El Gobierno nacional acelera los pasos hacia una reforma integral del régimen laboral con un proyecto de ley que, según el documento preliminar al que accedió Noticias Argentinas, apunta a reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales de acuerdo con los nuevos modelos productivos y tecnológicos.
La iniciativa —que aún se encuentra en etapa de revisión dentro del Ejecutivo— introduce modificaciones sustantivas en la Ley de Contrato de Trabajo y en diversas normas complementarias. El texto marca un viraje en la estrategia oficial tras meses de discusiones técnicas: se centra en registros, indemnizaciones y en un régimen específico para plataformas digitales.
Regularización del empleo y registración centralizada
Uno de los pilares del borrador es la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, pensado para que empleadores puedan regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas.
El plan contempla condonación de deudas previsionales, intereses y multas, además de la baja automática del REPSAL, siempre que las empresas incorporen a la registración formal a la totalidad del personal alcanzado.
En paralelo, el proyecto propone centralizar la registración laboral en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar el capítulo de multas por trabajo no registrado. Sin embargo, mantiene un punto clave del sistema actual: la falta de registración seguirá siendo considerada una presunción favorable al trabajador en eventuales conflictos judiciales.
Cambios profundos en el régimen indemnizatorio
El borrador avanza en uno de los aspectos más sensibles del sistema: la modificación del régimen de indemnizaciones por despido.
Los principales cambios previstos son:
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Nueva base de cálculo, con topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable.
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Establecimiento de un piso del 67% del salario normal y habitual.
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Facultad de los convenios colectivos para sustituir la indemnización tradicional mediante fondos de cese laboral sostenidos por aportes de los empleadores.
La propuesta también introduce ajustes en el artículo 212, que regula accidentes y enfermedades laborales. El texto redefine los criterios de reincorporación del trabajador y establece modalidades diferenciadas de indemnización según el tipo y el grado de incapacidad.
Plataformas digitales: un régimen especial para repartidores
El proyecto incorpora un capítulo destinado a los trabajadores de plataformas de reparto, un sector en permanente expansión pero con escasa regulación.
La propuesta los clasifica como “trabajadores independientes”, definiendo obligaciones fiscales y de seguridad social pero también una serie de derechos específicos:
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Posibilidad de rechazar pedidos sin necesidad de justificar la decisión.
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Derecho a recibir explicaciones en caso de bloqueos o restricciones dentro de la aplicación.
Este régimen busca responder a los conflictos recurrentes del sector, marcado por debates sobre autonomía, dependencia y condiciones de trabajo.
Negociación colectiva, crisis y nuevos estándares de actualización
El borrador también apunta a reforzar las reglas de funcionamiento de la negociación colectiva y los procedimientos preventivos de crisis. Entre las propuestas se incluyen:
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Mayor exigencia de negociación de buena fe.
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Sanciones para las partes que entorpezcan o dilaten los procesos.
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Obligación de transparencia en la información que las empresas deben entregar a los sindicatos.
Además, introduce una nueva fórmula de actualización de créditos laborales, basada en IPC más un 3% anual, y dispone límites para causas judiciales en trámite, buscando evitar fallos por indemnizaciones superiores a los montos que surgirían del nuevo esquema.
Incentivos a la contratación
En línea con el objetivo de dinamizar el mercado laboral, el texto contempla reducciones temporales en contribuciones patronales destinadas a distintos subsistemas de la seguridad social para quienes incorporen nuevos trabajadores.
Lo que viene
El documento preliminar seguirá siendo trabajado por el Ejecutivo en los próximos días. Una vez cerrado, el proyecto será elevado al Congreso de la Nación, donde se anticipa un debate intenso tanto por la magnitud de los cambios como por su impacto sobre trabajadores, sindicatos y empleadores.