La nueva doctrina impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación a la actuación de las fuerzas policiales generó la primera crítica fuerte dentro de la alianza Cambiemos. El constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra planteó que “es abiertamente inconstitucional”.
Gil Lavedra, coordinador del programa “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia, escribió una dura columna en el diario La Nación (titulada “Los riesgos de la demagogia punitiva”), donde destrozó los argumentos esgrimidos por Bullrich tras el caso Chocobar, el policía que fue procesado y embargado tras matar por la espalda a un ladrón. La ministra lanzó entonces la nueva doctrina según la cual las fuerzas de seguridad “no son las culpables” de lo que suceda en un enfrentamiento.
El abogado radical lamenta que el debate acerca de los límites que deben tener las fuerzas de seguridad en el empleo de las armas “parecía superado”, y recuerda que “nuestro derecho positivo que ya contiene las reglas necesarias para la solución de todos estos casos, reglas que se encuentran en armonía con los principios universales en materia del uso de la fuerza por parte del Estado”.
“La solución de este problema (la inseguridad) no puede sostenerse con el viejo y demagógico argumento de que la mayor punición de los delitos y el otorgamiento de más facultades a la policía mejoran la seguridad”, cuestiona duramente Gil Lavedra
El funcionario luego afirma que lo que plantea Bullrich (que fue respaldada por el jefe de gabinete, Marcos Peña) es inconstitucional. “Presumir de modo absoluto que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional”, sostiene Gil Lavedra.
“La fuerza utilizada no puede ser discrecional ni ilimitada. El Estado, a quien representa el policía, debe usar la fuerza de modo racional y proporcional al mal que se procura evitar”, continúa el ex juez del Juicio a las Juntas.
Por otro lado, en coincidencia con la crítica de Graciela Fernández Meijide, el radical cuestiona la presión que el Gobierno ejerce sobre el juez Enrique Velazquez, quien proceso al policía Chocobar. “No corresponde a ningún otro poder del Estado valorar las constancias del expediente y la eventual responsabilidad del imputado. El genuino respeto a la independencia de los jueces es evitar influir en las decisiones de los jueces, dejar que libremente decidan lo que entiendan que por derecho corresponda de acuerdo con los hechos de la causa”, escribió.
Finalmente, en su párrafo más duro le apunta al intento de Bullrich de reinstalar la idea de la mano dura, lo que define como “marketing político”. “Los argentinos hemos experimentado y padecido las llamadas política de mano dura o de demagogia punitiva, sabemos a lo que conducen: lejos de disminuir los niveles delictuales, generan más violencia y riesgos para los habitantes. No se debe recurrir a la ilusión del marketing político; es necesario enfrentar la inseguridad con políticas públicas integrales, estables y serias”, concluye.