El paísPolíticaCausa YPF: Corte de EEUU pidió opinión a gobierno de Trump

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La Corte Suprema de Estados Unidos le dio este lunes un poco de aire a la Argentina en el marco de un juicio millonario que lideran fondos buitre contra el país e YPF por la estatización de la petrolera durante la gestión kirchnerista.

El máximo tribunal decidió pedirle opinión al procurador general norteamericano para dar su mirada con respecto al tema.

De esta manera, dilata la decisión final que podría costarle a la Argentina unos 3.000 millones de dólares.

La Corte tenía tres alternativas: aceptar la apelación argentina, rechazarla o pedirle opinión al gobierno norteamericano, algo que finalmente ocurrió. Si bien la primera opción era la más auspiciosa, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, está satisfecho con la tercera.

Los abogados argentinos consideran que la buena relación entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y Mauricio Macri puede tallar a favor del país en la opinión que aporten los asesores de la Casa Blanca a la Corte Suprema de ese país.

El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

La Argentina, en cambio, dice que fue una decisión soberana.

La historia del caso

La demanda fue iniciada por el fondo Burford Capital en el marco de la estatización de la petrolera (proceso que tuvo lugar en el 2012) y la misma comenzó con ex accionistas minoritarios de YPF luego de que el Estado argentino le pagara la española Repsol 5 mil millones de dólares en concepto de resarcimiento por la “renacionalización” de la compañía.

Posteriormente, el grupo accionista adquirió los derechos para hacer juicio de algunos de esos accionistas, que formaban parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazy.

Los abogados del fondo plantean que durante el Gobierno de Kirchner, la Argentina rompió el contrato de concesión de YPF, al expropiar el 51% de esa compañía y no haber formulado una oferta a los socios minoritarios como eran ellos.

Para los abogados, se trata de una cuestión de derecho comercial que debe ser juzgada en Estados Unidos.

No obstante, entendiendo que el proceso de estatización fue una decisión soberana, la intención del Gobierno argentino es que el demandante se presente ante los tribunales de nuestro país. Restará esperar el peso que pueda tener la opinión del gobierno de Donald Trump en el caso.

Fuentes: Iprofesional/ filo.news

 

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