A penas un día después de las elecciones y tras aprobar un aumento promedio de las naftas del 12 por ciento, ahora el Gobierno nacional comenzó a poner en marcha los mecanismos que conducirán a un nuevo aumento de tarifas gasiferas , que podría aplicarse en diciembre o, a más tardar, en enero.
Con el triunfo en las urnas todavía fresco, el Energas, el ente regulador del servicio, convocó a audiencias públicas el 13 y el 14 del mes próximo para discutir los aumentos, que llegarían al 40 por ciento.
En el primer caso, el llamado a las audiencias involucra a Gasnor, Gas del Centro y Gas Cuyana, y se realizará en el Complejo Ferial Córdoba, en la capital cordobesa. La segunda audiencia, en el hotel Land de Bahía Blanca , abarcará a Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, e incluye la adecuación tarifaria transitoria correspondiente a Transportadora de Gas del Sur.
Los nuevos aumentos inaugurarán una nueva era en la administración de los servicios públicos, al menos desde el punto de vista de las empresas prestatarias. Por primera vez en más de 15 años, recibirán un ajuste por inflación para que el encarecimiento de los precios internos no afecte su ecuación económica. Con esa bendición, el ministro de Energía, Juan José Aranguren espera que las compañías privadas eviten poner excusas al momento de mejorar y ampliar el servicio.
Modalidad
La revisión tarifaria integral (RTI), que se hizo a fines del año pasado, dispuso que los ingresos de las empresas se ajusten sobre la base del índice de precios internos al por mayor (IPIM). El dato de octubre recién se conocerá en la primera semana del mes próximo, pero sumaba hasta septiembre pasado un incremento del 14,78%, que debería trasladarse por completo a la factura (su impacto en la boleta, en términos porcentuales, sería mucho menor).
A eso se sumaría el segundo escalón de los aumentos prometidos por el Gobierno en materia de transporte y distribución de gas. Para no ocasionar una nueva indigestión tarifaria, el Enargas les dio a las distribuidoras en enero una suba del 30%, en noviembre otra del 40% y habrá otra del 30% adicional a partir de abril del año próximo.
Habrá más componentes que engrosarán la factura. Por ejemplo, el precio del gas en boca de pozo, que ahora ronda los US$ 3,77 por millón de BTU, pasará a US$ 4,19 para un cliente promedio. El aumento se destinará a reducir los subsidios que el Estado destina a las petroleras, últimas beneficiarias de la suba. Ese ajuste debía aplicarse este mes, pero se postergó por las elecciones.
Aunque aún restan elementos para hacer el cálculo final, en el sector privado estimaban ayer que un cliente promedio denominado R3-1, que se ubica a mitad de camino entre los que menos y los que más consumen, tendrá un aumento no inferior al 40%.
En paralelo a los ajustes del gas, el Gobierno pondrá en marcha ajustes en las tarifas de electricidad, que siguen una lógica similar. Edenor y Edesur esperan que en la última parte del año el ENRE, el organismo que regula el sector, les otorgue una suba adicional superior al 10% por encima de los ajustes ya anunciados para este año, para compensar los aumentos de costos que tuvieron en la primera parte de 2017. En la práctica, el ajuste por inflación tendrá un impacto en torno al 3% en la factura final del cliente. Ambas empresas tuvieron aumentos de tarifas en enero de este año, pero les queda por aplicar un ajuste del 19% (sumará 8% a la factura final), que debería aplicarse el mes próximo, pero quedará para diciembre. Además, recibirán otro 18% en febrero de 2018, siempre que la Casa Rosada no ordene alterar el cronograma anunciado.
Al igual que en el gas, es probable que la cartera de Aranguren disponga un nuevo aumento del precio mayorista de la electricidad, que cobran las compañías que generan energía. Se trata de un elemento clave para avanzar en la reducción de subsidios y, por lo tanto, en el achicamiento del déficit fiscal, al que volvió a hacer referencia ayer el presidente Mauricio Macri .
El mayor esfuerzo que comenzaron a hacer desde el año pasado los consumidores para pagar más por los servicios de gas y de electricidad comenzó a notarse en las cuentas públicas. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), los subsidios del Estado a sectores económicos alcanzaron en los primeros nueve meses del año los $ 181.486 millones, con una baja interanual del 14,4%. Eso se debió principalmente a una fuerte reducción en septiembre.
La entidad destacó la “baja muy significativa” de ese mes se debió a la retracción de las transferencias destinadas al sector energético, con un descenso del 51,6%. “Los subsidios al sector energético, que habían crecido un 53% interanual en 2016, retrocedieron un 30,8% en los primeros nueve meses del corriente año”, subrayó ASAP.