Después de semanas de movilización social, sesiones fallidas y un precedente de veto todavía fresco, la Cámara de Diputados logró sobre el cierre del miércoles dar media sanción a un paquete de medidas que apuntan al corazón del ajuste libertario: el sistema previsional y la situación de las personas con discapacidad. Con una mayoría clara pero insuficiente para blindar la decisión frente al veto anunciado por el presidente Javier Milei, la oposición selló una jornada que combinó tensión legislativa, épica callejera y la persistente sombra del rechazo presidencial.
El proyecto que establece un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones —correspondiente a la inflación de enero de 2024 omitida por el Gobierno— y actualiza el bono mínimo a $110.000 ajustable por inflación, fue aprobado por 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. A esa iniciativa se sumó la media sanción a una nueva moratoria previsional por dos años, aprobada por 111 votos afirmativos, y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad, que obtuvo 148 votos a favor y 71 en contra.
Aunque las cifras evidencian un respaldo transversal, no alcanzan los dos tercios necesarios para sortear un eventual veto presidencial. Y ese veto ya fue anunciado: desde su cuenta de X (ex Twitter), Milei ratificó lo que su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dejado claro horas antes: “todo lo que implique gasto, será vetado”. Así, el mandatario redobla su estrategia de motosierra y vuelve a usar el veto como herramienta central de su praxis institucional.
La calle como espejo del recinto
La jornada estuvo marcada por una movilización multisectorial frente a un Congreso vallado. Feminismos nucleados en el colectivo Ni Una Menos, jubilados que protagonizaron 16 miércoles consecutivos de protesta, trabajadores de la salud, científicos del CONICET, personas con discapacidad y sus familias conformaron una imagen de unidad popular que, puertas adentro, encontró eco en las bancas opositoras.
“Hay Patria cuando se le devuelve a los jubilados lo que se les quitó”, disparó Victoria Tolosa Paz (UxP), al defender la actualización que el Gobierno bloqueó en enero. Su alusión a los más de cuatro millones de beneficiarios que siguen de cerca cada votación, condensó una de las consignas más repetidas en la calle: “Si somos muchos, no reprimen”.
Desde la izquierda, Nicolás del Caño (FIT) apuntó directamente contra el negacionismo económico de los libertarios: “Los funcionarios de este gobierno viven en una nube. No van al supermercado, no pagan un alquiler. No tienen idea de lo que cuesta vivir”. En tanto, Itai Hagman (UxP) desmontó el argumento oficial sobre las moratorias: “El sistema previsional se financia principalmente con impuestos, no con aportes. Las moratorias no son el problema”.
El veto como doctrina
En el oficialismo, la reacción fue previsible pero firme. Juliana Santillán (LLA), protagonista de varias polémicas recientes, guardó silencio. Pero otros diputados libertarios, como Santiago Santurio, usaron el debate para cargar contra el kirchnerismo y responsabilizar al pasado por la emergencia actual. Silvana Giudici (PRO – Bullrichista) advirtió que los proyectos opositores “dan de lleno al plan de estabilización” y acusó a sus pares de “volver al déficit”.
La lógica de la Casa Rosada es clara: Milei no cederá en su política de ajuste. Francos lo sintetizó ante empresarios: “No hay nada sin equilibrio fiscal”. La fórmula se repite: cuando el Congreso desafía con leyes sociales, el Presidente responde con la lapicera. Ya lo hizo en 2024, con un veto al aumento jubilatorio, celebrado luego con un asado para los “héroes” que blindaron la decisión en Diputados.
Emergencia en discapacidad: otra media sanción clave
Además del capítulo previsional, se aprobó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. La iniciativa recompone prestaciones desde diciembre de 2023, las indexa mensualmente por IPC, y fija las pensiones no contributivas en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Diputadas como Soledad Carrizo (UCR) y Melina Giorgi (Democracia Para Siempre) coincidieron en que “el ajuste no puede pasar por quienes más necesitan”.
La votación fue celebrada por organizaciones que desde hace meses reclaman por la actualización de valores arancelarios y el pago adecuado a transportistas, terapeutas y talleres de producción.
Una batalla abierta
La oposición logró una foto potente en Diputados: mayoría en temas sensibles, movilización popular y desmarque de algunos aliados del oficialismo. Pero el desenlace sigue abierto. El Senado debe tratar las iniciativas, mientras los gobernadores definen si darán el último empujón. La experiencia de 2024 —cuando Milei vetó una ley similar— obliga a la oposición a negociar rápido y amplio si pretende revertir lo que ya parece inevitable.
El mensaje del Gobierno es nítido: el superávit fiscal es intocable. Aunque eso implique sacrificar a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los sectores más vulnerables. La oposición, en cambio, empieza a perfilar una narrativa distinta: la de un equilibrio fiscal con rostro humano. La disputa está en marcha. Y esta vez, la calle no parece dispuesta a quedarse callada.