los argumentos del Estado nacional, que sostenía que la cautelar implicaba, en los hechos, una sentencia definitiva. Para los magistrados, esos planteos carecen de solidez y no alcanzan para frenar la aplicación de la ley.
Además, remarcaron que el impacto fiscal de la medida es acotado y no compromete de manera sustancial el interés público. Por el contrario, señalaron que está en juego un derecho central garantizado por la Constitución Nacional: el acceso a la educación superior pública.
La cautelar original había sido dictada en diciembre pasado por el juez federal Enrique Cormick, a partir de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
En ese momento, el magistrado había cuestionado el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la ejecución de la ley al supeditar su aplicación a la existencia de recursos específicos. Cormick consideró que la medida presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y advirtió sobre una “inobservancia clara” de obligaciones legales, con impacto directo en el funcionamiento de las universidades.
Desde el Ejecutivo nacional, en tanto, insistieron en que la decisión judicial es arbitraria y reiteraron que la implementación de la ley requiere previamente definir sus fuentes de financiamiento a través del Presupuesto, una atribución que —según sostienen— corresponde al Congreso. También alertaron sobre eventuales efectos en el equilibrio fiscal, argumento que fue descartado por la Cámara.
Un conflicto que escaló en las calles
La disputa por el financiamiento universitario fue uno de los ejes de mayor tensión política entre 2024 y 2025. El conflicto derivó en multitudinarias movilizaciones en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.
Entre los hitos más relevantes se destacan la Marcha Federal Universitaria de octubre de 2024 y la protesta del 17 de septiembre de 2025 bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”, que reunieron a cientos de miles de estudiantes, docentes y trabajadores.
El origen del conflicto se remonta a la sanción de la ley de financiamiento en el Congreso, que logró avanzar pese a los vetos del presidente Javier Milei. Posteriormente, el Ejecutivo dictó un decreto para frenar su aplicación, lo que abrió el frente judicial que ahora suma un nuevo revés para el Gobierno.
La salida que busca el Gobierno
Mientras el conflicto continúa en el plano judicial, desde el oficialismo apuntan a una salida política. La estrategia en análisis es impulsar una nueva ley que no elimine el esquema vigente, pero que introduzca modificaciones y garantice respaldo parlamentario.
Desde la Secretaría de Educación sostienen que el objetivo es alcanzar una solución que combine financiamiento con previsibilidad jurídica para el sistema universitario, en un contexto donde la discusión por los recursos públicos sigue siendo uno de los principales ejes de disputa.