El peronismo volvió a unirse en el Congreso y logró imponer en comisión un dictamen de invalidez del decreto de necesidad y urgencia que aplicó la extinción de dominio, un proceso civil que permite al Estado apropiarse de bienes originados en la corrupción y el narcotráfico y seguirá vigente si no es derogado por ambas Cámaras del Congreso, trámite difícil en un año electoral.
La mayoría opositora también firmó el rechazo al DNU que habilitó licitar entre los privados frecuencias reservadas a Arsat y al que eliminó la secretaría de Deportes para crear una agencia con mayor poder de maniobra para comercializar activos. Los dictámenes terminaron igualados en 8 votos pero el diputado de La Cámpora Marcos Cleri tuvo la misión de desempatar por ser el presidente y desniveló siempre por la negativa.
La senadora salteña María Fiore de Viñuales, cercana a Juan Manuel Urtubey, la única que no había adelantado posición hasta la semana pasada, se sumó al lote opositor de kirchneristas y peronistas. “Me preocupa el precedente. Una demanda de la sociedad es encaminarse a la institucionalidad y floja ayuda hacemos si permitimos que el presidente legisle en temas que están en tratamiento en el Congreso”, se lamentó.
La bicameral de trámite legislativo se reunió en un colmado salón de las provincias del Senado, luego que Cleri la suspendiera hace quince días porque Fiore estaba de viaje, no había quien la reemplazara y Cambiemos podía festejar. Se excusó en consultas previas realizadas al Congreso y al Poder Ejecutivo, pero el diputado macrista Pablo Tonelli no se la dejó pasar. “Debería haberlo consultado con el cuerpo”, lo chicaneó.
Como es habitual, Tonelli se encargó de defender cada decreto de Mauricio Macri y el que más tiempo ocupó fue la extinción de dominio, que copia un proyecto de ley aprobado en Diputados en 2016 y suavizado en agosto en el Senado, por acuerdo del PJ y el kirchnerimo.
Pichetto y Cristina Kirchner lo restringieron a un proceso penal sin posibilidad de retroactividad y en la Cámara baja nunca lo consideraron, pero tampoco apareció una mayoría para ratificar la versión aprobada dos años antes que había sido impulsada por Sergio Massa. Sus diputados, ahora, garantizan que el DNU no sea rechazado.
“Es una medida para que los cómplices de los delincuentes no puedan disponer del dinero, porque muchas veces continúan dirigiendo la actividad ilícita desde la cárcel. El país tiene compromisos internacionales que lo obligan a tomar medidas de este tipo”, explicó Tonelli.
“Hay una inversión de la carga probatoria. Para que el dominio quede extinguido hace falta una sentencia. Hay una sola excepción por si los bienes puedan desaparecer”, aclaró, pero no conformó a la oposición.
“La Constitución no habilita a elegir entre la sanción de una ley y un DNU”, se molestó el senador pampeano Daniel Lovera, de Argentina Federal (el bloque de los gobernadores). Recordó que expertos fueron al Senado y aseguraron que la extinción de dominio como acción civil es inconstitucional, o sea, pronto un juez la anulará.
“Lo quieren atar al proceso penal para no cuestionar los bienes del pasado. ¡El kirchnerismo vota en defensa propia!”, se enfureció el diputado radical Luis Petri. “La ley que aprobó el Senado fijó requisitos que no estaban en el sistema de decomiso actual. No tiene nada que ver con el artículo 23 del Código Penal, porque la acción no se dirige a la persona. Es materia civil y puede ser retroactivo”, completó e mendocino.
Le respondió su coterránea Anabel Fernández Sagasti, senadora kirchnerista, que habló de un “fujimorazo” de Macri por firmar dos DNUs el 21de de enero y “ninguno sobre temas de necesidad y urgencia de ese día, como el brote de hantavirus o las inundaciones”.
“Recibimos a especialistas como (el radical Ricardo) Gil Lavedra que nos hablaron de que la ley era inconstitucional, hicimos un proyecto, lo aprobamos y en Diputados no hubo mayoría ni para ratificar el original. El DNU es inconstitucional porque es materia penal: es una pena adicional al delito. Y viola la Constitución en otro aspecto, porque modifica la ley de Ministerio Público creando otra fiscalía”, completó la dirigente de La Cámpora.
El senador Guillermo Snopek, de Argentina Federal, enmudeció a los legisladores de Cambiemos llevando a la presidencia documentos sobre “propiedades adquiridas por un funcionario” que evitó mencionar. “Quiero saber si fueron obtenidas legalmente”, exigió. Se trataba de una casona del Héctor “Freddy” Morales, hermano del gobernador de Jujuy y supuestamente mencionado en la justicia por Ernesto Clarens, el arrepentido financista del kirchnerismo.
Fuente: lapoliticaonline