Por Dr. Fabrizio Trossero – Abogado. Especialista en Derecho y Discapacidad (UBA)
Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la ONU en 1992 con el objetivo de promover la inclusión, derribar barreras culturales y visibilizar los derechos del colectivo. En Argentina, esta fecha también fue declarada Día Nacional de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 25.346, sancionada en el año 2000, para fomentar prácticas responsables y solidarias hacia quienes enfrentan algún tipo de limitación física, sensorial o intelectual.
Hoy, 10 de cada 100 argentinos conviven con alguna forma de discapacidad, mientras que en el mundo la cifra asciende al 15% de la población. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestra Constitución con jerarquía superior por el artículo 75 inciso 22, obliga al Estado a garantizar accesibilidad, ajustes razonables y la eliminación de barreras que impiden una vida plena y digna.
Un 3 de diciembre diferente
Este año la conmemoración llega atravesada por un contexto especialmente complejo. La discusión legislativa sobre la emergencia en discapacidad, los vetos cruzados, la aprobación de normas que no terminan de implementarse, y la persistente problemática de las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja de manera arbitraria, marcan un escenario lleno de incertidumbre.
A ello se suma que muchas de esas pensiones fueron históricamente mal otorgadas por gobiernos anteriores, lo que deja un entramado irregular difícil de corregir sin afectar derechos. Mientras tanto, obras sociales y prepagas reducen coberturas, medicamentos y terapias indispensables, afectando directamente la calidad de vida de miles de familias.
El año electoral también trajo discursos improvisados y opiniones sin sustento técnico sobre discapacidad, expresadas por dirigentes que desconocen el tema y ocupan -o aspiran a ocupar- cargos clave. Las políticas públicas parecen carecer del peso que deberían tener, y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a quedar bajo sospecha, primero por el manejo discrecional durante la gestión de Fernando Galarraga (convirtió a la agencia en “una cueva financiera”), y más recientemente por los audios de Diego Spagnolo, el “3% de Karina”, y las presuntas irregularidades en compras a droguerías.
A esto se suma la falta de empatía social y episodios públicos de gran sensibilidad, como el momento en que el presidente Javier Milei se burló en vivo de un niño con autismo, generando un profundo rechazo entre organizaciones y familias.
Por todo ello, no estamos ante un 3 de diciembre más, sino ante un 3 de diciembre que interpela, incomoda y obliga a revisar prioridades.
En medio de este panorama, el esfuerzo diario de las personas con discapacidad y sus familias sigue siendo enorme: pelean por su inclusión educativa, reclaman que las obras sociales cubran el transporte escolar, dependen en muchos casos de que los municipios garanticen esos traslados, y enfrentan barreras que no deberían existir en un Estado que dice promover la igualdad de oportunidades.
Ojalá que este 3 de diciembre podamos escribir algo completamente distinto. Ojalá las barreras se reduzcan y las políticas públicas se fortalezcan. Pero, hoy por hoy, el horizonte no permite demasiado optimismo.
Lo dicho no es un señalamiento partidario ni una acusación dirigida a un gobierno en particular. Es una descripción honesta de cómo se vive la discapacidad en Argentina, y del largo camino que aún debemos transitar para garantizar derechos que no deberían estar en discusión.