La oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles un triunfo contundente frente al gobierno de Javier Milei al revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa alcanzó la mayoría especial de dos tercios y quedó ahora en manos del Senado.
La norma había sido aprobada previamente con amplio consenso político. Entre sus puntos centrales contempla la actualización automática de aranceles de prestaciones por inflación y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El Ejecutivo, sin embargo, la había rechazado con el argumento de su elevado costo fiscal.
Horas antes de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó descomprimir la tensión al anunciar que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”, con el objetivo —dijo— de “fortalecer la atención médica, terapéutica y de apoyo”. La jugada buscaba fracturar la mayoría opositora, pero no tuvo efecto.
La votación dejó expuestas nuevas grietas dentro del esquema de alianzas del oficialismo. Dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone —este último exjefe del bloque de La Libertad Avanza—, se pronunciaron a favor de habilitar la discusión. También cuatro legisladores del PRO, identificados con el sector de Horacio Rodríguez Larreta, se sumaron al rechazo del veto: Héctor Baldassi, Álvaro González, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero.
Otro aporte clave provino del bloque Innovación Federal, ligado a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, que sumó media docena de votos. La postura reflejó, una vez más, las tensiones entre la Casa Rosada y las provincias, especialmente en torno a la distribución de recursos y el armado electoral encabezado por Karina Milei.
Durante el debate, Pablo Juliano (Democracia para Siempre) cuestionó los fundamentos del veto: “El Presidente nos dice genocidas y golpistas. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la recomposición de las prestaciones equivale al 0,03% del PBI. ¿Cómo explican entonces que en el veto se diga que cuesta un 6%?”.
Desde el oficialismo, Santiago Santurio defendió la decisión presidencial y advirtió: “Si rompemos el superávit, vamos a terminar haciendo más kirchnerismo. El kirchnerismo siempre habló de ayudar a los pobres pero terminó perjudicándolos. No vamos a permitir que vuelvan a prender fuego el país para gobernar sobre las cenizas”.
Con este resultado, la atención se traslada al Senado, donde el oficialismo buscará sostener el veto mientras la oposición confía en repetir la mayoría especial alcanzada en Diputados.