El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, por presunto lavado de dinero. La investigación se origina en la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, a partir del pago de 200.000 dólares que el legislador habría recibido en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de activos, fraude y narcotráfico.
El avance de la causa coincide con otro movimiento clave en el frente judicial: la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición de Machado a Estados Unidos, decisión fechada el 7 de octubre de 2025, que deja ahora en manos del gobierno de Javier Milei la última palabra sobre su entrega.
La resolución del máximo tribunal ratifica lo dispuesto por el Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y rechaza los planteos de la defensa del empresario rionegrino, entre ellos la recusación del juez y una supuesta violación al principio de igualdad de armas. Además, la Corte exigió a Washington garantías de que se compute el tiempo de detención cumplido en Argentina y se respete la integridad física del detenido.
La trama del escándalo
La investigación contra Espert apunta a determinar si el dinero recibido desde una estructura financiera vinculada a Machado formó parte de maniobras de lavado. El denunciante Grabois sostuvo que el diputado libertario “recibió al menos 200.000 dólares de parte de una banda criminal que integraba estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”, y pidió al Ministerio Público que investigue el origen y destino de los fondos.
Machado, radicado durante años en Estados Unidos y con negocios en la compra y venta de aviones, es señalado por la justicia texana como uno de los organizadores de una estafa millonaria basada en un fideicomiso aéreo, a través del cual se habrían canalizado operaciones ficticias por unos 350 millones de dólares.
El esquema, revelado por el portal elDiarioAR y por la periodista de investigación Tanya Eiserer (canal WFAA, filial de ABC en Dallas), funcionaba bajo un modelo Ponzi: se ofrecían aeronaves inexistentes o vendidas múltiples veces a distintos inversores, cuyos anticipos eran desviados a cuentas personales y a supuestos emprendimientos mineros en Guatemala.
En esa contabilidad secreta aparece la transferencia de 200.000 dólares a nombre de Espert, registrada bajo la firma South Aviation, controlada por Machado. Aunque las acusaciones en Texas no apuntan directamente al legislador argentino —porque el proceso se concentró en los ocho presuntos organizadores del fraude—, la revelación del pago derivó en su imputación en el fuero local y lo obligó a renunciar a su candidatura legislativa.
Machado, de Fort Lauderdale a Neuquén
Federico “Fred” Machado emigró de Argentina a comienzos de los años 90 y construyó un imperio en el negocio de la aviación privada desde Fort Lauderdale, Florida. Su nombre se volvió central cuando aviones registrados en el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp —radicado en Onalaska, un pequeño pueblo de Texas sin aeropuerto pero con más de mil aeronaves inscriptas— comenzaron a aparecer cargados con cocaína en distintos países de Centro y Sudamérica.
El empresario siempre negó los cargos y sostiene que fue víctima de una persecución. En declaraciones recientes a Radio Rivadavia, aseguró que “nunca conocí a un narco, ni tuve que ver con el tráfico de drogas” y que su actividad se limitaba a la intermediación comercial de aeronaves.
Machado fue detenido en Neuquén en 2021, tras fugarse desde Guatemala. Desde entonces, permanecía con prisión domiciliaria en Viedma mientras la Corte Suprema resolvía su situación. El fallo conocido esta semana pone fin al largo proceso judicial y deja al Ejecutivo nacional —es decir, a Javier Milei— la decisión final sobre si se concretará la entrega a los Estados Unidos.
Impacto político
El caso golpea de lleno a La Libertad Avanza en plena campaña electoral. La imputación de Espert, uno de los rostros más visibles del oficialismo libertario, y la confirmación de la extradición de su financista, exponen un frente judicial y ético que compromete al propio gobierno nacional.
Machado, que comparte abogado con el presidente Milei —Francisco Oneto—, se presenta como víctima de una trama en la que “mezclaron negocios y política”. Pero la investigación texana y la causa que ahora instruye el fiscal Domínguez ponen bajo la lupa la posible conexión financiera entre ambos mundos.