El Gobierno nacional formalizó este viernes la actualización salarial para funcionarios de primera y segunda línea, con vigencia desde el 2 de enero de 2026, terminando así con el congelamiento que se mantenía desde hace casi dos años. La medida se oficializó mediante el decreto 931/2025 publicado en el Boletín Oficial, en simultáneo con la promulgación del Presupuesto 2026 y la reforma de la Ley de Inteligencia.
La actualización comprende a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, además de funcionarios con rangos equivalentes en distintos organismos estatales. El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel permanecen al margen del incremento, manteniendo sus salarios congelados por decisión propia.
El decreto establece que los salarios se ajustarán según el porcentaje acumulado de las actas paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo General firmadas desde el 19 de enero de 2024, que incluyen aproximadamente diez ajustes sucesivos. Aunque el DNU no especifica montos exactos, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el aumento rondaría el 90%.
Críticas desde el sector sindical
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó su rechazo a través de redes sociales: “ES OBSCENO EL AUMENTO DEL 90% EN LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS!! SON UNOS CARADURAS Y SINVERGÜENZAS!!”, manifestó el dirigente.
Aguiar cuestionó que “para los funcionarios las paritarias no tienen techo” mientras “los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre”. El sindicalista agregó: “Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya ES UN DOCTORADO EN CASTA”.
El DNU también anuncia la implementación de un nuevo sistema de empleo público que contemplará mecanismos de ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a responsabilidades y funciones, garantizando transparencia, igualdad de oportunidades y profesionalización de la dotación estatal.