En el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) mantuvieron un encuentro político de alto voltaje, con un mensaje claro hacia la Casa Rosada: están dispuestos a discutir una reforma laboral, pero no a cualquier costo.
Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de actualizar las leyes laborales y reducir la litigiosidad, especialmente para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, marcaron un límite nítido frente al proyecto que impulsa el presidente Javier Milei: no avalarán medidas que recorten derechos laborales vigentes ni que perjudiquen las finanzas provinciales mediante la reducción de impuestos coparticipables.
La principal alarma, según trascendió, está puesta en la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en la iniciativa oficial. De acuerdo con estimaciones técnicas, esa modificación podría implicar una pérdida superior a los 3,1 billones de pesos de la masa coparticipable, con impacto directo en los presupuestos de las provincias.
“Hay que bajar impuestos, pero no siempre los mismos”, plantearon desde el entorno de los gobernadores, sugiriendo que el esfuerzo fiscal debería orientarse a tributos de carácter nacional, como las retenciones o el impuesto al cheque, y no sobre aquellos que sostienen a los Estados provinciales.
Llaryora remarcó la necesidad de incorporar los cambios tecnológicos y el avance de la inteligencia artificial al mundo del trabajo, aunque aclaró que el proyecto será analizado “punto por punto” por los legisladores cordobeses, en un contexto de debates internos.
Pullaro, en tanto, volvió a poner en valor el perfil productivo del interior del país y marcó diferencias con el centralismo porteño: “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, señaló, en línea con su discurso habitual.
El encuentro también funcionó como una señal política en defensa de los festivales populares y la cultura como generadores de empleo y movimiento económico, una mirada que contrasta con el enfoque estrictamente fiscalista del Gobierno nacional.
La foto de Cosquín dejó así algo más que un gesto protocolar: mostró a dos gobernadores clave del interior dispuestos a negociar, pero también a plantarse frente a una reforma que, tal como está planteada, genera más resistencias que consensos.