A los polémicos despidos iniciados en 2015, que tenían el objetivo no declarado de expulsar empleados y contratados afines al kirchnerismo para reemplazarlos por empleos y contratos a ocupar por tropa propia, le siguieron el achicamiento del ingreso a la carrera de investigador del Conicet, el organismo más meritocrático del estado, lo que dejó miles de carreras de becarios doctorales y posdoctorales truncadas. Este año llegó con los despidos en el INTI, en donde si bien algunos parecían justificados por duplicación de funciones o sospechas de “acomodo” no asociado a competencias reales del trabajador, lo cierto es que su interventor, Javier Ibañez, reemplazó a los despedidos por tropa propia sospechosa de hacer aquello de lo que se acusó a los despedidos. Ibañez terminó además tercerizando funciones que realizaba el propio instituto realizaba antes con su personal altamente capacitado.
Ahora los despidos se realizarían mediante un sistema más organizado y, eventualmente, menos gravoso para la condición económica de los expulsados. Así, el gobierno de Mauricio Macri firmará la semana próxima un decreto por el cual creará un régimen de “retiro voluntario” para el personal de toda la Administración Nacional, que comprende al Poder Ejecutivo, los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social que engloban tanto al PAMI y la Anses como a la AFIP, el Senasa, INTA e INTI, entre otros. El plan fue pergeñado por el ministro de Modernización del Estado, Andrés Ibarra (foto 2) junto con su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El plan de despidos
Los retiros voluntarios contemplarán retribuciones de 24 a 36 cuotas mensuales equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social. Los planes se interrumpirán si el beneficiario se jubila.
En el caso de los menores de 60 años, con más de dos años de trabajo, las cuotas serán del 70% del sueldo neto y crecientes según la antigüedad. Pero podrán reinsertarse en el sector privado y percibir un sueldo simultáneo al plan.
El decreto será firmado por el Presidente y publicado la semana próxima en el Boletín Oficial. Regirá para los empleados de la planta permanente y los que se rijan por la ley de contrato de trabajo.
Son unos 208.000 agentes públicos, pero se estima que el universo en condiciones de acogerse sería de 80.000, y podrían adherirse entre 3000 y 5000 empleados públicos, que no serán reemplazados.
Macri buscará así seguir dando señales a los sectores económicos de que busca reducir el gasto público y el déficit fiscal. La planta del Estado nacional está sobredimensionada. Por otra parte, el Gobierno buscará pasar empleados con contratos temporarios a la planta permanente. El plan de retiros contemplará la percepción de ingresos por dos o tres años, según el caso.
La cocina
La norma se trabajó entre los ministros de Modernización, Andrés Ibarra ; de Hacienda, Nicolás Dujovne , y el echado director ejecutivo de la AFIP, Alberto Abad .
El borrador del decreto, adelantado ayer por el portal La Política Online, consigna que el nuevo régimen de retiros estaba previsto en el artículo 109 de la ley 27.431 de presupuesto 2018. Y se aplicará sobre la administración nacional: Presidencia, Jefatura de Gabinete, ministerios, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social.
Las condiciones de los empleados para adherirse al retiro voluntario serán tres: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficientes para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las jurisdicciones previstas.
Los empleados que accedan al beneficio no podrán ser reemplazados y su solicitud podrá ser rechazada por el requerimiento de dotación que determine Modernización. Se excluirá del régimen de retiro voluntario al personal de las Fuerzas Armadas en actividad o retirado, de las Fuerzas de Seguridad, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), docentes, profesionales de la salud, servicio exterior o científico técnico. También se eximirá a los procesados por delitos contra la administración, personal sumariado, con reclamos administrativos o demandas a la administración.
Los de 65 años o más, sin años de servicio suficiente para jubilarse, recibirán una suma no remunerativa -sin cargas sociales- de 24 cuotas mensuales equivalentes al sueldo neto. Los de 60 a 65 años percibirán una suma de hasta 36 cuotas. Y los de hasta 60 años y dos o más años de servicio percibirán una suma al momento de retiro y cuotas mensuales del 70% del sueldo neto, según la antigüedad. Pero estos podrán reinsertarse en el mercado laboral porque son más jóvenes y podrán percibir ambos ingresos.
Los de 10 años de antigüedad o más percibirán una suma de 6 cuotas al momento del retiro y 24 cuotas mensuales. Entre 8 y 10 años, cuatro cuotas al irse y luego 16 cuotas; los de 6 a 8 años, 3 y 12, respectivamente; de 4 a 6 años, dos y ocho cuotas, y de 2 a 4 años cero y seis cuotas mensuales. Para estos se establecerán programas de capacitación para su reinserción laboral en el sector privado.
También se invitará a las empresas del Estado a adherirse a este régimen. Los ministros, secretarios de la Presidencia, jefe de la Casa Militar y titulares de entes descentralizados podrán rechazar la solicitud del retiro voluntario por razones de servicio si no tienen personal idóneo o la dependencia no tiene el personal suficiente.
El otorgamiento o denegatoria deberá resolverse dentro de 30 días corridos de presentada la solicitud. En todos los casos dejará de abonarse luego de 6 meses de iniciado el trámite jubilatorio y al momento de su otorgamiento.
Los agentes que opten por el retiro no podrán volver a ser incorporados dentro de los 5 años en la administración. Las sumas y cuotas se actualizarán con los aumentos salariales de cada escalafón.
Los empleados retirados seguirán gozando de cobertura médica asistencial de la obra social de la Unión Personal (UP) hasta la obtención del beneficio previsional y que comiencen a cobrarlo.
