La cámara de apelaciones consideró que, tras 23 años, “se quebró el plazo razonable” sin condena firme al expresidente argentino. Increíblemente, la condena fue ratificada hasta por la Corte Suprema de Justicia cuando era presidida por Ricardo Lorenzatti, pero ésta objetó el monto de la pena y jamás se terminó de expedir al respecto, por lo que el fallo no quedó firme.
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, que está integrada por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, consideró (con una disidencia parcial) que no se cumplió un “plazo razonable” para arribar a un a condena firme del exmandatario y otros 10 imputados en el expediente.
Para el senador Miguel Ángel Pichetto, la absolución de Carlos Menem fue una decisión “razonable”. El senador y jefe del bloque peronista “Argentina Federal” cree “insostenible” que el expresidente sea mantenido en juicio durante 23 años sin que se emita sentencia.
A los 88 años, Carlos Menem es un superviviente de la política. Acorralado desde hace un cuarto de siglo por cuatro grandes causas de corrupción, el líder peronista que gobernó Argentina entre 1989 y 1999 renovó en 2016 su banca en el Senado a pesar de estar condenado por la causa que implicó la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero –hecho que dejó decenas de muertos- permanecerá protegido por los fueros e inmune a las investigaciones de los jueces.
La noticia, esperable fue reconocida ayer el tribunal de apelaciones lo absolvió por la venta, entre 1991 y 1995, de armas a Ecuador y Croacia, dos países sobre los que, entonces, pesaba un embargo internacional. En 2013, Menem fue condenado a siete años de cárcel por aquellas transacciones, que supusieron el tráfico ilegal de armamento del ministerio de Defensa argentino y la violación de tratados internacionales. Los jueces no fallaron ahora por su inocencia, pero alegaron que la demora en una sentencia firme ha sobrepasado después de 23 años “el plazo razonable” para un juicio justo.
Menem estuvo detenido durante seis meses en 2001 por esta causa. Un juez lo acusó entonces de “contrabando” por la firma de tres decretos que fijaban oficialmente el envío de 6.500 toneladas de armamentos a Panamá y Venezuela, pero que fueron derivadas a Croacia y Ecuador. Estos dos países recibieron entre 1991 y 1995 municiones, cañones y fusiles producidos por Fabricaciones Militares de Argentina, pese a que estaban impedidos por el conflicto en los Balcanes el primero y por la escalada contra Perú el segundo. Menem ocupó los últimos 20 años con recursos judiciales para demorar las investigaciones, hasta la condena de 2013 y su ratificación en 2017 en Casación. Sus abogados pidieron entonces la intervención de la Corte, que devolvió el caso a Casación pero a una sala diferente, la mismaque ahora ha votado por la prescripción.
Las demoras en la justicia argentina no son nuevas, pero este fallo ha sido considerado un escándalo. El poder del Estado que debe juzgar justifica una absolución en base a su propia demora. En el caso de Menem, además, el fallo desconoce que la prescripción no cuenta cuando los investigados son altos funcionarios. Pero los jueces se apoyaron en una doctrina de “inherente al exceso temporal para juzgar” que creó jurisprudencia.
Menem ha visto caer así una de las causas que más comprometió su carrera política, al punto que en 2016 necesitó del favor de la Corte Suprema para ser candidato. La demora de ese mismo organismo para decidir sobre la validez de su condena dio incluso letra a los senadores para no retirar a Menem sus fueros como senador. La máxima en la cámara Alta es que sin condena firme la protección legislativa no se toca.
Los fueros no sólo salvaron a Menem de la cárcel por la venta de armas a Croacia y Ecuador. El expresidente tiene otra condena a cuatro años de prisión por el pago de sobresueldos en negro a sus colaboradores, una causa que también está paralizada desde 2015 por múltiples apelaciones y recursos de sus abogados. En otros expedientes, pero sin condena, Menem transita un juicio oral por el presunto encubrimiento de responsables del atentado a la mutual judía Amia, que en 1994 mató a 85 personas, y por la venta irregular de un predio del Estado a la Sociedad Rural.