En el marco de un convenio de cooperación, la empresa Personal llevó adelante este miércoles una jornada de capacitación destinada a fiscales y personal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con el objetivo de optimizar la gestión de requerimientos de información en causas penales.
El encuentro estuvo centrado en la implementación de un nuevo Protocolo de Información, una herramienta diseñada para estandarizar y agilizar los pedidos que la Justicia realiza a la compañía en el marco de investigaciones judiciales.
Según se explicó durante la jornada, el acuerdo firmado entre ambas partes establece lineamientos de buenas prácticas y mecanismos de intercambio de información vinculados a los servicios de telecomunicaciones, plataformas digitales y medios de pago de la empresa, además de promover instancias de trabajo conjunto en materia de cibercriminalidad.
La capacitación estuvo a cargo de Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Personal, quien destacó la importancia del nuevo esquema: “Para Personal, la cooperación con la Justicia es una prioridad. Este protocolo estandariza procesos y nos permite responder de manera más ágil, segura y trazable a los requerimientos judiciales que recibimos diariamente en todo el país”.
Desde la compañía detallaron que a nivel nacional reciben cientos de oficios judiciales por día, los cuales son clasificados según los plazos fijados por los tribunales. Cada solicitud es registrada en un sistema interno que asigna un número único de seguimiento, lo que permite garantizar la trazabilidad del proceso.
El nuevo protocolo apunta precisamente a mejorar esos tiempos de respuesta, definiendo con mayor claridad los requisitos y características que deben cumplir los pedidos de información para ser procesados con mayor eficiencia.
Finalmente, desde Personal señalaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a acompañar la transformación digital del sector público, a través de la articulación entre el ámbito estatal y privado, con foco en la transparencia y el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a los delitos tecnológicos.