En una sesión que se extendió por más de once horas, el Senado convirtió en ley este viernes la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La iniciativa fue aprobada con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, con el respaldo de bloques aliados y el rechazo del peronismo.
Se trata de la séptima ley que el oficialismo logra sancionar tras las elecciones de octubre y en el marco del período de sesiones extraordinarias. El Gobierno había comenzado la jornada con otro triunfo legislativo, la aprobación de la reforma de la ley penal juvenil, y ahora sumó la denominada “Modernización Laboral”, uno de los ejes centrales de su programa económico.
Cambios de último momento
La Casa Rosada consiguió allanar el camino luego de aceptar la eliminación del artículo 44, que reducía hasta un 50% el salario en casos de licencias por accidentes o enfermedades graves no laborales. Ese punto había sido cuestionado en Diputados y finalmente fue retirado para asegurar los consensos necesarios.
Con esa modificación, el Senado ratificó el texto y dejó firme el núcleo de la reforma, entre ellos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones en empresas que no puedan afrontarlas.
Despidos e indemnizaciones
Uno de los ejes más controvertidos es el nuevo esquema indemnizatorio. La ley fija que:
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La indemnización tendrá como base el salario mensual promedio del convenio, excluyendo aguinaldo, bonos y premios.
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No podrá superar tres veces el salario promedio mensual del convenio aplicable.
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No podrá ser inferior al 67% de la mejor remuneración mensual normal y habitual, ni menor a un mes de sueldo.
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En caso de sentencia judicial, las grandes empresas podrán pagar en hasta seis cuotas mensuales; las mipymes, en hasta doce, ajustadas por IPC más un 3% anual.
Además, la percepción de la indemnización implicará la extinción de reclamos judiciales o extrajudiciales vinculados al despido, salvo acciones penales.
El FAL se financiará con un aporte del 1% de las contribuciones destinadas a la Anses en el caso de grandes empresas y del 2,5% en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas.
Jornada laboral y horas extras
La reforma crea un sistema de “banco de horas” que permite compensar horas extras con francos compensatorios. La jornada podrá extenderse hasta 12 horas, siempre con un descanso mínimo obligatorio de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales de descanso.
La compensación de horas deberá respetar los límites legales y contar con sistemas de registro. La prestación de horas extras será voluntaria.
Vacaciones y convenios
En materia de vacaciones, podrán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento en períodos no menores a siete días. El empleador deberá garantizar que cada trabajador pueda tomarlas al menos una vez cada tres años en temporada estival.
También se habilita el convenio por empresa y se limita la ultraactividad de los convenios colectivos: vencido el plazo, habrá un año para renegociar sus cláusulas.
Sindicatos y derecho de huelga
La norma mantiene el aporte sindical con un tope del 2% y sostiene el 6% de contribución patronal a las obras sociales gremiales. Sin embargo, introduce cambios en la regulación de asambleas —que requerirán autorización previa del empleador— y en el derecho de huelga, aspectos que fueron duramente cuestionados por la oposición.
Durante el cierre del debate, el jefe del interbloque justicialista, José Mayans, calificó la ley como “una norma hecha para afectar duramente al trabajador”. Desde el oficialismo, la ministra y jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, defendió la reforma al sostener que busca “terminar con un sistema que desalienta la contratación y empuja a la informalidad”.
Plataformas y nuevos regímenes
La ley establece que los repartidores de plataformas serán considerados “prestadores independientes”, aunque las empresas deberán contratar seguros de accidentes y brindar capacitación. También crea un nuevo régimen de incentivos para la contratación de personal y un Régimen de Inversiones para mipymes.
Además, dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y fija nuevos requisitos para la validez de certificados médicos.
Con esta sanción, el Gobierno consolida una de las reformas estructurales más profundas del régimen laboral argentino en décadas, en medio de un escenario político atravesado por fuertes tensiones entre el oficialismo y la oposición.
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