El Senado de la Nación debatía el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno, en una sesión especial con la mayoría de los legisladores conectados en forma virtual y que probablemente se extenderá hasta la medianoche.
El debate, del que participan 64 senadores en forma virtual y cuatro en el recinto junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, fue seguido durante la tarde desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponen a la aprobación del proyecto.
Durante la discusión, en la que se anotaron 41 oradores, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio adelantó que no acompañará la norma, aunque se descuenta su sanción porque el oficialista Frente de Todos cuenta con los votos suficientes para aprobarla y girarla a la Cámara de Diputados para que intente convertirla en ley.
La mayoría de los discursos de los senadores del FdT aseguró que la reforma está orientada “a garantizar la independencia de los jueces” y apuntó al Gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de haber montado “una persecución judicial” contra la expresidenta y miembros de sus administraciones.
En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseguraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para “licuar” el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.
Desde el FdT, la senadora que presidió el debate en comisiones, María de los Angeles Sacnun, rechazó esas acusaciones; afirmó que el proyecto “es una primera ley” que “cumple con promesas de campaña” del presidente Alberto Fernández y reprochó a los legisladores de la oposición no haber sumado ninguna propuesta de cambio cuando tuvieron oportunidad de hacerlo.
La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de 94 cargos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.
El texto original del Gobierno, de 85 artículos, fue retocado tras cinco audiencias en las que los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales escucharon medio centenar de testimonios de juristas, constitucionalistas, sindicalistas del Poder Judicial y representantes de colegios de abogados, jueces y fiscales.
El debate
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la oficialista María de los Ángeles Sacnun, defendió el proyecto, pero aclaró que se requerirán normas complementarias “para configurar una verdadera reforma judicial”.
Además, respaldó la inclusión del artículo que busca garantizar la independencia de los jueces ante “el poder mediático” que “horada la democracia”.
“Seguramente, requeriremos otras leyes para configurar una verdadera reforma judicial que otorgue tutela judicial y respeto por las garantías constitucionales y la independencia a los jueces y juezas del Poder Judicial de la Nación”, aseguró Sacnun.
La legisladora afirmó que el país “tiene la necesidad de recuperar la independencia de los jueces y la plena vigencia de las garantías constitucionales”.
En ese sentido, defendió la inclusión de un artículo que obliga a los magistrados a “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”.
“Esta cláusula es para salvaguardar los intereses de la sociedad, del Estado de Derecho, para salvaguardar la independencia de los jueces no solo del poder político, sino del económico y del poder mediático que está incluido en el poder económico”, aseveró Sacnun.
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, ratificó el “rechazo total y absoluto” de la oposición al proyecto de reforma judicial al afirmar que se trata de “un engranaje más dentro de un plan estratégico para controlar a la justicia penal federal”.
La senadora de Cambiemos sostuvo que la iniciativa “es un festival de cargos” que prevé “avanzar hacia la impunidad” en casos de corrupción.
Para la legisladora por Córdoba, la propuesta del Gobierno para reordenar el fuero penal federal prevé “un gasto de 6 mil millones de pesos” para “controlar un fuero que atiende los casos de los poderosos y no los que le importan a la gente común”.
“Este plan de impunidad se inició con un DNU que crea un consejo consultivo con nombre rimbombante y que es integrado entre otros por el abogado personal de Cristina Fernández, que la defiende en causa de corrupción como la de dólar a futuro”, declaró en alusión al abogado Carlos Beraldi.
Telam