El escándalo por los audios que involucran a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, derivó en una ofensiva judicial del Gobierno nacional, que presentó dos denuncias: una civil y comercial, y otra penal. La primera derivó en una cautelar que ordenó frenar la circulación de las grabaciones, incluso con intervención del ENACOM. La segunda, en el juzgado federal de Julián Ercolini, acusa a periodistas, dirigentes y empresarios de haber montado una “operación de inteligencia clandestina” para desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.
La denuncia, impulsada por el Ministerio de Seguridad y firmada por el abogado Fernando Soto, apunta directamente contra los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial; el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; y el operador mediático Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. Según el Gobierno, las conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios fueron manipuladas y difundidas como parte de un ataque planificado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de fijar la posición oficial: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, afirmó en redes sociales. La Casa Rosada interpreta el episodio como un asunto de seguridad nacional, al considerar que los audios habrían sido grabados dentro mismo de Balcarce 50, en espacios donde se reúnen delegaciones internacionales y jefes de Estado.
El juez en la mira
El fallo que prohibió la publicación de los audios lleva la firma del juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello. Sin embargo, el magistrado enfrenta un frente judicial propio: acumula nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.
La notificación de los cargos se formalizó la semana pasada y Maraniello tiene un plazo de veinte días para presentar su descargo. Las acusaciones abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. De acuerdo con testimonios de las denunciantes, hubo situaciones de hostigamiento laboral y de violencia sexual. La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial llegó a pedir presencia policial en el juzgado desde septiembre de 2024 para resguardar a las trabajadoras.
El capítulo internacional
Mientras la Justicia argentina intenta frenar la circulación de los audios, el caso tomó dimensión internacional. El periodista uruguayo Eduardo Preve, conductor en radio M24 de Montevideo, anunció que este martes difundirá “los últimos audios” del denominado Audiogate, en abierto desafío a la cautelar dictada en Buenos Aires.
El anuncio, realizado en redes sociales, anticipa que las grabaciones serán emitidas tanto por FM en Uruguay como a través de la web de la emisora, lo que vuelve ineficaz la prohibición judicial en Argentina.
Escalada política
El trasfondo de la crisis expone las tensiones dentro del propio oficialismo y la puja con actores externos. En la Rosada señalan a Pagano y Bindi como figuras con vínculos con los servicios de inteligencia, mientras que la mención de Toviggino reaviva la disputa del Gobierno con la AFA.
En paralelo, el Ejecutivo busca reforzar protocolos de seguridad en la Casa de Gobierno y capitalizar políticamente el episodio como prueba de un intento de desestabilización. Sin embargo, la filtración expuso una vulnerabilidad interna que erosiona la confianza en el primer anillo del poder presidencial.