Después de que se oficializara la compra de varios alimentos destinados a ser repartidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de las fuertes críticas vertidas entre otros por un aliado al gobierno como Juan Grabois, el titular de esa cartera Daniel Arroyo salió a explicar por qué el valor de los artículos adquiridos es un 51% más caro del que se ve en las góndolas de los supermercados.
“Estamos haciendo una licitación muy rápida, acá lo que domina es la rapidez. Es claro que tenemos que tener otros procedimientos, lo que estamos haciendo es atender la emergencia”, argumentó.
En lo que calificó como un “punto clave” que incidió en esta compra de emergencia, el funcionario señaló el hecho de que “la cantidad de demanda de alimentos pasó de 8 millones de personas a 11 millones por la cuarentena y por el parate de la actividad económica”.
En diálogo con TN, Arroyo sostuvo que se trató de una “licitación extraordinaria” en la que convocaron a proveedores que hicieron sus respectivas propuestas y, tras una negociación, se llegó al precio acordado.
Cuestionado por los sobreprecios de los productos, el ministro expuso en qué se basa el sistema que utilizaron para el proceso: tomando los llamados ‘precios testigo’ establecidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se llamó a licitación. De la misma participaron 11 proveedores que le vendieron al Gobierno leche, aceite, azúcar, lentejas, fideos y harina.
“A partir de los precios testigo se hace la oferta, se pide una rebaja desde el Estado y se baja hasta determinado precio. En el caso del aceite y el azúcar no conseguimos la cantidad que apuntábamos, compramos igual para llegar a todos”, explicó.
El azúcar, por ejemplo, tiene un precio testigo de $64,34 pero fue adquirido a $74,97. “Los precios de azúcar y aceite estaban por arriba de los precios testigos, y decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia”.
Repetidas veces durante la entrevista, Arroyo resaltó que no se llegó a comprar la cantidad necesitada y que confían en que los intendentes trabajen para controlar el valor máximo de los productos en góndola.