Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que la modificación del esquema de actualización jubilatoria dispuesta por el gobierno de Javier Milei provocó una pérdida del 32% en el poder de compra de las jubilaciones mínimas, en comparación con lo que se hubiera percibido de mantenerse la fórmula anterior.
Según el estudio, de haberse sostenido la fórmula vigente hasta diciembre —que combinaba la evolución de los salarios y la recaudación tributaria—, la jubilación mínima sería actualmente de $403.302. Sin embargo, tras la decisión del Ejecutivo de fijar los aumentos por decreto y luego aplicar una nueva fórmula atada a la inflación, pero con dos meses de rezago, el haber mínimo se ubica en $304.726, sin contar el bono.
Una decisión con impacto fiscal… y social
El CEPA advierte que el momento elegido para modificar el mecanismo de actualización no fue casual: ocurrió justo cuando la inflación comenzaba a desacelerarse, lo que habría hecho que la fórmula anterior comenzara a ser más beneficiosa para los jubilados. La nueva fórmula, en cambio, implicó una reducción efectiva del gasto previsional, pero a costa de un fuerte deterioro en los ingresos reales de los adultos mayores.
Además, el informe señala que si el bono previsional de $70.000 —congelado desde marzo— se hubiese actualizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), debería haber alcanzado los $158.000 en junio.
Un veto anticipado a una mejora insuficiente
La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que establece un incremento excepcional del 7,2% para jubilaciones y pensiones, y una suba del bono previsional a $110.000, con actualización automática por inflación. No obstante, el gobierno ya adelantó que vetará esa norma, por considerarla fiscalmente inviable.
El impacto en Santa Fe
El CEPA también difundió un informe específico sobre la situación en Santa Fe, donde 484.000 personas están jubiladas y 448.000 de ellas son beneficiarias del PAMI.
Según el relevamiento, el 53% del total de jubilados santafesinos —unas 255.949 personas— cobran la mínima con bono o incluso menos. Para este grupo, la pérdida agregada por el deterioro de los haberes asciende a $225.094 millones. A esto se suma la eliminación de un bono de $15.000, que implicó una pérdida adicional de $126.172 millones en la provincia.
“La suspensión de la fórmula anterior, el congelamiento del bono y la eliminación de refuerzos para jubilados de menores ingresos configuran un escenario de deterioro sostenido del poder adquisitivo, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de los adultos mayores y sobre la economía local”, advirtió el CEPA.
Además, al considerar una inflación del 1,7% para junio —según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA—, el informe concluye que entre abril y junio las jubilaciones mínimas con bono se ubicaron un 15% por debajo del último trimestre del gobierno anterior, y las que no incluyen bono, un 2,3% por debajo.